La nueva normativa, vigente desde el 1º de junio, permite formalizar divisas sin justificar su origen. Se elimina el reporte de consumos personales e inversiones ante organismos fiscales.
En una extensa presentación encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional anunció este jueves el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, una batería de medidas orientadas a reincorporar al sistema financiero formal los dólares no declarados que actualmente se encuentran fuera del circuito económico.
Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen entre 200 y 300 mil millones de dólares en efectivo por fuera del sistema. Con esta normativa, que entrará en vigencia el 1º de junio, se habilitará la posibilidad de depositar divisas sin justificar su origen ni establecer un límite de monto.
“El objetivo es incentivar la remonetización de la economía argentina. Esta medida va a favorecer a los argentinos, va a generar empleo y permitirá acceder a mejores productos a mejores precios”, afirmó Caputo durante el anuncio.
No se trata de un blanqueo tradicional
Desde el Ejecutivo remarcaron que no se trata de un nuevo régimen de blanqueo, sino de un cambio estructural en el enfoque sobre el ahorro en moneda extranjera. El plan busca brindar mayor privacidad y seguridad jurídica a los ahorristas, eliminando múltiples mecanismos de control e información que regían hasta el momento.
Principales medidas anunciadas
Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Eliminación del régimen informativo de consumos personales con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Ya no se reportarán estas compras ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, ahora ARCA).
- Derogación del sistema CITI Escribanos, que obligaba a los escribanos a informar operaciones inmobiliarias y patrimoniales.
- Fin del régimen informativo para la compra-venta de vehículos usados, que ya no será reportado por concesionarios.
- Eliminación de la obligación de informar el pago de expensas, anteriormente obligatorio desde los $32.000.
- Supresión del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), que obligaba a informar operaciones de venta inmobiliaria.
- Fin del reporte de consumos relevantes de servicios públicos y telefonía.
- Prohibición a los bancos de solicitar declaraciones juradas impositivas para operar. En caso de que lo hagan, los usuarios podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor.
Las medidas se instrumentarán por etapas. Algunas entrarán en vigor de forma inmediata, mientras que otras, como el nuevo régimen general de depósitos, serán aplicables a partir del 1º de junio.