El acta incluye una recomposición salarial del 24,33%, aumento para gastos de funcionamiento, becas y hospitales universitarios. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo que la medida “no es definitoria ni suficiente” y mantendrá el reclamo judicial por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y las universidades públicas firmaron un acuerdo para avanzar en una recomposición salarial y presupuestaria, luego de un extenso conflicto que incluyó paros, marchas federales, reclamos legislativos y una disputa judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia.
El entendimiento contempla un incremento salarial del 24,33% para docentes y nodocentes universitarios. La suba se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los básicos de septiembre.
El acta también establece la reapertura de la paritaria universitaria, que volverá a reunirse el 15 de septiembre y luego deberá convocarse cada tres meses como máximo. El objetivo será continuar la discusión salarial de acuerdo con la evolución del IPC informado por el INDEC y con la recomposición pendiente por el desfasaje acumulado.
Además de la cuestión salarial, el acuerdo incluyó una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano y una partida adicional para hospitales universitarios, estimada en 50.000 millones de pesos.
La firma del acuerdo representa un alivio parcial para el sistema universitario, que venía reclamando una recomposición urgente frente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de las partidas destinadas al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional salió a marcar límites al alcance del entendimiento. En un comunicado, el organismo sostuvo que la actualización salarial y presupuestaria “es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”.
El CIN remarcó que la reapertura de la paritaria y la mejora acordada son resultado del reclamo sostenido de la comunidad universitaria, pero advirtió que no resuelven el problema estructural del financiamiento. En ese sentido, ratificó que la respuesta de fondo debe ser la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por ese motivo, las universidades mantendrán vigente la demanda judicial ante la Corte Suprema, donde reclaman el cumplimiento integral de la norma aprobada por el Congreso. El planteo seguirá en pie hasta que la ley sea aplicada en su totalidad.
El antecedente inmediato del acuerdo fue una serie de advertencias del propio CIN, que había señalado una caída real acumulada de las transferencias a universidades nacionales del 45,6% entre 2023 y 2026. También había advertido que los salarios universitarios registraban una pérdida de poder adquisitivo cercana al 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.
Con el acta firmada, el Gobierno busca descomprimir uno de los conflictos más sensibles de los últimos años. Para las universidades, en cambio, el acuerdo abre una instancia de recomposición, pero no clausura la discusión central: el financiamiento permanente, previsible y suficiente del sistema público universitario.