La Policía Federal brasileña intenta establecer si el senador buscó abandonar el país tras recibir una orden judicial que le prohíbe viajar al exterior. Migraciones negó que haya ingresado a la Argentina y un avión privado permanecía en Puerto Iguazú. Mientras tanto, el Partido Liberal aceptó el resultado electoral y la Justicia abrió una investigación por presunta interferencia extranjera en la campaña.
La derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva abrió un escenario de creciente presión política y judicial para el senador brasileño. Este martes 27 de octubre, la Policía Federal de Brasil investigaba versiones sobre un supuesto intento de abandonar el país a través de la Argentina, mientras su propio partido reconoció oficialmente la victoria de Lula y el Supremo Tribunal Federal dispuso nuevas investigaciones sobre presuntas irregularidades durante la campaña presidencial.
El episodio de mayor incertidumbre gira alrededor del paradero del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien el juez Alexandre de Moraes le prohibió salir de Brasil y ordenó entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.
La situación se complicó durante la madrugada, cuando trascendió que Bolsonaro habría cruzado hacia Puerto Iguazú, en Misiones, para abordar un avión privado con destino a Estados Unidos.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no existe registro de su ingreso a la Argentina, mientras que el senador Rogério Marinho, quien coordinó su campaña presidencial, negó que hubiera abandonado Brasil.
La Policía Federal brasileña inició consultas con las autoridades argentinas y revisó movimientos fronterizos y registros de vuelos para determinar qué ocurrió. Hasta el mediodía de este martes no se había confirmado que Bolsonaro hubiera salido de territorio brasileño.
El avión privado que quedó en Puerto Iguazú
Las versiones sobre una posible fuga surgieron a partir de una información publicada por Infobae, según la cual Flávio Bolsonaro habría cruzado la frontera utilizando su documento de identidad para trasladarse posteriormente a Estados Unidos.
La aeronave señalada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A.
Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas de fuentes aeroportuarias, el avión había partido desde Aeroparque durante la noche del lunes y aterrizado en Puerto Iguazú a las 23.45.
La aeronave tenía previsto continuar viaje hacia Estados Unidos durante la madrugada, con cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, el vuelo no se concretó y el aparato permanecía en el aeropuerto misionero mientras se realizaban verificaciones adicionales.
La identidad de los pasajeros previstos para ese traslado fue uno de los puntos que despertaron sospechas entre los investigadores brasileños.
No obstante, las autoridades argentinas aclararon que la documentación de la empresa se encontraba en regla y que no existía un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.
La presencia del avión en Puerto Iguazú y la cancelación de su partida son hechos diferentes de la supuesta participación del senador en ese traslado, que hasta el momento no pudo ser acreditada.
El coordinador de su campaña, Rogério Marinho, rechazó expresamente la versión de que el excandidato hubiera abandonado Brasil. Consultado por el medio brasileño Metrópoles, respondió que «no salió».
Mientras tanto, la Policía Federal continuaba intentando establecer el paradero del senador y verificar el cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas en su contra.
La orden de Moraes y los pasaportes
El lunes, apenas un día después de la segunda vuelta electoral, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), dispuso que Flávio Bolsonaro no pudiera abandonar Brasil.
La resolución también ordenó cancelar sus documentos de viaje brasileños y entregar a la Policía Federal cualquier otro pasaporte que pudiera tener, además de prohibirle mantener contacto con el abogado y empresario Willer Tomaz, investigado en el mismo expediente.
La decisión fue notificada al senador cuando salía de visitar a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia.
Flávio cuestionó públicamente la medida y sostuvo que constituía una maniobra para intimidarlo después de su derrota electoral.
«Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme», afirmó en un video difundido en sus redes sociales.
El senador atribuyó la decisión a unas declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien días antes había sugerido que Flávio debería abandonar Brasil si perdía las elecciones.
La orden judicial estableció un plazo de 24 horas desde la notificación para la entrega de los documentos. Durante la mañana de este martes, medios brasileños informaron que los pasaportes todavía no habían sido presentados, aunque no existía una confirmación oficial posterior sobre el cumplimiento definitivo de la medida.
La Policía Federal tenía previsto realizar diligencias en la residencia del senador para verificar su situación.
Su propio partido reconoció la victoria de Lula
La incertidumbre judicial coincidió con un cambio de posición dentro del Partido Liberal (PL), la fuerza política que postuló a Flávio Bolsonaro para la Presidencia.
El presidente del partido, Valdemar Costa Neto, difundió el lunes por la noche un comunicado en el que reconoció formalmente el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
«Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral, pero entendemos que los cuestionamientos planteados necesitan ser debidamente esclarecidos», sostuvo el dirigente.
El pronunciamiento marcó una diferencia con la reacción inicial del candidato derrotado, quien el domingo había rechazado admitir el resultado y anunciado que solicitaría la anulación de los comicios.
Lula fue reelegido con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% obtenido por Flávio Bolsonaro, una diferencia superior a 4,4 millones de sufragios.
El senador había cuestionado especialmente la decisión judicial que extendió el horario de votación en determinados establecimientos hasta las 19, a raíz de dificultades que afectaron el traslado de electores.
La prórroga había sido solicitada por ambas candidaturas y, según las estadísticas electorales difundidas posteriormente, durante ese período adicional se registraron alrededor de 34.300 votos, una cantidad muy inferior a la diferencia definitiva entre los candidatos.
El Partido Liberal mantuvo cuestionamientos relacionados con el aumento del gasto público y la utilización de beneficios sociales durante la campaña, pero optó por reconocer institucionalmente el triunfo del mandatario.
En paralelo, integrantes de la campaña de Bolsonaro confirmaron a CNN Brasil que el senador desistió de impulsar la anulación de la votación y concentrará sus acciones judiciales en denunciar supuestos abusos de poder político y económico.
La nueva estrategia apunta a solicitar la impugnación de la fórmula integrada por Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, sin cuestionar directamente la validez del escrutinio.
Las investigaciones por lavado de dinero y el financiamiento de una película
El escenario judicial de Flávio Bolsonaro comprende distintas investigaciones que tramitan ante el Supremo Tribunal Federal.
La causa vinculada con las restricciones para salir del país está bajo la supervisión de Alexandre de Moraes y examina presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión de divisas relacionadas con Willer Tomaz.
El abogado, cercano al senador, también fue investigado por operaciones financieras vinculadas con plataformas de apuestas y otras actividades comerciales.
La semana pasada, Moraes dispuso el bloqueo de activos de Tomaz por un monto de hasta 6.000 millones de reales, como parte de las medidas cautelares adoptadas en su investigación.
En otro expediente, bajo la responsabilidad del juez André Mendonça, la Policía Federal investiga el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
La investigación busca determinar el origen y destino de los fondos aportados para la producción, particularmente las operaciones vinculadas con el exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master.
Según documentos incorporados a la causa, Flávio Bolsonaro habría solicitado al empresario financiamiento por unos 131 millones de reales para el proyecto, de los cuales aproximadamente 60 millones habrían sido transferidos.
Los investigadores analizan conversaciones, operaciones financieras y posibles intermediarios para establecer si existieron irregularidades.
Flávio fue incorporado formalmente a esa investigación durante julio y rechazó haber acordado ventajas indebidas con Vorcaro. Sostuvo que los aportes eran de carácter privado y negó las acusaciones.
La Policía Federal solicitó recientemente una extensión de las actuaciones para completar peritajes contables y obtener documentación financiera mediante mecanismos de cooperación internacional.
Una nueva investigación por presunta interferencia extranjera
A este panorama se sumó este martes una nueva decisión del Supremo Tribunal Federal.
El juez Flávio Dino ordenó a la Policía Federal abrir una investigación sobre posibles operaciones de financiamiento extranjero e interferencia digital durante las elecciones presidenciales brasileñas.
La medida surgió a partir de presentaciones que advertían sobre presuntas maniobras destinadas a favorecer la candidatura de Flávio Bolsonaro mediante recursos económicos externos y campañas desarrolladas en plataformas digitales.
Entre los elementos mencionados aparecen los posibles vínculos de los empresarios brasileños Tallis Gomes y Pedro Sang con la organización estadounidense Rockbridge Network, así como publicaciones pagadas desde cuentas extranjeras que difundieron contenidos favorables al candidato del Partido Liberal.
También se investigará la utilización de plataformas de apuestas electorales, entre ellas Polymarket, y posibles manipulaciones de algoritmos destinadas a beneficiar o perjudicar candidaturas.
La resolución incorpora además sospechas sobre eventuales negociaciones vinculadas con el acceso a minerales estratégicos brasileños, particularmente tierras raras, a cambio de apoyo político.
Dino dispuso que estas situaciones sean examinadas mediante investigaciones específicas, bajo supervisión judicial, para determinar si existieron conductas ilegales y quiénes podrían haber participado.
La apertura de la investigación no implica que las acusaciones estén comprobadas ni constituye, por sí misma, una imputación penal contra Flávio Bolsonaro.
La decisión amplía, sin embargo, el alcance de los procedimientos judiciales relacionados con la campaña presidencial y sus posibles vínculos con actores extranjeros.
Apenas dos días después de perder las elecciones, Flávio Bolsonaro enfrenta así un escenario político y judicial complejo: su partido reconoció la continuidad de Lula, las investigaciones financieras siguen abiertas y la Policía Federal intenta esclarecer una supuesta salida del país que las autoridades migratorias argentinas no pudieron confirmar.
Por ahora, tampoco se había informado oficialmente dónde se encontraba el senador ni si había completado la entrega de los documentos exigidos por la Justicia.