Maximiliano Ochoa Roldán fue acusado de liderar una red delictiva integrada por policías y civiles que utilizaban información reservada para beneficio personal. El caso generó una fuerte reacción oficial y no se descartan nuevas imputaciones.
La Justicia de Córdoba investiga un grave caso de corrupción policial que involucra al director de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien fue detenido junto a otros seis agentes y un civil, acusados de integrar una asociación ilícita que operaba desde el seno de la fuerza.
El fiscal Guillermo González, a cargo de la investigación, imputó a Ochoa Roldán por coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito (cuatro hechos), peculado de servicios, encubrimiento por omisión de denuncia (tres hechos) y asociación ilícita en calidad de jefe. Las detenciones se produjeron tras once allanamientos realizados en Córdoba capital, Unquillo, La Calera, Cosquín y distintas dependencias de la Jefatura de Policía.
Según detalló el fiscal, el grupo utilizaba información reservada extraída de bases de datos oficiales para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobrar deudas, asumir defensas penales y establecer honorarios, todo ello con fines de lucro. “Utilizaban su lugar en la Policía para cometer ciertos delitos”, afirmó González en conferencia de prensa.
Uno de los acusados como organizador de la banda es Gabriel Élido Burkhard, un civil sospechado de participar activamente en la maniobra delictiva. Además del jefe de la Caminera, fueron arrestados el comisario inspector Leonardo Javier Torres, titular de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía; el comisario inspector Martín Darío Heredia, integrante de la Caminera; el comisario inspector Jorge Gutiérrez, del área de Protección de Testigos; el suboficial principal Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura; y Gastón Miguel Ochoa Roldán, hermano del jefe detenido.
“La investigación se originó a partir del testimonio de un colega que rastreaba una banda delictiva con presuntos vínculos policiales. Hay pruebas suficientes que confirman las sospechas iniciales”, señaló el fiscal. “Todo el tiempo cobraban dinero a través de civiles. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero”, agregó.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, respaldó la investigación judicial y remarcó la voluntad del gobierno de avanzar con transparencia: “Desde el primer día el gobernador nos encomendó una tarea clave: ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas. No vamos a encubrir ni esconder estos hechos. Trabajamos junto al Ministerio Público Fiscal para depurar la Policía”.
Las autoridades informaron que los agentes involucrados serán separados de la fuerza, mientras continúa la recolección de pruebas en una causa que “se encuentra en incipiente estado de investigación” y podría derivar en nuevas imputaciones en los próximos días.
