El excandidato a defensor del Pueblo rechazó que la elección del organismo pase al Concejo de Representantes y advirtió que la mayoría automática permitiría al Gobierno intervenir en la designación de quien debería controlarlo. También cuestionó a los sectores opositores que podrían acompañar la reforma y reclamó que se debata su proyecto, basado en mayores exigencias de participación y respaldo ciudadano.
El excandidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá anunció que solicitará la Banca del Ciudadano para presentar una propuesta alternativa a la enmienda de la Carta Orgánica que impulsará el oficialismo para modificar el sistema de elección de las autoridades del organismo.
La iniciativa anticipada por el intendente Esteban Avilés durante la apertura de sesiones ordinarias plantea que el defensor del Pueblo deje de ser elegido mediante el voto directo y sea designado por el Concejo de Representantes.
Juliá rechazó que el cambio pueda presentarse como una garantía de pluralidad, independencia o legitimidad institucional. Según sostuvo, trasladar la definición al cuerpo legislativo significaría dejarla en manos de una mayoría oficialista que bloquea sistemáticamente los pedidos de la oposición.
“Si la política quiere quedarse con la Defensoría, que lo diga sin disfrazarlo de reforma”, afirmó.
El dirigente adelantó que buscará llevar su propia iniciativa al recinto porque considera que el debate no puede limitarse a determinar qué sector político controlará el cargo.
“La discusión no puede reducirse a decidir qué sector político se queda con la Defensoría. El problema real es otro: perdió legitimidad, no representa de manera suficiente a los vecinos y sostiene una estructura millonaria cuya utilidad pública debe ser demostrada, no presumida”, planteó.
Una elección dentro de un Concejo con mayoría automática
Para Juliá, la propuesta oficialista puede parecer equilibrada desde el punto de vista formal, pero resultaría impracticable en función de la actual relación de fuerzas dentro del Concejo.
“En los papeles puede parecer una solución equilibrada. En la realidad política de Villa Carlos Paz es un mecanismo inverosímil e impracticable”, sostuvo.
Como argumento, señaló que los bloques opositores no consiguen que la mayoría de Carlos Paz Unido apruebe pedidos de informes o interpelaciones y recordó lo sucedido con la elección del representante de las minorías en la comisión vinculada con la licitación del servicio de recolección de residuos.
Según explicó, cuatro de los cinco concejales opositores habían propuesto a la misma persona para actuar como veedor. Una edila se presentó en disidencia y se postuló a sí misma. Finalmente, el oficialismo utilizó su mayoría para elegir a esta última, dejando afuera la voluntad expresada por los otros cuatro representantes.
“Ese antecedente no es una discusión menor ni una anécdota reglamentaria. Expone cómo funciona realmente el poder dentro del Concejo”, manifestó.
Y agregó: “Si cuatro de los cinco concejales opositores no pudieron determinar quién los representaría como veedor en una licitación, resulta poco serio sostener que las minorías tendrán una intervención efectiva para definir quién ocupará el principal órgano de control político de la ciudad”.
Juliá resumió su cuestionamiento con una frase: “Si no pueden elegir un veedor ni lograr que respondan un pedido de informes, mucho menos podrán elegir libremente al defensor del Pueblo”.
“El Gobierno terminará definiendo qué oposición reconoce”
El excandidato sostuvo que la mayoría automática no solo permite al oficialismo imponer sus decisiones, sino también seleccionar qué sectores opositores considera válidos para conformar acuerdos institucionales.
“La mayoría automática va a terminar definiendo qué oposición reconoce como válida y cuál deja afuera”, advirtió.
En ese escenario, consideró que la participación formal de las minorías no alcanzaría para garantizar la independencia del organismo.
“Entregar la elección del defensor a una supuesta representación del Concejo no garantiza independencia. Permite que el Gobierno intervenga, directa o indirectamente, en la selección de quien debería controlarlo”, señaló.
Para Juliá, el resultado sería la incorporación definitiva de la Defensoría al mismo sistema político sobre el que debería ejercer tareas de control.
“Eso no fortalece un órgano de control. Lo incorpora definitivamente al sistema político que debe controlar”, afirmó.
La baja participación y la legitimidad del organismo
Juliá sostuvo que el problema central de la Defensoría no se encuentra exclusivamente en su mecanismo de elección, sino en la falta de respaldo ciudadano, independencia y resultados verificables.
Según los datos expuestos en su documento, en los comicios de 2025 participó apenas el 17,2% del padrón municipal. La fórmula ganadora obtuvo alrededor del 33% de los votos válidos, equivalentes a poco más de 3.000 sufragios sobre un padrón cercano a los 59.000 electores.
“En términos concretos, quien hoy ocupa el cargo fue respaldado por aproximadamente el 5% de los vecinos habilitados para votar”, remarcó.
Juliá reconoció que la elección cumplió formalmente con las normas vigentes, pero consideró que ese resultado no representa un respaldo suficiente para una autoridad que debe controlar al Municipio, administra una estructura financiada por los contribuyentes y percibe una remuneración equivalente a la del intendente.
“No puede afirmarse seriamente que ese resultado otorgue una representación ciudadana suficiente”, sostuvo.
Para el dirigente, la institución atraviesa una crisis que no se resolverá simplemente trasladando la elección desde los vecinos hacia los concejales.
“Un funcionario no adquiere representatividad porque sea designado por concejales en lugar de ser elegido por los vecinos. Tampoco se vuelve independiente porque una ordenanza diga que la minoría política participará de su elección”, afirmó.
Y añadió: “La legitimidad no aparece por cambiar un artículo. Se construye con respaldo ciudadano, autonomía frente al Gobierno, resultados verificables y capacidad efectiva para controlar”.
Una advertencia dirigida a la oposición
Una parte importante del posicionamiento de Juliá estuvo dirigida a los bloques opositores que podrían acompañar la reforma promovida por el Ejecutivo.
Recordó que distintos concejales, dirigentes y exconvencionales cuestionaron durante el último año la representatividad, independencia y utilidad de la Defensoría.
Por esa razón, consideró contradictorio que ahora respalden una modificación que alejaría todavía más a los vecinos de la decisión.
“Si oportunamente afirmaron que la Defensoría no representa a los vecinos, no pueden sostener ahora que la solución sea sacar todavía más al vecino y entregar directamente la designación a la política”, expresó.
Juliá advirtió que quienes acompañen la propuesta deberán explicar por qué pasaron de cuestionar la estructura a defender su continuidad bajo un mecanismo de reparto partidario.
“Estarán admitiendo que el problema nunca fue la falta de representación ciudadana, sino quién tenía la posibilidad de acceder al cargo”, sostuvo.
También apuntó contra la posibilidad de que algunos sectores cambien su posición al aparecer la oportunidad de intervenir en la designación.
“No alcanza con criticar una Defensoría costosa, desacreditada y subordinada cuando el cargo está en manos ajenas, para después defender su continuidad cuando aparece la posibilidad de participar en el reparto. Eso no es coherencia institucional. Es conveniencia política”, cuestionó.
La propuesta de Juliá
A diferencia del proyecto oficialista, Juliá propone mantener la elección directa del defensor del Pueblo, pero incorporar exigencias mínimas de participación y respaldo electoral.
Su iniciativa establece que deberá votar al menos el 55% del padrón municipal y que la fórmula ganadora tendrá que superar el 50% de los votos válidos.
“Mi proyecto no busca decidir qué partido, bloque o sector coloca al próximo defensor. Establece qué respaldo ciudadano debe conseguir cualquier persona antes de tener derecho a ocupar el cargo”, explicó.
En caso de que no se alcance alguno de los dos requisitos, la Defensoría quedaría vacante hasta el siguiente período electoral ordinario.
La propuesta no contempla una segunda vuelta, una elección extraordinaria ni un acuerdo entre partidos para cubrir la vacancia.
“Es una exigencia alta porque el costo, la remuneración y la responsabilidad del cargo también son altos”, argumentó.
Juliá defendió la posibilidad de que la institución permanezca temporalmente sin autoridades y rechazó que esa situación deba considerarse necesariamente perjudicial.
“Una Defensoría vacante no es necesariamente peor que una Defensoría ocupada, costosa, subordinada y sin resultados”, sostuvo.
Y agregó: “Un escritorio ocupado no garantiza control. Un sueldo pagado no garantiza independencia. Una designación política tampoco transforma automáticamente a nadie en representante de los vecinos”.
Para el excandidato, el cargo no puede convertirse en un objetivo en sí mismo ni sostenerse exclusivamente para conservar una estructura administrativa.
“Si no demuestra legitimidad, independencia y utilidad, no corresponde mantenerlo ocupado solamente para sostener su apariencia”, afirmó.
Dos modelos para debatir públicamente
Juliá señaló que solicitará la Banca del Ciudadano para explicar su propuesta y exigir que el Concejo discuta públicamente las dos alternativas.
“El Gobierno podrá presentar su iniciativa y defenderla. Lo que no puede hacer es utilizar su mayoría para impedir que se trate una opción distinta”, expresó.
Según sintetizó, el debate enfrentará dos modelos: por un lado, un defensor designado dentro de un Concejo dominado por la mayoría oficialista; por otro, una autoridad que solo pueda asumir cuando consiga una participación amplia y un respaldo electoral superior al 50%.
“Cada concejal deberá decidir qué modelo acompaña. Y cada concejal deberá explicar por qué”, planteó.
Juliá concluyó que trasladar la elección hacia el sistema político, después de años de cuestionamientos a la falta de representatividad del organismo, no supondría una verdadera transformación.
“Votar para entregar su elección directamente a la política no sería una reforma. Sería una confesión”, afirmó.
Y cerró: “Ellos discuten quién se queda con el cargo. Mi proyecto discute qué legitimidad debe tener alguien para ocuparlo. Conservar la estructura sin recuperar la legitimidad no es defender una institución. Es defender un privilegio”.