Un decreto del Poder Ejecutivo reorganiza la Secretaría de Inteligencia de Estado, crea nuevas agencias, amplía facultades operativas y refuerza el carácter encubierto de sus tareas, en medio de cuestionamientos por el alcance de las atribuciones.
El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), al publicar en el Boletín Oficial el decreto 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete. La norma introduce cambios de fondo en la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), redefine competencias y crea nuevos organismos, al tiempo que amplía las facultades operativas del sistema de inteligencia.
La SIDE seguirá conducida por Cristian Auguadra y Diego Kravetz y se ratifica como órgano superior y rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). De acuerdo con el nuevo esquema, la secretaría queda integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia, cada una con autonomía técnica y funcional pero bajo conducción política de la SIDE.
Contrainteligencia y ciberseguridad
El decreto cambia la denominación de la antigua Agencia de Seguridad Nacional (ASN), que pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y asume la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”, ampliando el concepto de contrainteligencia e incorporando medidas pasivas obligatorias para todo el sector público.
En materia digital, la reforma distingue entre ciberseguridad —orientada a la protección de infraestructuras críticas— y ciberinteligencia, que se enfoca en el análisis de amenazas en el ciberespacio. En ese marco, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que se establece como autoridad nacional en la materia.
Mayor centralización y control del sistema
La reorganización refuerza la centralización en la SIDE, que concentrará la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia, incluida la supervisión de los gastos reservados. La secretaría queda facultada para requerir información a todo el sector público nacional, así como solicitar cooperación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cuando lo considere necesario.
El decreto también crea dos ámbitos de intercambio de información:
- La Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que reúne a organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF, y funciona como espacio permanente de coordinación y producción de inteligencia.
- La Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos civiles, que deberán aportar información estratégica sin realizar tareas propias de inteligencia.
En el plano militar, se dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO), con el objetivo de evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar.
Facultades operativas y carácter encubierto
Entre los puntos más sensibles, la norma autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad, repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Este último aspecto fue señalado como uno de los más controvertidos y ya generó rechazo en sectores de la oposición.
El decreto refuerza además el carácter encubierto de las tareas: se establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
A la vez, se reafirma la prohibición de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o de intervenir para influir en partidos, medios de comunicación o en la opinión pública.
Las designaciones de los directores de los principales organismos, que tendrán rango de secretario, deberán ser informadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, tal como prevé la legislación vigente.
Objetivos formales de la SIDE
El decreto también explicita y ordena los objetivos de la Secretaría de Inteligencia de Estado, entre los que se destacan:
- Conducir el esfuerzo de Inteligencia Nacional y Contrainteligencia y dirigir el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional.
- Planificar y ejecutar el ciclo de producción de inteligencia, articulando con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la DGIEMCO.
- Coordinar la relación con los organismos de inteligencia de otros Estados y con los ministerios competentes en defensa y seguridad.
- Requerir información a organismos del sector público y cooperación a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para el desarrollo de sus tareas.
- Entender en la lucha contra el terrorismo y en la inteligencia geoespacial en apoyo al sistema nacional.
- Gestionar la criptografía del SIN y asesorar al Poder Ejecutivo en materia de comunicación estratégica del Estado.
- Elaborar un informe anual de actividades de inteligencia para su presentación ante la Comisión Bicameral, para lo cual los organismos del SIN deberán aportar toda la información necesaria.
El decreto entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26.122 sobre control parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo.
