El vocero presidencial confirmó que un Decreto de Necesidad y Urgencia establecerá nuevas restricciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
El Gobierno nacional confirmó la inminente publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reformará la política migratoria argentina. La medida incluirá nuevos requisitos para acceder a la residencia y la ciudadanía, la deportación inmediata de extranjeros condenados por delitos y el cobro de aranceles a estudiantes universitarios sin residencia permanente.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que “Argentina fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma irregular”. El funcionario sostuvo que el país necesita establecer condiciones más estrictas para ordenar su sistema migratorio y proteger los recursos públicos.
El presidente Javier Milei ya había anticipado esta reforma en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo, señalando que “la Argentina no puede seguir siendo un centro de beneficiarios pagado por el bolsillo de los argentinos”.
Deportaciones y nuevos requisitos
Uno de los puntos centrales de la reforma será la deportación de todas las personas extranjeras condenadas por la Justicia argentina. Según Adorni, “con este Gobierno, eso se termina: los condenados serán deportados”. Además, se endurecerán los requisitos para obtener la residencia legal, que ahora se otorgará a quienes acrediten dos años de permanencia continua en el país.
También se establecerá el cobro de los servicios de salud para residentes temporarios y transitorios, así como la habilitación a las universidades nacionales para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. “Solo en ocho hospitales nacionales se gastaron 114.000 millones de pesos para atender a extranjeros”, denunció Adorni, como parte del argumento que justifica la medida.
Cambio de enfoque en la política migratoria
El vocero presidencial también aseguró que en los últimos años ingresaron “1,7 millones de inmigrantes ilegales” al país y que “hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas”. En ese sentido, el Ejecutivo buscará revertir el modelo de apertura migratoria que históricamente caracterizó a la Argentina, con el argumento de ordenar el sistema y priorizar a los ciudadanos nacionales.
Las nuevas disposiciones se oficializarán mediante un decreto que será publicado en los próximos días y forman parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
