La convocatoria está prevista para este jueves a las 14, aunque los bloques opositores todavía no reúnen los 129 diputados necesarios para abrir el recinto. El oficialismo consiguió el respaldo del PRO y la UCR para avanzar con la restitución de la Ley de Tierras y busca trasladar el debate sobre discapacidad y endeudamiento familiar a la próxima semana.
La Cámara de Diputados será escenario este jueves 15 de octubre de una nueva disputa parlamentaria por el DNU 70/2023, el decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión. La oposición intentará reunir el quórum necesario para rechazarlo, pero las negociaciones del oficialismo con bloques aliados y legisladores que responden a gobernadores provinciales redujeron considerablemente las posibilidades de concretar la sesión.
La convocatoria está fijada para las 14, a pedido del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros legisladores opositores. Antes, a las 12:30, se realizará una reunión de Labor Parlamentaria para coordinar el desarrollo de la jornada.
El primer obstáculo será reunir 129 diputados presentes, el número necesario para habilitar el debate. Hasta la mañana de este jueves, los distintos recuentos parlamentarios ubicaban las adhesiones opositoras por debajo de esa cifra, aunque todavía permanecían abiertas las negociaciones con representantes de varias provincias.
La convocatoria incluye tres asuntos: el rechazo del DNU 70/2023, la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y un proyecto destinado a establecer un régimen de alivio para las familias endeudadas.
Sin embargo, la discusión sobre el decreto concentra la principal disputa política. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024 y, si Diputados adopta la misma decisión, quedaría derogado conforme al procedimiento establecido por la Ley 26.122.
El acuerdo por la Ley de Tierras cambió el escenario
La estrategia del oficialismo comenzó a dar resultados este miércoles, cuando La Libertad Avanza consiguió un dictamen de mayoría para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el respaldo del PRO, la UCR y otros legisladores aliados.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, incorporó dos artículos que proponen dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023 y restituir la vigencia de la Ley 26.737.
La modificación representa un cambio de posición del Gobierno, que había eliminado las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros como parte de su programa de desregulación económica.
El acuerdo permitió atender uno de los principales cuestionamientos de legisladores que, aun manteniendo posiciones cercanas al oficialismo, rechazaban la eliminación de esos límites.
La Ley de Tierras establece un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las superficies rurales del país y restricciones adicionales a la concentración de propiedades.
La controversia se había intensificado después de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema. El 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo del DNU que derogaba esa legislación, con lo cual las restricciones recuperaron vigencia provisionalmente.
El nuevo dictamen legislativo busca resolver la cuestión mediante una ley, pero todavía no implica que el Congreso haya aprobado la restitución definitiva de la normativa.
La estrategia para bloquear el quórum
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a otra sesión especial para el próximo miércoles 21 de octubre a las 12, a pedido del jefe del bloque libertario, el cordobés Gabriel Bornoroni.
El temario incorpora el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con las iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar que también forman parte de la convocatoria opositora de este jueves.
De esa manera, el oficialismo ofrece a sus aliados una alternativa para discutir los asuntos pendientes sin habilitar una votación sobre el rechazo integral del DNU 70/2023.
La maniobra también busca reducir la presión sobre legisladores de bloques provinciales que habían manifestado interés en avanzar con las otras iniciativas.
Según los recuentos difundidos durante la mañana, la oposición contaría con alrededor de 120 a 122 diputados dispuestos a participar, aunque las estimaciones no son uniformes y dependen de confirmaciones individuales.
Entre los espacios que impulsan la sesión aparecen Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y distintas bancadas minoritarias.
En cambio, La Libertad Avanza, el PRO y una parte de la UCR sostienen la estrategia de impedir que se alcance el quórum.
En ese escenario, las decisiones de legisladores vinculados con los gobernadores de Salta, Tucumán, Santa Fe y Chubut aparecen entre los factores que podrían definir el resultado de la convocatoria.
Las posiciones de los diputados cordobeses
Entre los legisladores que mantienen su intención de participar se encuentra Natalia de la Sota, quien ya había confirmado su posición favorable al rechazo del decreto, como informó oportunamente La Jornada.
También el diputado cordobés Juan Brügge, integrante de Provincias Unidas, ratificó su postura contraria a la continuidad del DNU.
En declaraciones a TN, sostuvo que el Congreso debe avanzar con el rechazo de la norma y cuestionó que la alternativa impulsada por el oficialismo prolongue la incertidumbre sobre la Ley de Tierras.
Brügge advirtió que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al haber sido modificado en Diputados, deberá regresar al Senado para completar su tratamiento legislativo. Además, recordó que una eventual sanción podría quedar sujeta a una decisión posterior del Poder Ejecutivo.
Desde su perspectiva, rechazar el DNU permitiría resolver de manera más directa la controversia sobre la derogación de la Ley de Tierras.
El oficialismo, por su parte, sostiene que dejar sin efecto todo el decreto tendría consecuencias sobre numerosas regulaciones económicas y comerciales que fueron modificadas desde diciembre de 2023.
Qué ocurre si la oposición no consigue abrir la sesión
El desenlace inmediato dependerá del quórum. Si la oposición no reúne los 129 diputados necesarios, la sesión no podrá comenzar y ninguno de los asuntos incluidos en la convocatoria llegará a votarse.
En ese caso, el DNU 70/2023 continuará vigente, con las modificaciones legales y restricciones judiciales que actualmente afectan algunas de sus disposiciones.
Si, por el contrario, se alcanza el quórum, Diputados podrá avanzar con el tratamiento del decreto. Para rechazarlo necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de los legisladores presentes.
La Ley 26.122 establece que los decretos de necesidad y urgencia solo quedan derogados cuando ambas cámaras del Congreso se pronuncian expresamente en contra. Como el Senado ya rechazó el DNU 70/2023, una decisión equivalente de Diputados completaría ese procedimiento, sin afectar los derechos adquiridos durante su vigencia.
Por ahora, ninguna de esas alternativas está definida.
La oposición mantiene la convocatoria y busca sumar las últimas voluntades, mientras el Gobierno apuesta a que los acuerdos alcanzados con sus aliados impidan abrir el recinto.
La definición de este jueves marcará así el resultado de una disputa que excede la Ley de Tierras: está en juego la continuidad de uno de los principales instrumentos normativos utilizados por Milei desde el inicio de su presidencia.