El nuevo pedido deberá atravesar primero la Sala Acusadora, donde Carlos Paz Unido ocupa cuatro de las seis bancas. Es la misma mayoría que en 2025 desestimó, por 4 a 2, las dos denuncias contra el defensor del Pueblo. Salvo un quiebre en el bloque oficialista, el escenario aparece prácticamente definido antes de que comience el tratamiento.
El nuevo pedido de juicio político contra Víctor Curvino todavía debe recorrer el procedimiento establecido por la Carta Orgánica y la ordenanza que lo reglamenta. Pero antes de discutir la gravedad de los hechos denunciados, la independencia que debe mantener el defensor del Pueblo o si sus últimas declaraciones excedieron los límites de su cargo, hay una cuenta mucho más sencilla que condiciona todo lo demás: cuatro contra dos.
La denuncia presentada el viernes pasado por Santiago Juliá tendrá como primera escala la Sala Acusadora del Concejo de Representantes, integrada por seis concejales. Cuatro pertenecen a Carlos Paz Unido y solamente dos a la oposición.
Esos cuatro votos oficialistas conforman exactamente la mayoría agravada necesaria para definir la suerte de la presentación. Y existe un antecedente demasiado reciente como para ignorarlo: hace apenas un año, la Sala Acusadora desestimó otras dos denuncias contra Curvino por cuatro votos contra dos, con el oficialismo votando en bloque para cerrar el procedimiento.
Por eso, salvo que un par de los representantes de Carlos Paz Unido cambie esta vez de posición y habilite una investigación contra el titular de la Defensoría (algo imposible en términos políticos), todo indica que el nuevo intento tampoco superará la primera instancia.
Cuatro oficialistas, dos opositores
El sorteo realizado al comienzo del actual período legislativo dejó a la Sala Acusadora conformada por Daniel Ribetti y Pía Felpeto, de Juntos por Carlos Paz; y Claudio Bocchetti, Leonardo Villalobos, Raquel Merlino y Marcela Bosch, de Carlos Paz Unido.
Villalobos ejerce la presidencia.
La aritmética política, entonces, no ofrece demasiados misterios. CPU controla cuatro de los seis lugares, mientras que los dos restantes corresponden a un mismo espacio opositor.
El procedimiento de juicio político establece que corresponde a esta Sala analizar la denuncia y decidir, con mayoría agravada, si existen méritos para formular una acusación y hacer avanzar el expediente hacia la Sala Juzgadora. En una integración de seis miembros, esa mayoría equivale a cuatro votos.
Ese filtro inicial es el que, en las actuales condiciones políticas, aparece como el principal obstáculo para Juliá.
No porque todavía pueda anticiparse cuál será el argumento jurídico de cada concejal, sino porque el oficialismo ya demostró el año pasado que está dispuesto a utilizar su mayoría dentro de la Sala para impedir que un pedido contra Curvino avance hacia la instancia de juzgamiento.
El antecedente de 2025
La comparación resulta inevitable.
En 2025, Curvino enfrentó dos pedidos de juicio político, presentados por los entonces excandidatos a defensor del Pueblo Marcelo Iriarte y Santiago Juliá, después de la difusión de un video que mostraba al dirigente conduciendo por la Costanera con una copa en la mano. Curvino sostuvo en su descargo que no había consumido alcohol y que el episodio correspondía a un momento anterior a asumir el nuevo mandato.
La Sala Acusadora se reunió primero el 5 de agosto y postergó una definición. Tres días después, el 8 de agosto, resolvió cerrar ambas presentaciones.
El resultado fue 4 a 2.
Los representantes del oficialismo votaron por desestimar las denuncias, mientras que los opositores Pía Felpeto y Fernando Revello pretendían que el proceso continuara.
La consecuencia fue inmediata: nunca se llegó a la Sala Juzgadora.
Un año después cambió parte de la composición de las salas, pero no cambió el dato político fundamental: la Sala Acusadora vuelve a tener cuatro integrantes de Carlos Paz Unido y dos opositores.
Una denuncia diferente
Eso no significa que ambos casos sean iguales.
La nueva presentación de Juliá se apoya en un hecho completamente diferente y, además, producido con Curvino en pleno ejercicio de sus funciones.
El planteo apunta a las manifestaciones públicas realizadas por el defensor el 6 de agosto, cuando salió a responder a dirigentes que cuestionaban el funcionamiento de la institución y las distintas propuestas para reformarla o eliminarla.
Curvino habló de “precandidatos a intendentes que hacen política desprestigiando a la Defensoría porque no se les cae una idea”, cuestionó lo que consideró “politiquería” alrededor del organismo y utilizó expresiones como “campañas berretas”, “populistas”, “demagogos” y dirigentes que “venden humo”.
Juliá pide que el Concejo determine si ese tipo de intervención pública resulta compatible con las obligaciones de independencia e imparcialidad del defensor y con las incompatibilidades político-partidarias que atribuye al cargo.
La presentación quedó formalizada por Mesa de Entradas el viernes pasado.
Es decir, esta vez el debate no gira alrededor de una conducta privada cuya fecha y circunstancias fueron objeto de controversia, sino sobre declaraciones políticas públicas realizadas por quien actualmente ejerce la Defensoría.
Pero incluso esa diferencia deberá atravesar primero el mismo filtro.
La discusión jurídica puede quedar detrás de la política
Ese es precisamente el punto central del nuevo escenario.
La Sala Acusadora podría analizar si las expresiones cuestionadas afectan la independencia que exige la función, requerir información, evaluar el alcance de las incompatibilidades invocadas por Juliá y resolver finalmente si existe mérito suficiente para formular una acusación.
O podría concluir que los hechos no justifican abrir el procedimiento.
Pero la conformación política hace posible una alternativa mucho más sencilla: que los cuatro representantes de Carlos Paz Unido vuelvan a coincidir en rechazar la presentación y el expediente termine allí.
No sería una situación inédita ni una especulación sin antecedentes. Es exactamente lo que ocurrió en agosto de 2025.
Por eso, el verdadero interrogante no parece estar hoy entre los dos opositores de la Sala, sino entre Villalobos, Bocchetti, Merlino y Bosch: para que el pedido tenga alguna posibilidad real de avanzar, tendría que modificarse la conducta de un oficialismo que un año atrás cerró filas alrededor de Curvino.
¿Y si consiguiera superar la Sala Acusadora?
Solamente si la acusación lograra atravesar ese primer filtro entraría en escena la Sala Juzgadora.
Para este período está integrada por Noe García Roñoni, Fernando Revello, Laura Gallardo, Alejandra Roldán, Sebastián Guruceta y Carlos Quaranta, con Gallardo en la presidencia.
Allí el nivel de exigencia es todavía mayor.
La reglamentación del juicio político establece una mayoría extraordinaria para determinar la responsabilidad política del acusado. En una sala de seis integrantes, esto supone cinco votos. Y una eventual decisión de remoción debe posteriormente ser sometida a referéndum popular obligatorio dentro de los 45 días, donde se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos.
Pero, por ahora, todo ese recorrido pertenece al terreno de las hipótesis.
El problema para la denuncia de Juliá está mucho antes.
El juicio político y una paradoja mayor
El caso adquiere además una dimensión particular porque se produce en medio de la discusión más profunda que haya atravesado la Defensoría en los últimos años.
Avilés propone modificar el sistema de elección y trasladarlo al Concejo; Ribetti plantea que la conducción quede en manos de las principales fuerzas opositoras; Juliá quiere mantener el voto ciudadano pero elevar fuertemente los requisitos de legitimidad; Quaranta pretende eliminar directamente el organismo; y tanto el Frente Cívico como Horacio Gigena (Construyendo Futuro) se pronunciaron también por avanzar hacia su desaparición.
En ese contexto, Curvino decidió responder públicamente con dureza a quienes cuestionan la institución que conduce. De esas declaraciones nació el nuevo pedido de juicio político.
La paradoja es evidente: el defensor de un organismo cuya independencia respecto del poder político está precisamente bajo discusión volverá a depender del voto de la mayoría oficialista para determinar si debe investigarse su conducta.
Y la experiencia inmediata ofrece una pista bastante contundente sobre lo que puede suceder.
En agosto de 2025, cuatro votos de Carlos Paz Unido alcanzaron para evitar que las denuncias contra Curvino pasaran a la Sala Juzgadora. Un año después, el oficialismo vuelve a disponer exactamente de cuatro lugares en la Sala Acusadora.
Por eso, antes de que comiencen las reuniones, los descargos y los argumentos jurídicos, hay una conclusión política difícil de esquivar: si Carlos Paz Unido vuelve a votar en bloque, el nuevo juicio político contra Víctor Curvino terminará exactamente donde terminó el anterior: en la Sala Acusadora, antes de que la denuncia siquiera comenzara a investigarse a fondo.