La movilización se realizó a un año de la primera denuncia y tuvo como consigna central el pedido de escuchar y proteger a las infancias. La columna avanzó desde el Reloj Cucú hasta las inmediaciones del colegio parroquial de barrio La Quinta, donde se reclamaron respuestas judiciales e institucionales. Las familias remarcaron que la manifestación fuera pacífica y, al final, colocaron carteles en las rejas del establecimiento.
A un año de la primera denuncia por presuntos abusos sexuales en un jardín dependiente de un colegio parroquial de barrio La Quinta, familiares, vecinos y organizaciones sociales marcharon este martes por las calles de Villa Carlos Paz para exigir justicia y avances concretos en la investigación.
La movilización partió alrededor de las 14.30 desde la plazoleta del Reloj Cucú, sobre bulevar Sarmiento, y se dirigió hacia el establecimiento educativo. La columna, que ocupó aproximadamente dos cuadras, avanzó bajo una consigna que ordenó todo el reclamo: “El silencio no protege, la indiferencia tampoco, escuchemos a los niños”.
Desde la organización se hizo especial hincapié en que la protesta fuera pacífica, sin agresiones ni hechos de violencia, y que el eje estuviera puesto en el pedido de respuestas y en la protección de las infancias. También se vieron carteles con frases como “Las infancias sí se cuidan” y “Los niños no mienten”.
El momento de mayor tensión se produjo cuando un operativo policial frenó el avance de los manifestantes a unos metros del ingreso a la institución. Desde ese punto, los presentes comenzaron a reclamar “Justicia” y exigieron respuestas tanto de las autoridades judiciales como educativas y eclesiásticas.
Al finalizar la manifestación, las familias y manifestantes colocaron numerosos carteles en las rejas del establecimiento, con mensajes vinculados al reclamo por los casos denunciados y al pedido de escucha y resguardo para los niños.
Durante la marcha, una de las madres tomó la palabra y cuestionó la falta de acompañamiento institucional durante el último año. “Nos quedamos acá. Vamos a dar la cara, algo que no hizo la escuela”, expresó frente a los manifestantes. Luego agregó: “Todos —docentes, directivos, representante legal— eligieron el camino del silencio, el de no acompañar. A nosotros nadie nos acompañó: primero éramos dos, después aparecieron tres, después cuatro, y nadie, nadie nos acompañó”.
La mujer también puso en palabras el impacto que atraviesan las familias desde que se iniciaron las denuncias. “Los invito a consolarla cuando tiene un ataque de pánico. Tres años tenía mi hija en ese momento”, señaló, y pidió no dejar caer el reclamo: “No se olviden de nuestros hijos, no se olviden de exigir que los derechos de los niños se tienen que cuidar”.
Cuatro denuncias unificadas en una fiscalía
La causa tuvo una novedad clave en las últimas horas: por disposición de la Fiscalía General, las denuncias fueron unificadas en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez.
Hasta el momento, la investigación reúne cuatro presentaciones judiciales. Tres de ellas cuentan con el patrocinio de los abogados Macarena Martín Ubiergo y Pablo Pigini, representantes de las madres denunciantes.
Las primeras denuncias se remontan a mayo de 2025. Según surge de los antecedentes del caso, la primera presentación se formalizó luego de que una madre retirara a su hija del establecimiento y, tras advertir una situación que derivó en la intervención médica, acudiera al Hospital Gumersindo Sayago, donde se activó el protocolo correspondiente.
Semanas después se radicó una segunda denuncia vinculada a otra niña de la misma institución. Ambas causas tramitaron inicialmente en fiscalías distintas. Luego se sumó una tercera presentación ante la Fiscalía de Primer Turno, a cargo de Florencia Caminos Garay, y de esa investigación surgió una cuarta denuncia formulada de oficio.
Desde la representación de las familias remarcaron que la tercera presentación tuvo avances rápidos, con declaraciones y medidas probatorias ordenadas en pocas semanas, antes de que se resolviera la unificación del expediente.
Carta formal y pedidos urgentes
En paralelo a la marcha, las familias presentaron una carta formal dirigida a la Fiscalía, al Arzobispado de Córdoba, a la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE), a la SENAF y a las autoridades del establecimiento.
El documento, acompañado por firmas de manifestantes, fija un plazo de 48 horas para recibir respuestas oficiales y reclama la adopción de medidas urgentes. Entre los pedidos figuran el apartamiento preventivo del sacerdote señalado en las denuncias, mayor transparencia institucional, preservación de pruebas y acompañamiento psicológico para los niños y sus familias.
Las familias también cuestionaron la falta de resguardo oportuno de registros fílmicos, la pérdida de elementos probatorios y las demoras en medidas que consideran centrales para la investigación.
Durante la movilización, una de las madres apuntó especialmente contra la falta de acceso al material de cámaras de seguridad. “Guardaron la información que más necesitábamos nosotros, que eran las cámaras, y no las mostraron”, sostuvo. También remarcó que “no son una ni dos denuncias, son cuatro niños que hablan exactamente de lo mismo” y pidió que la persona señalada “no esté más cerca de ningún niño”.
La postura de la institución eclesiástica
Desde el ámbito eclesiástico defendieron el accionar desplegado desde que el caso tomó estado público. El presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), Nicolás Bracciaforte, sostuvo que el establecimiento se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento y respondió los requerimientos de la fiscalía.
“La escuela se ha puesto a disposición de la justicia y ha venido contestando de ese tiempo a esta parte la totalidad de los requerimientos de la Fiscalía y colaborado con la investigación con miras a que se pueda esclarecer pronto la verdad sobre estos hechos”, remarcó Bracciaforte en declaraciones citadas por La Voz.
Desde ese sector indicaron además que el Arzobispado de Córdoba cuenta con protocolos específicos para este tipo de situaciones, canalizados a través de la Oficina de Prevención de Abuso y Cuidado de Víctimas. Según esa postura, tras revisar el procedimiento interno se constató que los pasos previstos fueron cumplidos y continúan en ejecución.
Respecto de las personas mencionadas por las familias, Bracciaforte aclaró que hasta el momento la institución no recibió notificación formal de imputaciones vigentes. También sostuvo que, si se produjera alguna medida judicial concreta, se daría curso inmediato a las acciones administrativas correspondientes.
Reclamo por respuestas y protección
La abogada Macarena Martín Ubiergo expresó durante la movilización la preocupación de las familias por la falta de imputaciones formales y por lo que consideran demoras relevantes en la recolección de pruebas. “Consideramos que, para la envergadura de los temas que se están investigando, no ha sido demasiado diligente la actuación”, planteó.
Desde la querella también señalaron que en el expediente aparecen nombres propios surgidos de relatos, dibujos y testimonios de las niñas en ámbitos familiares y terapéuticos. A la vez, cuestionaron la actitud de las autoridades escolares y afirmaron que las madres solicitaron reuniones en reiteradas oportunidades sin sentirse acompañadas por la institución.
En la marcha, las familias mencionaron además la posible existencia de un quinto caso vinculado al mismo establecimiento, aunque aclararon que hasta el momento no hay una denuncia formal radicada ante la Justicia por esa situación.
A un año del inicio de las actuaciones, el reclamo volvió a ocupar las calles de Villa Carlos Paz con una consigna que sintetizó el sentido de la jornada: “El silencio no protege, la indiferencia tampoco, escuchemos a los niños”.