El conflicto por el funcionamiento del Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero sumó un nuevo capítulo tras una nota municipal que solicita avanzar en la búsqueda de otro inmueble. Desde la institución defendieron su tarea solidaria, remarcaron que asisten a cerca de 100 personas por día y advirtieron que, sin mayor acompañamiento, el espacio podría dejar de funcionar.
El conflicto entre el municipio de Villa Carlos Paz y el Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero se profundizó en los últimos días, luego de que la gestión encabezada por Esteban Avilés enviara una nota formal solicitando la relocalización del espacio solidario que funciona sobre avenida Cárcano.
La presentación municipal se suma a las declaraciones públicas del intendente, quien días atrás cuestionó el funcionamiento del refugio, anticipó que no avalaría el incremento del subsidio solicitado por la institución ante la suba del alquiler y planteó que el espacio no debería continuar en su ubicación actual.
El documento enviado a la presidenta de la asociación civil, Alicia Barrigó, expresa la preocupación del municipio por reclamos de vecinos, vecinas y comerciantes del sector comprendido por avenida Cárcano, avenida Estrada, General Paz, Teniente Morandini, Cerrito y zonas aledañas.
Según la nota, esos reclamos apuntan a situaciones que afectarían la convivencia diaria, la seguridad, la higiene urbana y el normal desarrollo de la actividad comercial. Entre los hechos mencionados figuran pedidos insistentes de dinero, venta ambulante, limpieza de vidrios sin autorización y la permanencia de personas en veredas, jardines, obras en construcción y espacios comunes de edificios.
El municipio también hizo referencia a un incendio provocado por la acumulación de materiales en el predio del refugio, episodio que requirió la intervención de Bomberos y que, según la presentación, generó temor entre vecinos y comerciantes.
Sin desconocer la finalidad social del espacio, la nota municipal sostiene que esos hechos revelan la necesidad de adoptar medidas para compatibilizar la labor solidaria con el derecho de vecinos, comerciantes y transeúntes a desarrollar sus actividades en un entorno ordenado, seguro y saludable.
En ese marco, el Ejecutivo pidió que la asociación arbitre los medios necesarios para avanzar en la búsqueda de un nuevo inmueble que permita relocalizar el refugio. También solicitó que, durante la transición, se adopten medidas para garantizar seguridad, higiene y cumplimiento del Código de Convivencia Ciudadana, evitando nuevos focos de riesgo, suciedad u obstrucción del espacio público.
“La pobreza molesta en cualquier lugar”
La respuesta de Alicia Barrigó fue contundente. En una entrevista con CPTV Noticias, la coordinadora del refugio planteó que mudar la institución no resuelve el problema de fondo, sino que apenas desplaza una realidad social que existe y crece.
“Buscar otro lugar es simplemente trasladar la realidad social de barrio. La pobreza molesta en cualquier lugar. Ya nos pasó cuando estábamos en calle Juan de Garay. Lo que hace falta es una solución de fondo”, sostuvo.
Barrigó explicó que el refugio asiste actualmente a cerca de 100 personas por día a través de distintas modalidades: alojamiento nocturno, cenas en el lugar, entrega de viandas y distribución de bolsones alimentarios para familias vulnerables.
Actualmente, unas 19 personas permanecen alojadas en el espacio, mientras que decenas de vecinos y personas en situación de vulnerabilidad reciben asistencia alimentaria diaria. Entre quienes concurren hay familias con niños, adultos mayores, personas con problemas de salud, víctimas de violencia familiar y de género, pensionados de PAMI desalojados y vecinos que perdieron su empleo o su alquiler.
“Con el frío aumenta la demanda y además la realidad social que estamos viviendo es bastante caótica. Cada vez más personas tienen que acercarse a pedir un plato de comida”, señaló Barrigó.
Una tarea que debería asumir el Estado
El conflicto deja al descubierto un punto central: el Refugio Cura Brochero está asumiendo tareas de contención social que deberían formar parte de una política pública sostenida por el Estado, en este caso el municipio.
La institución brinda comida, alojamiento, acompañamiento y respuestas urgentes a personas que atraviesan situaciones de calle, violencia, enfermedad, pérdida de empleo, emergencia habitacional o extrema pobreza. Es decir, aborda todos los días una problemática que no desaparece porque resulte incómoda para determinados sectores o porque se la traslade a otro barrio.
En ese contexto, el subsidio municipal aparece como una ayuda insuficiente frente a la dimensión real de la tarea. Si poco más de $1,1 millón mensual es presentado como un aporte importante para garantizar un abordaje integral de esta problemática, frente a un presupuesto municipal que supera los $100 mil millones anuales, la lectura oficial parece quedar bastante lejos de una realidad social que se agrava día tras día.
La discusión, entonces, no puede reducirse únicamente a la ubicación del refugio o a las molestias que pueda generar su funcionamiento. El fondo del problema es qué política pública tiene la ciudad para acompañar a las personas más vulnerables y qué decisión toma el municipio frente a una institución que, con recursos limitados y trabajo voluntario, sostiene una tarea que de otro modo quedaría sin respuesta.
La pobreza que incomoda en la ciudad turística
La discusión también deja entrever una tensión más profunda: qué lugar ocupa la pobreza en una ciudad que construye buena parte de su identidad pública alrededor del turismo, la imagen urbana y la actividad comercial.
El pedido de relocalización no resuelve por sí mismo la situación de las personas que comen, duermen o buscan asistencia en el refugio. Apenas desplaza el problema hacia otro punto de la ciudad. En ese sentido, la advertencia de Barrigó resulta central: la pobreza molesta en cualquier barrio, pero sigue existiendo aunque se la aleje de los sectores más visibles.
En una ciudad turística como Villa Carlos Paz, esa tensión aparece con frecuencia frente a las personas en situación de calle o extrema vulnerabilidad: el debate no siempre gira en torno a cómo acompañarlas, contenerlas o generar políticas públicas sostenidas, sino a cómo evitar que su presencia afecte la postal céntrica o incomode la circulación comercial.
Por eso, el conflicto con el Refugio Cura Brochero excede la discusión sobre un inmueble. Lo que está en juego es si la ciudad está dispuesta a mirar de frente una problemática social que se agrava o si prefiere correrla de lugar para que no quede expuesta en las zonas de mayor tránsito turístico.
Y allí la labor del refugio adquiere todavía más valor: no embellece la realidad ni la oculta, sino que la atiende. Con recursos escasos, trabajo voluntario y una red solidaria cada vez más exigida, sostiene una respuesta concreta allí donde el Estado municipal debería tener una política integral.
El alquiler, el subsidio y una continuidad en riesgo
Uno de los puntos más críticos es la renovación del contrato de alquiler de la sede. Según explicó la coordinadora, desde julio el monto mensual pasará a ser de $1.000.000.
El refugio recibe un subsidio municipal de aproximadamente $1.120.000, cifra que, según la institución, apenas alcanza para cubrir el alquiler y deja prácticamente sin margen para afrontar servicios, seguros, emergencias, desinfecciones, mantenimiento, reparaciones e insumos.
“El municipio nos aporta un subsidio de 1.120.000 pesos. Con ese monto prácticamente podríamos pagar solamente el alquiler y nada más”, afirmó Barrigó.
La institución ya había informado que sus gastos se sostienen gracias a donaciones de comercios, vecinos, socios, amigos y voluntarios. Sin embargo, en el último tiempo esas ayudas disminuyeron por la crisis económica, por lo que muchas veces deben comprar carne, verduras, elementos de higiene personal, artículos de limpieza e incluso medicamentos para personas asistidas.
Barrigó confirmó que enviaron notas al intendente Esteban Avilés y a distintas áreas municipales solicitando una audiencia para discutir una actualización del aporte, pero aseguró que no recibieron una respuesta oficial concreta.
“Estamos ante una situación límite. Si el municipio no se apresta a colaborar con el refugio, el refugio tendrá que desaparecer. No hay muchas opciones”, advirtió.
La discusión sobre a quién se asiste
Otro punto sensible del conflicto gira en torno al perfil de las personas que reciben ayuda y al hecho de que algunas provienen de otras localidades. Desde el refugio defendieron la línea histórica de trabajo: asistir a quien llega en una situación de extrema necesidad, sin discriminar por lugar de origen.
“¿Qué le decimos a una persona que tiene hambre? ¿Que porque su documento dice Córdoba no le vamos a dar un plato de comida? Nuestro trabajo está orientado a las personas más vulnerables, sin distinción”, expresó Barrigó.
La coordinadora explicó además que muchas personas llegan derivadas por hospitales, áreas sociales o incluso fuerzas de seguridad. También mencionó casos de adultos mayores que deberían estar institucionalizados, pero permanecen en el refugio ante la falta de respuestas de otros organismos.
En ese marco, la discusión por la ubicación del hogar deja al descubierto un problema más amplio: la falta de dispositivos suficientes para contener situaciones de calle, emergencia habitacional, consumos problemáticos, salud mental, violencia y pobreza extrema.
El acopio de reciclables y la subsistencia del refugio
El municipio también pidió una adecuada disposición de los materiales reciclables. Se trata de otro punto que el refugio ya había explicado públicamente: el acopio de papel, cartón y PET funciona como una fuente complementaria de ingresos para sostener la actividad cotidiana.
Desde la institución señalaron que juntar, aplastar, ordenar y cargar materiales reciclables es una de las pocas herramientas disponibles para cubrir parte de los gastos que no alcanza a solventar el subsidio.
El refugio reconoció que esa actividad puede generar molestias y expresó su deseo de conseguir otros aportes para sostener la casa sin afectar a los vecinos. Pero también remarcó que, en el contexto actual, esos ingresos son indispensables para que el servicio siga funcionando.
Un conflicto que expone una deuda social
El cruce entre el municipio y el Refugio Cura Brochero ocurre en un momento de fuerte aumento de la demanda social, fruto de la grave crisis económica que atraviesa el país. La propia institución sostiene que cada vez más personas llegan a pedir comida, alojamiento o ayuda básica, mientras disminuye la capacidad de donación de vecinos y comercios.
En ese contexto, la nota municipal plantea la relocalización como respuesta a los reclamos del entorno, pero desde el refugio advierten que el problema no desaparece con una mudanza: las personas seguirán necesitando comida, abrigo, asistencia y un lugar donde pasar la noche.
“La función social que está haciendo hoy el Refugio Cura Brochero va mucho más allá de lo local. Si uno tiene una mirada humanitaria, no puede negarle una mano a quien la necesita por venir de otra ciudad”, concluyó Barrigó.
El conflicto deja así planteada una pregunta de fondo para la ciudad: si el refugio desaparece, se debilita o simplemente es empujado lejos del centro, quién asumirá la asistencia cotidiana de las personas que hoy encuentran allí un plato de comida, una cama caliente y una primera respuesta frente a situaciones de extrema vulnerabilidad. Porque la pobreza no deja de existir cuando se la corre de lugar; solo se vuelve menos visible para quienes prefieren no verla.