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Insólita exigencia del municipio: el refugio Cura Brochero deberá informar datos sensibles de personas en situación de calle para no perder el subsidio

Con mayoría del bloque Carlos Paz Unido, el Concejo de Representantes aprobó una modificación que ata el subsidio al Refugio Nocturno “Cura Brochero” a la presentación de un listado nominal con datos personales y motivos de asistencia de las personas en situación de calle, pese a las advertencias de la institución y al rechazo de la oposición.


La sesión de este jueves en el Concejo de Representantes dejó un punto de inflexión en la política social de Villa Carlos Paz. Con los votos del oficialismo de Carlos Paz Unido, se aprobó una ordenanza que introduce nuevas exigencias para que el Refugio Nocturno “Cura Brochero” continúe recibiendo el subsidio municipal de 1.100.000 pesos mensuales que se otorga desde enero.

La norma dispone que la institución deberá presentar rendiciones de gastos ante el Tribunal de Cuentas y, además, adjuntar un listado nominal de las personas alojadas, con nombre, DNI, domicilio, motivo de la asistencia y tiempo de permanencia, que será remitido a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana. El incumplimiento total o parcial de este procedimiento implicará la suspensión inmediata del subsidio, sin efecto retroactivo, hasta tanto se regularice la presentación.

Desde el refugio y los bloques opositores advirtieron que la exigencia abre un serio interrogante sobre la confidencialidad de las personas en situación de calle y sobre el verdadero objetivo del oficialismo respecto del futuro de la institución.

Qué cambia para el refugio con la nueva ordenanza

Hasta ahora, el Refugio Cura Brochero venía rindiendo el subsidio en forma mensual, con gastos que se destinan principalmente al alquiler del inmueble y al pago de servicios básicos. Con la modificación aprobada, esas rendiciones deberán ir acompañadas de un registro detallado de cada persona asistida, con datos sensibles y la causa de su alojamiento.

La ordenanza establece que:

En los hechos, el funcionamiento del refugio queda directamente condicionado a la entrega periódica de información sensible sobre una población especialmente vulnerable.

La voz del Refugio Cura Brochero: confidencialidad y riesgo de estigmatización

En la previa de la sesión, la coordinadora del refugio, Alicia Barrigó, planteó públicamente sus reparos y recordó que la institución ya viene cumpliendo con las obligaciones formales sobre el uso del subsidio.

“La Municipalidad no tiene injerencia en nuestras decisiones, sí en el control del subsidio y en cómo se gasta, y eso ya lo venimos rindiendo todos los meses”, explicó, y detalló que una parte importante del aporte —unos 650 mil pesos— se destina al alquiler del inmueble, además de la cobertura de servicios básicos.

El punto que consideró inaceptable es la exigencia de informar las razones por las cuales cada persona llega al refugio. “Lo que no podemos informar es la situación por la cual están alojados, porque son instancias de la vida privada de la gente. Piden nombre, DNI, lugar de origen y, lo más grave, la razón por la cual están en el refugio. Eso es de índole privada, tanto del refugio como de la persona que se aloja”, advirtió.

Barrigó recordó que entre las personas que pasan por el refugio hay “gente judicializada, personas que vienen por violencia de género, mucha gente con situaciones de adicciones a las que buscamos encontrarles un camino de recuperación, casos psiquiátricos”, y alertó que exponer esas situaciones en listados oficiales puede agravar la vulnerabilidad de quienes buscan contención.

En un tramo de sus declaraciones, fue más allá y cuestionó la lógica política detrás de la ordenanza: “Yo creo que el municipio no quiere que haya gente en situación de calle en la ciudad, entonces están buscando achicar o cerrar todos los espacios donde estas personas puedan encontrar contención, y uno de esos es el refugio”. También admitió que “todo esto es muy sorpresivo y muy doloroso” y que “cuesta entender cuál es la motivación real”.

El argumento del oficialismo: control del gasto y “transparencia”

Desde Carlos Paz Unido, las concejalas Laura Gallardo y Alejandra Roldán defendieron la iniciativa como una herramienta de ordenamiento y control sobre fondos públicos.

Gallardo sostuvo que el objetivo no es clausurar el refugio ni retirar la asistencia, sino garantizar trazabilidad de los recursos: “No estamos discutiendo cerrar el refugio ni quitar la ayuda social, se está pidiendo algo básico: que cuando hay plata pública, se sepa en qué se asienta y en qué se gasta”. En la misma línea, planteó que “para mejorar las políticas sociales necesitamos transparencia, evaluación y que sean articuladas”.

Frente a las acusaciones de hostigamiento hacia la institución, respondió de manera tajante: “¿A usted le parece que nosotros queremos desaparecer el refugio? Por favor, dejen de tener esos pensamientos tan perversos. Nosotros no somos así”.

A su turno, Alejandra Roldán afirmó que el proyecto busca “integrar al refugio dentro de una política social organizada” y que se trata de reglas similares a las que se aplican a otras instituciones. “No estamos cuestionando ni la existencia ni el rol del refugio. Lo que sí hace esta norma es fortalecer el vínculo con el Estado”, señaló.

Respecto de la carga administrativa, minimizó el impacto de las nuevas exigencias: “El refugio ya lleva registros. Hace una semana se le pidió el libro y lo remitieron. Esto no es una intromisión, es buena administración”. Y agregó que “no se puede acusar de persecución cuando lo que se pide es lo mismo que se le pide a los centros vecinales”.

Las críticas de la oposición: doble vara, sobrecarga y estigmas

Desde la oposición, las intervenciones apuntaron en tres direcciones: la doble vara en materia de transparencia, la sobrecarga sobre un espacio sostenido casi exclusivamente por voluntarias, y el riesgo de estigmatizar a las personas en situación de calle.

El concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) cuestionó lo que calificó como un discurso de transparencia aplicado solo hacia terceros: “Siempre quieren controlar los recursos que se dan a terceros —y me parece muy bien—, pero también deberían permitir el control de los fondos que ustedes administran”. Recordó que en el estatuto de Carlos Paz Gas el oficialismo eliminó una cláusula que obligaba a rendir cuentas ante el Concejo y que luego rechazó su reincorporación.

También advirtió sobre el modo en que se vincula la discusión con hechos de inseguridad: “Decir que necesitamos el listado porque ocurrieron homicidios en el Cerro de la Cruz, es gravísimo. Parece que están vinculando hechos delictivos con personas en situación de calle. Eso es estigmatizar”.

El concejal Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) cuestionó la magnitud de los requisitos frente al monto en juego y las condiciones concretas en las que funciona el refugio: “Estamos hablando de 1.200.000 pesos. Es el alquiler y poco más. El resto lo hacen con cartones, cocinan, lavan, y ahora les vamos a pedir que hagan relevamientos técnicos”. Y sugirió que el municipio debería asumir directamente el seguimiento social: “Sería lógico que el municipio ponga empleados a hacer este seguimiento, en vez de mandar a controlar”.

Más duro aún, Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) sostuvo que la norma no busca mejorar la política social sino presionar a la institución: “Esto no es para transparentar. Esto es para hostigar. Si no les gusta el refugio, ciérrenlo. Tienen el poder para hacerlo”. Recordó que había propuesto un esquema de asistencia técnica municipal que finalmente se transformó en la ordenanza aprobada: “Esa propuesta fue transformada en este proyecto, que paranoiquea al refugio”.

Ribetti insistió en la desproporción entre el celo sobre el refugio y otros rubros del presupuesto: “Piden ADN a quienes atienden por un millón cien mil, pero no saben cuántos boletos corta la empresa de transporte, a la que le dan 150 millones”. Y describió el esfuerzo de quienes sostienen el espacio: “¿Ustedes creen que las mujeres que sostienen el refugio quieren vivir del cartón? Lo hacen porque no les queda otra. ¿Saben cuántas viandas reparte el refugio? Setenta. Setenta personas de Carlos Paz van a buscar comida ahí”.

La concejala Noe García Roñoni (Juntos por Carlos Paz) agregó que el municipio demoró meses en dar respuesta a los reclamos de vecinos por la ubicación del refugio y que recién intervino cuando el conflicto escaló: “Recibimos una nota con más de 130 firmas en abril, y recién en diciembre se levantó un aguantadero que estaba al frente. Tarde, pero algo es algo”. También remarcó la diferencia de trato con otros subsidios: “Estamos discutiendo un millón de pesos, cuando hay subsidios que no rinden ni presentan nada”. Y cerró con una reflexión política: “Esto necesita una solución superadora, no solo pedir datos. Entre los 12 concejales podríamos haber armado algo mejor”.

Qué queda planteado para la política social en la ciudad

Con la ordenanza aprobada, el Refugio Cura Brochero, único espacio que brinda alojamiento nocturno a personas en situación de calle en Villa Carlos Paz, queda sometido a un esquema en el que cada mes deberá elegir entre mantener la confidencialidad de quienes asiste o entregar información sensible para no perder el subsidio que le permite seguir funcionando.

El oficialismo sostiene que se trata de una herramienta de transparencia y orden administrativo. Desde el refugio y la oposición, en cambio, se advierte que el dispositivo puede tener un efecto disuasorio sobre las personas que necesitan ayuda y un impacto directo en la continuidad de un trabajo que hoy cubre una función que el Estado municipal no presta de manera directa.

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