La norma garantiza la actualización de prestaciones y refuerza el financiamiento para personas con discapacidad y prestadores.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma busca asegurar la actualización de prestaciones y establecer mecanismos de financiamiento para personas con discapacidad y prestadores del sistema.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos afirmativos, aportados por bloques peronistas, radicales, provinciales y los senadores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. En cambio, La Libertad Avanza, el grueso del PRO y algunos representantes provinciales no participaron de la sesión al considerar inválida la convocatoria.
La ley establece la recomposición de las prestaciones arancelarias desde diciembre de 2023 conforme al índice de inflación y dispone una actualización automática del nomenclador que regula los valores de las pensiones no contributivas. Estas pensiones se mantendrán en el 70% del haber mínimo jubilatorio y serán inembargables para quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o tengan más de 70 años sin recursos ni cobertura previsional.
También se autoriza a la Jefatura de Gabinete a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para garantizar la implementación de estas medidas.
Durante el debate, el senador Luis Juez destacó que la norma representa un respaldo mínimo pero indispensable: “Los hijos con discapacidad son invisibles para la sociedad, que parece observar sin ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben”. Recordó que su hija Milagros tiene parálisis cerebral y denunció las dificultades incluso en el sistema privado.
