La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. El proyecto establece un sistema permanente de protección, garantiza pensiones y prestaciones, actualizaciones de aranceles y recursos presupuestarios. El oficialismo aceptó modificaciones reclamadas por la oposición para alcanzar un amplio consenso. Ahora deberá tratarlo el Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción durante la madrugada de este jueves a un nuevo régimen nacional de discapacidad, destinado a garantizar de manera permanente las prestaciones, pensiones y recursos necesarios para la atención de las personas con discapacidad. El proyecto fue aprobado con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, después de una extensa negociación que permitió reunir el respaldo del oficialismo, sus aliados y gran parte de la oposición.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el esquema de emergencia, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de este año, por una normativa estable que establezca obligaciones de financiamiento y protección de derechos.
El resultado fue posible después de que La Libertad Avanza aceptara una serie de modificaciones propuestas por otros bloques, especialmente sobre las condiciones de acceso a las pensiones, la cobertura sanitaria, los pagos adeudados a prestadores y las garantías presupuestarias.
El acuerdo terminó incorporando a Unión por la Patria, que inicialmente impulsaba la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.
Qué establece el nuevo régimen de discapacidad
El proyecto aprobado conserva buena parte de los derechos y beneficios reconocidos por la Ley 27.793, pero propone transformarlos en garantías de carácter permanente.
Entre sus principales disposiciones se destacan:
- Pensiones no contributivas: mantiene la prestación mensual equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo para las personas que reúnan los requisitos establecidos.
- Compatibilidad con el empleo: permite conservar la pensión por discapacidad cuando el beneficiario tiene un trabajo formal o está inscripto como monotributista, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Prestaciones básicas: preserva el sistema de atención establecido por la Ley 24.901 y el nomenclador único de aranceles para los servicios destinados a personas con discapacidad.
- Actualización de aranceles: garantiza mecanismos de actualización mensual vinculados con la inflación, para sostener los valores que perciben los prestadores.
- Cobertura de salud: asegura la continuidad de las prestaciones sanitarias para titulares de pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral, mediante Incluir Salud o el programa que lo reemplace.
- Deudas con prestadores: establece un procedimiento para regularizar las compensaciones pendientes por servicios ya brindados.
- Auditorías: incorpora controles periódicos sobre los requisitos para mantener las pensiones, mediante el cruce de registros públicos y procedimientos que garanticen el derecho de defensa.
La propuesta también contempla capacitación del personal que presta servicios a personas con discapacidad, publicación de información sobre los recursos utilizados y mecanismos de coordinación entre la Nación y las provincias.
Uno de los cambios incorporados durante las negociaciones fue la inclusión de requisitos más precisos para acceder a las pensiones dentro del texto legislativo. La versión anterior dejaba una parte importante de esas condiciones a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Más garantías de financiamiento y un plazo para pagar las deudas
La discusión presupuestaria fue uno de los puntos centrales del acuerdo parlamentario.
El texto aprobado establece que las leyes de Presupuesto deberán contemplar créditos suficientes para sostener el sistema de discapacidad y que los recursos por beneficiario no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
También se incorporó la posibilidad de recurrir a las obligaciones a cargo del Tesoro nacional cuando los fondos específicos resulten insuficientes para afrontar las prestaciones.
La modificación respondió a los reclamos de legisladores que exigían mecanismos concretos para garantizar la aplicación de la nueva normativa.
Otro punto relevante es la regularización de las deudas con instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.
El proyecto establece que, si todavía existen compensaciones pendientes cuando se sancione la ley, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá informar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos y completar la cancelación en un plazo máximo de 90 días.
La situación de los prestadores fue uno de los principales motivos de las movilizaciones y reclamos registrados durante este año, especialmente por el atraso de los aranceles y las dificultades financieras para sostener tratamientos, transporte y servicios de rehabilitación.
El acuerdo que permitió reunir 237 votos
La votación fue el resultado de negociaciones que se extendieron hasta pocas horas antes del tratamiento en el recinto.
La diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, encabezó las conversaciones del oficialismo, junto con Giselle Castelnuovo. Del lado opositor tuvieron un papel destacado el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, y Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.
Herrera Ahuad planteó una serie de modificaciones relacionadas con el financiamiento y la protección de los beneficiarios, que fueron incorporadas durante la discusión.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, anunció que el oficialismo aceptaba las propuestas.
“Vamos a aceptar todas las modificaciones”, confirmó el legislador, en una intervención que fue recibida con aplausos.
Desde Unión por la Patria, Juan Marino, autor del proyecto original para extender la emergencia, explicó que el bloque decidió acompañar la nueva iniciativa después de consultar con organizaciones del sector y conseguir cambios que consideró relevantes.
Sin embargo, reclamó que el Congreso y las entidades sociales continúen exigiendo la aplicación efectiva de las obligaciones legales.
Rodríguez Machado defendió el acuerdo al señalar que “la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal”, mientras que Huesen sostuvo que las personas con discapacidad necesitan garantías permanentes, sin depender de sucesivas declaraciones de emergencia.
Ocho diputados cordobeses votaron en contra
Aunque el proyecto obtuvo una mayoría superior a los dos tercios, el rechazo tuvo un componente particularmente significativo en Córdoba.
Ocho de los nueve votos negativos correspondieron a legisladores cordobeses, entre ellos los seis representantes de Provincias Unidas vinculados con el gobernador Martín Llaryora: Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Brügge.
También votaron en contra Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, y Gabriela Estévez, de Unión por la Patria. El noveno rechazo correspondió a la mendocina Lourdes Arrieta.
Los diputados cordobeses cuestionaron que las organizaciones de personas con discapacidad de la provincia no hubieran participado suficientemente en la elaboración de la nueva propuesta y mantuvieron su posición favorable a prorrogar la emergencia vigente.
Ese reclamo fue respaldado por entidades como la Mesa de Discapacidad de Córdoba, la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión, Federación Converger, el Colectivo 3 de Diciembre y la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (CAPREDIS).
Basualdo sostuvo que su voto respondía a la posición expresada por esas organizaciones y cuestionó la falta de confianza en el cumplimiento de los compromisos oficiales.
Por su parte, De la Sota planteó dudas sobre los motivos del cambio de posición del Gobierno y defendió la continuidad de la emergencia como mecanismo de protección.
Los cuatro diputados del Frente de Izquierda se abstuvieron, al mantener sus cuestionamientos al acuerdo alcanzado entre los bloques mayoritarios.
Qué falta para que el proyecto se convierta en ley
Con la aprobación de Diputados, la iniciativa deberá continuar su tratamiento en el Senado de la Nación, donde podrá ser debatida en comisiones y posteriormente sometida a votación.
Si la Cámara alta aprueba el mismo texto, el proyecto quedará sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si introduce modificaciones, deberá regresar a Diputados.
El resultado de la votación representa un avance importante en una discusión que durante los últimos meses enfrentó al Gobierno con organizaciones de personas con discapacidad, familiares, prestadores e instituciones.
La principal diferencia con el esquema vigente es la intención de establecer obligaciones permanentes de financiamiento, cobertura y actualización de prestaciones, superando la necesidad de prorrogar periódicamente una declaración de emergencia.
El debate continuará ahora en el Senado, donde se definirá el futuro de una legislación que tendrá consecuencias directas sobre el acceso a tratamientos, la continuidad de las pensiones y el funcionamiento de los servicios de atención en todo el país.