Un nuevo escándalo se abrió en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz luego de que el oficialismo resolviera sancionar con una multa equivalente al 50% del sueldo a los ediles Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta, a quienes acusó de haberse ausentado “injustificadamente” de la sesión especial convocada para el jueves 19 de marzo.
La decisión fue comunicada por el propio cuerpo legislativo, que informó que la sanción se aplicó en el marco del artículo 12 del reglamento interno, por considerar que los ediles incumplieron “sus obligaciones y responsabilidades como funcionarios públicos”. Según la explicación oficial, en esa sesión se iba a tratar la readecuación salarial para los trabajadores municipales.
Los cuatro concejales sancionados, sin embargo, plantearon que el problema no fue el contenido del proyecto sino la forma en que se convocó la sesión. En un memorándum presentado ante la presidencia del Concejo, a cargo de Alejandra Roldán, señalaron que el artículo 10 del Reglamento Interno establece que las sesiones especiales solo pueden realizarse por acuerdo expreso del cuerpo o a pedido de un tercio de sus miembros, con al menos 24 horas de anticipación.
Según indicaron, la citación fue comunicada a las 12.50 para una sesión prevista a las 19.30 del mismo día, lo que, a su criterio, incumple el plazo mínimo y dificulta el análisis formal de los expedientes. En ese escrito remarcaron además que siempre acompañaron los incrementos salariales acordados entre el sindicato y el Ejecutivo, y que estaban dispuestos a tratar esos proyectos “el viernes o el día que sea convocado correctamente”.
A la controversia se sumó otro dato: también faltaron la concejala oficialista Laura Gallardo y Noe García Roñoni, de Juntos por Carlos Paz, lo que impidió que se pudiera alcanzar el quórum necesario para sesionar. Ambas estuvieron ausentes “con aviso” y no fueron sancionadas, lo que abrió otra discusión sobre el criterio aplicado.
En ese marco, Carlos Paz Despierta salió a respaldar la posición de Ribetti y sostuvo que el aumento salarial “no fue rechazado”, sino que no pudo tratarse por una convocatoria realizada, según denunció, al margen de las normas vigentes. Para ese espacio, la maniobra buscó instalar dos mensajes: responsabilizar a la oposición por la falta de quórum y exhibir el descuento de haberes como una forma de disciplinamiento político.
Lo que debía ser una sesión sobre salarios terminó así en un nuevo conflicto institucional, centrado en el respeto al reglamento y en el uso político de las sanciones dentro del propio Concejo.
Nota correspondiente a la edición n° 621 del periódico La Jornada, del 25 de marzo de 2026.
