La iniciativa será enviada al Congreso y apunta a modificar distintos instrumentos financieros, desde prendas y warrants hasta pagarés, fondos, fideicomisos y cupones de tarjetas. Uno de los cambios centrales será la creación de un sistema federal de garantías para facilitar el acceso al crédito.
El Gobierno nacional prepara una amplia reforma del mercado de capitales con el objetivo de simplificar el acceso al financiamiento, ampliar los bienes que pueden utilizarse como garantía y generar nuevas alternativas para empresas, pymes y comercios.
La iniciativa es elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado junto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) y contempla además la participación del Banco Central en algunos de sus capítulos.
El ministro Federico Sturzenegger anticipó este lunes que el proyecto será enviado próximamente al Congreso y lo presentó como la etapa final de un proceso de desregulación que la CNV viene impulsando durante los últimos dos años.
Por ahora, sin embargo, el proyecto no ingresó formalmente al Parlamento ni existe un texto definitivo publicado, por lo que los cambios anunciados todavía no están vigentes y pueden sufrir modificaciones antes de su tratamiento legislativo.
Un sistema federal para registrar garantías
Uno de los ejes más importantes será la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.
La intención es centralizar la información sobre prendas y otros bienes utilizados como respaldo de créditos, con un registro administrado por el Banco Central.
Actualmente, distintos tipos de garantías requieren inscripciones y procedimientos ante organismos diferentes. El nuevo esquema buscaría permitir que empresas y particulares constituyan prendas de manera más directa y que cualquier interesado pueda verificar si determinado bien ya está comprometido como garantía.
El proyecto también ampliaría la posibilidad de establecer segundas o terceras prendas sobre un mismo activo y flexibilizaría qué bienes pueden utilizarse para respaldar operaciones.
Entre los ejemplos mencionados por Sturzenegger aparecen bienes futuros, como una cosecha todavía no recolectada.
El objetivo oficial es aumentar la cantidad de activos que pueden servir como garantía y, de esa forma, reducir riesgos para quienes prestan dinero y mejorar las condiciones de financiamiento para quienes toman crédito.
Cambios en warrants y prendas
La reforma también avanzará sobre el régimen de warrants, utilizado tradicionalmente para financiarse utilizando mercadería almacenada como garantía.
El Gobierno pretende ampliar el tipo de bienes que puedan incorporarse a ese mecanismo y eliminar algunas obligaciones que considera innecesarias, como determinados seguros obligatorios o procedimientos específicos para rematar bienes.
También se proyecta modificar quién puede ejecutar una garantía prendaria.
Según explicó Sturzenegger, actualmente los bancos poseen ventajas legales para utilizar determinados mecanismos de ejecución. La reforma buscará ampliar esa posibilidad a otros actores financieros.
Pagarés y financiamiento de las pymes
Otro capítulo estará dedicado a los pagarés y letras de cambio.
La intención es incorporar por ley flexibilizaciones que en los últimos años fueron avanzando mediante normas de la CNV y ampliar las operaciones que pueden respaldarse con esos instrumentos.
Para las pymes, uno de los puntos relevantes será la modificación del sistema de Factura de Crédito Electrónica MiPyME.
El Gobierno considera que el esquema actual obliga a pasar por demasiados intermediarios antes de que una empresa pueda negociar ese crédito en el mercado.
La reforma buscará acortar ese circuito y facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan llegar de manera más directa a mercados autorizados para conseguir liquidez.
Los cupones de tarjeta podrían convertirse en títulos negociables
Uno de los cambios con impacto más directo sobre comercios aparece en el financiamiento mediante tarjetas de crédito.
El Banco Central trabaja para que el derecho de cobro que recibe un comercio después de una venta financiada pueda convertirse en un título electrónico negociable.
En la práctica, cuando un negocio vende con tarjeta en cuotas debe esperar determinados plazos para recibir el dinero o anticipar esos fondos mediante acuerdos con bancos o procesadores.
La propuesta permitiría transformar ese crédito futuro en un instrumento negociable y venderlo en el mercado.
Eso abriría la posibilidad de que un comercio obtenga liquidez sin depender exclusivamente de la entidad bancaria con la que opera y pueda buscar mejores condiciones entre distintos inversores.
La titulización de créditos originados en tarjetas ya existe mediante fideicomisos financieros, pero la reforma apunta a hacer más directa y negociable esa clase de activo.
Fondos, fideicomisos y obligaciones negociables
El proyecto también incluirá cambios sobre fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y obligaciones negociables.
La CNV ya avanzó durante 2026 con una serie de reformas que ampliaron los mecanismos de autorización automática para emisiones de deuda, acciones, fondos y fideicomisos.
En junio, por ejemplo, el organismo eliminó la autorización previa para una parte importante de las emisiones bajo determinados regímenes, una medida que buscó reducir tiempos y costos de acceso al mercado.
La nueva ley intentará consolidar y ampliar varios de esos cambios, además de otorgar una base legal más amplia a mecanismos que hasta ahora fueron implementados mediante resoluciones regulatorias.
Qué puede cambiar para empresas e inversores
Si el proyecto finalmente es aprobado, el impacto dependerá de cómo quede redactada la ley y de su posterior reglamentación.
Para empresas y pymes, el principal efecto buscado sería ampliar las fuentes disponibles para financiar capital de trabajo, inversiones o ventas a plazo.
Para los comercios, la posibilidad de negociar créditos originados en tarjetas podría ofrecer una alternativa a los mecanismos tradicionales de adelanto de fondos.
Para los inversores, la reforma podría ampliar el universo de instrumentos disponibles, aunque también obligará a definir reglas claras sobre información, garantías y riesgos.
El propio Gobierno plantea que uno de los objetivos es hacer crecer un mercado de capitales argentino que sigue siendo relativamente pequeño en comparación con otros países de la región.
La iniciativa todavía atraviesa su etapa de elaboración. Sturzenegger anticipó que será enviada al Congreso y el presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló que espera que eso ocurra “en breve”.
Hasta que el texto ingrese formalmente al Parlamento, los distintos puntos conocidos deben considerarse propuestas en preparación y no nuevas reglas vigentes.