Este jueves, el Senado de la Nación rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la convirtió en ley, en una votación que contó con fuerte respaldo y respaldo social en las puertas del Congreso.
El Senado de la Nación rechazó el veto presidencial y reafirmó la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobándola con 63 votos a favor y 7 en contra. Con esa mayoría, obligó al Ejecutivo a promulgar la norma, declarando el estado de emergencia para garantizar prestaciones y actualizaciones necesarias.
La ley establece medidas concretas de financiamiento y actualización de aranceles y prestaciones para las personas con discapacidad. Si bien las interpretaciones sobre su duración varían —con medias que apuntan a plazos que van hasta finales de 2026 o incluso 2027— el texto deberá ser efectivamente implementado por el Estado.
La sesión fue un revés político significativo para el Ejecutivo: mostró una capacidad del Legislativo para frenar vetos considerados sensibles y movilizó a familiares, personas con discapacidad y prestadores que esperaban una respuesta urgente. Afuera del Congreso se celebró la votación como un triunfo para la sociedad civil.
Ahora, el Ejecutivo deberá promulgar la ley y definir partidas presupuestarias concretas y plazos de ejecución para las medidas previstas, mientras la oposición exige resultados claros lo antes posible.
