Con voto unánime de todos los bloques, el Concejo de Representantes modificó el Código de Convivencia para elevar multas, crear la figura de “horda” y ampliar el poder de secuestrar vehículos, mientras la oposición advierte que sin controles efectivos la norma puede quedar en letra muerta.
El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó este jueves, por unanimidad, una ordenanza que endurece las sanciones por conducción temeraria, con foco en las maniobras realizadas por grupos de motos o automóviles, popularmente conocidas como “hordas”.
La iniciativa, enviada por el Departamento Ejecutivo, introduce multas más altas, plazos de inhabilitación más extensos, elimina el pago voluntario en las infracciones más graves y amplía la facultad del municipio para remover vehículos de la vía pública, incluso cuando estén asegurados con cadenas u otros elementos de sujeción. El texto final incorporó modificaciones propuestas por los bloques opositores durante el trabajo en comisión.
Cambios normativos clave
La ordenanza aprobada incorpora varios ejes centrales en materia de sanciones viales:
- Sin pago voluntario: las infracciones previstas en los artículos 284, 284 bis, 294 y 294 bis del Código Municipal de Convivencia ya no podrán resolverse con pago voluntario. Cada caso deberá tramitarse ante el Juzgado Administrativo de Faltas.
- Multas e inhabilitaciones más severas: se elevan los rangos de sanción para quienes realicen picadas, maniobras peligrosas o conducción temeraria.
- Figura legal de “horda”: se define como grupo de dos o más vehículos que, por su modo de circulación, ocupación de la calzada o maniobras, generen riesgo, intimiden a terceros o dificulten la intervención de la autoridad.
- Responsabilidad solidaria: se fija la responsabilidad de padres, tutores o titulares registrales cuando las maniobras sean cometidas por menores de edad.
- Secuestro de vehículos con cadenas: se habilita el retiro de motos y autos aun cuando estén sujetos con cadenas, candados u otros elementos, con registro fotográfico o audiovisual obligatorio y sin cortes de todo el procedimiento.
Posiciones en el recinto
Durante el debate en el recinto, Sebastián Guruceta fue uno de los principales defensores de la iniciativa desde el oficialismo de Carlos Paz Unido. Valoró especialmente el trabajo previo en comisión y sostuvo que el texto final “se ha enriquecido con sugerencias que refuerzan el control y prevén sanciones más graves para situaciones que claramente aquejan a la sociedad”.
Desde la oposición, Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) acompañó la ordenanza, aunque subrayó que el verdadero desafío estará en la aplicación concreta. Recordó que “hace tiempo venimos manifestando la necesidad que tienen los vecinos de terminar con esta situación realmente gravísima en la ciudad” y advirtió que “esperamos ahora que el Estado municipal haga cumplir la ordenanza. No sirve endurecer sanciones si después no hay controles”.
En la misma línea crítica, aunque también votando a favor, Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) destacó que el texto se mejoró con correcciones sustanciales propuestas por su bloque y remarcó que “vamos a acompañar esta legislación que endurece penas frente a hechos que generan muchísimo riesgo y quitan tranquilidad a la vida cotidiana de los vecinos”.
Al mismo tiempo, cuestionó la estrategia del Ejecutivo de cerrar sectores de la costanera para frenar las hordas de motos, al señalar que “cerrar la costanera no soluciona el problema, solo lo traslada. Hoy es San Martín, mañana Colinas, la semana que viene Playas de Oro”. Y dejó un mensaje directo al gobierno municipal al recordar que “la herramienta legislativa está. Ahora queda la implementación, que es responsabilidad exclusiva del Departamento Ejecutivo”.
Lo que dice la ordenanza
Las conductas alcanzadas por la reforma deberán tramitarse ante el Juzgado de Faltas, sin posibilidad de pago voluntario. El esquema sancionatorio quedó detallado de la siguiente forma:
Artículo 284 – Picadas y maniobras peligrosas
- Multa: 15 a 30 U.V. (entre $1.277.364 y $2.554.729, según la Unidad de Valor vigente en enero de 2026, fijada en $85.157,64).
- Inhabilitación de la licencia de conducir: 60 a 180 días.
- Secuestro del vehículo.
- Responsabilidad solidaria del titular registral.
- En caso de menores de edad, pueden ser multados padres o tutores.
Artículo 284 bis – Conducción en horda
- Se considera “horda” a un grupo desde 2 vehículos.
- Se sancionan conductas que generen riesgo, intimiden o dificulten la intervención de la autoridad.
- Multa: 7 a 20 U.V. (entre $596.103 y $1.703.152).
- Inhabilitación de la licencia de conducir: 60 a 180 días.
- Se presume la participación de quienes integran el grupo, salvo prueba en contrario.
- En caso de reincidencia, se aplica el máximo de multa e inhabilitación.
Artículo 294 – Escape adulterado o sin silenciador
- Multa: 7 a 20 U.V..
- Destrucción y decomiso del escape adulterado.
- Esquema de sanciones agravadas e inhabilitación en casos de reincidencia.
Artículo 294 bis – Secuestro de vehículos y corte de cadenas
- Habilita la remoción de vehículos y motos en infracción, estén circulando o estacionados, incluso cuando estén asegurados con cadenas, candados u otros elementos.
- La autoridad puede cortar o inutilizar esos elementos para concretar el secuestro.
- En todos los casos debe labrarse un acta y registrarse el procedimiento mediante imágenes fotográficas o audiovisuales ininterrumpidas.
Un primer paso que deja abierta la discusión por los controles
Aunque la ordenanza fue aprobada por unanimidad, las intervenciones de los bloques opositores dejaron en claro que el consenso no borra las dudas sobre la implementación concreta de las medidas.
Para los concejales que acompañaron con críticas, el nuevo marco normativo representa una herramienta necesaria, pero insuficiente si no va acompañada de operativos sostenidos, presencia en la calle y criterios claros de actuación frente a las hordas de motos, los escapes libres y las maniobras peligrosas que vienen generando quejas de vecinos desde hace años.
“La ley no genera control por sí sola. Eso depende de la estrategia que aplique el gobierno”, resumió Carlos Quaranta durante el debate.
Con la herramienta legal ya vigente, el foco se desplaza ahora al Departamento Ejecutivo, que deberá demostrar en los próximos meses si está dispuesto a sostener los controles que la ciudad viene reclamando frente a un problema que, hasta ahora, se repetía entre cierres de calles, operativos aislados y quejas que nunca terminaban de encontrar una respuesta duradera.
