La baja participación en las elecciones del defensor del Pueblo del pasado 29 de junio no sólo encendió señales de alarma sobre el nivel de desapego ciudadano hacia esta figura institucional. También abrió un nuevo capítulo en el plano legislativo. En el Concejo de Representantes ya ingresaron dos proyectos que proponen reformar la Carta Orgánica Municipal, aunque con enfoques distintos: uno plantea directamente eliminar la Defensoría, el otro condiciona su continuidad a futuras decisiones del poder político local. Vale recordar que, en plena campaña, el entonces candidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá fue el único que se presentó con la propuesta de cerrar la defensoría del Pueblo.
Quaranta propone suprimir la institución
El concejal Carlos Quaranta, del bloque Carlos Paz Inteligente, presentó una iniciativa para reformar parcialmente la Carta Orgánica y eliminar la institución de la Defensoría del Pueblo y su adjunto. Para ello propone suprimir todo el capítulo III (artículos 171 a 181) del Título Segundo de la norma fundamental.
El proyecto prevé la convocatoria a una Convención Constituyente exclusiva para llevar adelante esa modificación, con plazos concretos: la elección de convencionales debería concretarse dentro de los 60 días posteriores a la sanción de la ordenanza, y la Convención contaría con 30 días corridos para expedirse.
“La Defensoría del Pueblo, lejos de cumplir el rol de defensa de los derechos y garantías de los vecinos; y ejercer el control sobre el Gobierno Municipal, solo se ha convertido en una estructura costosa, estéril, carente de autonomía e independencia”, argumentó Quaranta.
El edil consideró que el resultado electoral del 29 de junio —donde votó apenas el 17% del padrón— “constituye una interpelación concluyente”. “El 83% de los vecinos no fue a votar. No podemos seguir avalando estructuras vacías, decorativas, carentes de legitimidad”, remarcó.
Quaranta también justificó la necesidad de una Convención Constituyente al señalar que el mecanismo de reforma por enmienda, previsto en el artículo 235 de la Carta Orgánica, sólo permite modificar hasta dos artículos por vez, lo que lo torna inaplicable en este caso.
“Si existe voluntad real de acompañar esta propuesta, antes que finalice el año 2025 la institución de la Defensoría del Pueblo, que no ha encontrado sentido de pertenencia en Carlos Paz, será parte del pasado”, expresó.
Velázquez impulsa una enmienda para condicionar su vigencia
Por otro camino, el dirigente radical y expresidente del Concejo, Daniel Velázquez, presentó una propuesta de enmienda que no elimina la figura institucional, pero propone condicionar su continuidad. La iniciativa plantea agregar un párrafo al artículo 171 de la Carta Orgánica, estableciendo que el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo —actual y futuro— quede supeditado a una decisión del Concejo de Representantes, aprobada por mayoría extraordinaria (cuatro quintos), y a su vez ratificada mediante decreto por el Departamento Ejecutivo.
En caso de aprobarse esta enmienda, el organismo cesaría su actividad automáticamente hasta tanto se cumplan ambas condiciones.
Velázquez justificó su propuesta al señalar que “la defensoría del Pueblo se encuentra en funcionamiento con marcados resultados negativos” y que su costo operativo representa “más de dos millones de dólares por cada período de cuatro años”. También consideró que el resultado electoral del 29 de junio evidencia “un rechazo indubitable” por parte de la ciudadanía hacia esta figura institucional.
“Sabemos que hay concejales que comparten este pensamiento, como así también el 83% de nuestros convecinos”, afirmó, y solicitó que el proyecto sea tratado con carácter de urgencia.
Un debate que se instala
Ambas iniciativas plantean la necesidad de revisar el diseño institucional de la Defensoría del Pueblo, a más de una década de su implementación. Mientras una impulsa su eliminación directa, la otra propone mantener la figura, pero bajo la condición de una ratificación política posterior.
Lo que está claro es que el resultado electoral y el creciente descrédito de la institución han puesto en cuestión su continuidad, legitimidad y sentido dentro del sistema político local.
Nota correspondiente a la edición n° 613 del periódico La Jornada, del 30 de julio de 2025.