La comisión de juicio político del Congreso, debatía este viernes los detalles finales de la sesión que debe durar hasta las 3 del sábado para que el lunes sus 65 miembros voten sobre el parecer del relator Jovanir Arantes, quien respaldó el juicio político de la mandataria.
Los alineamientos de cara a la votación del juicio político en el recinto de la Cámara de Diputados planificada para el domingo 17 coinciden con la matemática de los negociadores, tanto de un lado como del otro, teniendo en cuenta que la oposición necesita 342 votos (dos tercios) para darle el curso al juicio político en el Senado y debilitar aún más a la jefa del Estado.
Datafolha informó que si bien creció un 15% y llegó a 60% la intención de los diputados a favor del impeachment, ese número todavía no alcanza.
En una agenda en Rio de Janeiro (inauguró el Parque Acuático Olímpico para Rio 2016 y entregó 4.500 viviendas populares construidas por el gobierno), Rousseff volvió a fustigar a los que apuestan en el “cuanto peor, mejor” para desestabilizar su gobierno.
Por la tarde, y frente a manifestaciones “contra el golpe” por parte de militantes de izquierda y de los beneficiarios del plan Mi Casa Mi Vida, la presidenta explicó en forma didáctica que según ella no practicó delitos de responsabilidad -como la acusa el diputado instructor de la comisión-, por lo que no es pasible de ser sometida a juicio político.
“No cometí ningún delito de responsabilidad, no habrá golpe, porque eso sería un ataque a la democracia”, agregó y volvió a denunciar que los planes sociales están en riesgo en caso de su caída y una eventual asunción del vicepresidente Michel Temer, quien ha pasado a la oposición con la dirección nacional del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña.
“Quien pretende interrumpir mi mandato es justamente aquel tipo de proyecto que considera un error del gobierno federal poner recursos para hacer un programa como Mi Casa Mi Vida”, acusó Rousseff.
La mandataria, si bien no lo había anunciado oficialmente, canceló su participación el 21 de abril en Olimpia, Grecia, del inicio del recorrido de la antorcha olímpica que deberá llegar a Rio de Janeiro el 5 de agosto para la inauguración de los Juegos Olímpicos, según dijo a Télam una fuente del Palacio del Planalto.
En caso de salida del país, quedará a cargo del Poder Ejecutivo el vicepresidente Temer, quien desarrolla el plan “Un puente para el futuro” en caso de que deba sustituir a Rousseff.
La disputa política se traslada a la Justicia sobre todo a partir de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede llegar a la fecha de votación del juicio político sin haber asumido el cargo de jefe de gabinete de ministros, designación que está suspendida por una medida cautelar del juez abiertamente opositor Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal y a partir de hoy titular del Superior Tribunal Electoral.
El plenario del Supremo Tribunal debe decidir por mayoría si Lula está autorizado a asumir como ministro o lo hizo para ganar fueros y escapar de la investigación del juez de primera instancia Sergio Moro, que investiga el caso Petrobras y quien el 4 de marzo lo obligó a declarar por la fuerza, mediante el allanamiento en su vivienda.
“No sabemos si la semana que viene o el día 20 el asunto Lula será tratado”, dijo un portavoz de la corte a Télam, un día después de que el fiscal general recomendara a la corte impedir la asunción de Lula, en un nuevo capítulo del choque de intereses entre poderes y facciones políticas.
En una de estas batallas, el titular de la Cámara de Diputados de Brasil, el opositor Eduardo Cunha, amenazó hoy con abrir otros nueve pedidos de juicio político contra Rousseff en caso de que la máxima corte insista en incluir en un proceso similar a su aliado, el vicepresidente Temer.
Lo hizo al rechazar la determinación en forma cautelar del juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal, que indicó que así como autorizó en diciembre el juicio político contra Rousseff por firmar decretos sobre la ley presupuestaria, también debería hacerlo con Temer, que también puso su rúbrica.
“Si esta decisión del juez de la corte tiene que ser implementada, no me quedan dudas de que todos los pedidos de juicio político contra la presidenta deberán ser abiertos también”, dijo Cunha, del PMDB de Temer.
Cunha, acusado de “chantajista” por el Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, defendió la idea de instalar el domingo 17 la sesión en el pleno de la Cámara de Diputados para que se vote si se debe enviar al Senado -cámara juzgadora- el juicio político para destituir a Rousseff.
El titular de Diputados, procesado por corrupción por la suprema corte, lanzó una advertencia a los disputados que decidan por estar ausentes e la sesión definitoria, lo cual perjudica a la estrategia opositora de reunir dos tercios (342 votos) necesarios.
“La ausencia en la sesión va a generar sospechas, va a generar dudas sobre el carácter de los diputados”, sostuvo.
El jefe de diputados calificó como un “absurdo” la decisión del juez Mello de obligarlo a abrir el juicio político contra Temer y es por eso que apeló para que el pleno del Supremo Tribunal Federal intente revisar la cuestión.
Cunha negó haber planificado llegar al domingo 17 para la votación clave con el objetivo de reunir manifestaciones opositoras en torno al Congreso, en Brasilia, al afirmar: “No soy favorable ni contrario. La adhesión popular ocurrirá cualquier día de votación, eso es una consecuencia natural de un proceso que debe ser cerrado”.
“Lo que yo preveo son tres días de sesión, son 513 parlamentarios, con una votación de 8 horas, no quiere decir que esto se termine el domingo 17, puede extenderse hasta el lunes 18”, evaluó Cunha, quien adelantó que romperá la tradición como jefe de la cámara baja y no se abstendrá en la votación a favor del impeachment.
En San Pablo, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza de oposición del país, cerró filas y declaró su apoyo al juicio político durante un acto realizado por sus principales dirigentes, el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, y los senadores Aecio Neves y José Serra.
“El PSDB reafirma su compromiso absoluto con la interrupción del mandato de la presidenta por la vía constitucional del juicio político, no por haber disputado con ella la elección, sino por la constatación de que perdió las condiciones mínimas de gobernar”, dijo el presidente del PSDB, Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones de octubre de 2014.
Los “tucanos”, como se conocen a los del PSDB, realizaron una reunión para unir criterios frente al escenario e la votación del juicio político en la Cámara de Diputados en el Palacio de los Bandeirantes, sede de la gobernación del estado de San Pablo.
Además de Neves, estuvieron presentes el ex presidente Cardoso (1995-2002), los gobernadores de San Pablo, Geraldo Alckmin; de Mato Grosso, Pedro Taques, y de Paraná, Beto Richa.
“Por muy penoso que sea interrumpir un mandato, más penoso es ver a Brasil deshacerse y ver que no existe posibilidades de reconstrucción con este gobierno, que tuvo oportunidades y no las aprovechó”, dijo Cardoso a la prensa.
Luego de la reunión, Neves se unió a un acto por el juicio político en la central sindical opositora Fuerza Sindical, del diputado Paulo Pereira da Silva, uno de los principales aliados de Cunha en el Congreso.