La administración de Javier Milei solicitó a la jueza Loretta Preska que suspenda la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes. También adelantó que presentará una apelación formal en los próximos días.
El Gobierno nacional presentó este martes una solicitud formal ante la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, para que suspenda la ejecución del fallo que ordena a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la empresa en 2012.
En la misma presentación, el Ejecutivo informó que apelará la decisión judicial en los próximos días, con el objetivo de frenar el avance del proceso de ejecución dispuesto por la magistrada.
Apoyo del Gobierno de EE.UU. y argumentos presentados
La carta enviada al tribunal destaca que la solicitud de suspensión es “crucial” y subraya que el propio Gobierno de los Estados Unidos apoyó la postura argentina en esta causa, al advertir los riesgos institucionales y diplomáticos que podría implicar una ejecución de esta magnitud.
Según indicó el analista Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales contra el Estado argentino, la Procuración del Tesoro podría reiterar el pedido de suspensión directamente ante la Corte de Apelaciones, en caso de que Preska lo rechace.
Desde la Casa Rosada aseguraron que no habrá negociación alguna con los fondos litigantes mientras no se resuelva de forma definitiva el proceso legal. La estrategia oficial apunta a discutir el monto de la condena, estimada en más de 16.000 millones de dólares, con el argumento de que existen fundamentos jurídicos para reducirla sustancialmente.
“Una sentencia de cumplimiento imposible”
Fuentes del Gobierno calificaron al fallo de Preska como una medida “de cumplimiento imposible” en su estado actual. “No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, sostuvieron.
Este lunes, la jueza ordenó a la Argentina transferir sus acciones clase D de YPF al Bank of New York Mellon (BNYM), que actuaría como custodio antes de entregarlas a los demandantes, en cumplimiento de una sentencia que el país aún no ha abonado.
Contexto del litigio
La disputa judicial se originó por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía. En 2023, Argentina fue condenada en primera instancia, y desde entonces mantiene una postura legal defensiva con recursos en distintas jurisdicciones estadounidenses.
