La discusión sobre el gasto político del municipio volvió a quedar planteada en el Concejo de Representantes, pero no logró avanzar. En la sesión del 9 de abril, el concejal Daniel Ribetti presentó un proyecto de ordenanza denominado “Control de la planta política”, orientado a revisar la partida de personal, una de las más importantes dentro del presupuesto municipal, y a establecer límites que, según sostuvo, permitan aliviar la presión tributaria sobre vecinos y comerciantes.
La iniciativa sólo consiguió dos votos positivos: el del propio Ribetti y el de la concejala Pía Felpeto, quien también acompañó el proyecto con su firma y lo defendió durante el tratamiento. El oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas y la propuesta fue derivada a comisión, instancia donde, según advirtió el autor, difícilmente tenga tratamiento efectivo.
El planteo parte de un diagnóstico crítico sobre la economía local. Ribetti vinculó la necesidad de controlar el gasto político con la caída de la actividad turística y su impacto sobre la recaudación municipal. Según expuso, al cierre de la temporada 2015 la Secretaría de Turismo había informado más de 1.600.000 visitantes y el pago de tasas y contribuciones representaba el 26% del presupuesto. En 2026, en cambio, esa proporción bajó al 15%, con una merma de casi un millón de turistas, de acuerdo con datos oficiales del propio municipio.
“Viene menos gente, hay menos movimiento económico y los vecinos ya no pueden seguir sosteniendo con sus impuestos un gasto que no se adecua a esta realidad”, expresó el concejal.
El proyecto proponía desacoplar los aumentos salariales de la planta política respecto de los trabajadores municipales, condicionar cualquier incremento para funcionarios a que el coeficiente de liquidez del municipio supere el valor uno, establecer un tope de empleados equivalente al 1,5% de la población y suspender la incorporación de nuevo personal hasta después de las próximas elecciones.
Ribetti sostuvo que la planta municipal supera ampliamente los índices estándar de relación entre empleados y habitantes y afirmó que una parte de esa estructura corresponde a “militancia rentada”. También cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo, al señalar que se recortaron obras, transporte y servicios, mientras “las cuentas políticas siguen intactas”.
Con el pase a comisión, la discusión sobre el control de la planta política quedó nuevamente postergada, en medio de un debate más amplio sobre el tamaño del Estado municipal, la presión tributaria y las prioridades de gasto de la gestión.
Nota correspondiente a la edición n° 622 del periódico La Jornada, del 29 de abril de 2026.