Un informe del CEPA muestra una aceleración extraordinaria de la morosidad de los hogares: la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,8% entre fines de 2024 y junio de 2026 y entre los proveedores no financieros trepó del 7,3% al 30,1%. Santiago Margulis, analista del centro, vincula el fenómeno con la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los gastos fijos y un uso creciente del crédito para completar ingresos.
La morosidad de los hogares argentinos se aceleró con fuerza durante el último año y medio y dejó un escenario que combina más personas endeudadas, mayores dificultades para cumplir con préstamos y tarjetas y un deterioro todavía más pronunciado entre quienes recurren al financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre información del Banco Central y del CENDEU, hay 20,96 millones de personas endeudadas y 5,91 millones con al menos una deuda en situación irregular. Desde febrero de 2024, alrededor de 2,6 millones de personas se incorporaron al universo de morosos.
El salto aparece con particular claridad en los indicadores de incumplimiento. La mora bancaria de las familias pasó del 2,5% a fines de 2024 al 12,8% en junio de 2026. Entre los proveedores no financieros de crédito —un universo que incluye billeteras, fintech y otras alternativas— avanzó en el mismo período del 7,3% al 30,1%.
Para Santiago Margulis, analista económico del CEPA, detrás de esa aceleración existe un problema que excede al sistema financiero.
“Es muy claro que la causa de la morosidad actual es que la gente no llega a fin de mes”, sostuvo en una entrevista con VillaNos Radio.
La afirmación expresa la interpretación económica del CEPA sobre los datos. Las estadísticas muestran el crecimiento de la mora; la relación con la pérdida de ingresos, el aumento de los gastos fijos y la necesidad de endeudarse para cubrir consumos cotidianos forma parte del diagnóstico elaborado por el centro.
Casi seis millones con deudas irregulares
Una primera distinción resulta indispensable para dimensionar correctamente el fenómeno: tener una deuda no equivale a estar en mora.
El universo total alcanza a casi 21 millones de personas con alguna obligación financiera. Dentro de ese conjunto, 5,91 millones presentan deudas que ya ingresaron en situaciones de irregularidad.
Margulis lo explicó durante la entrevista a partir del umbral de los 90 días de atraso.
“Son 6 millones los argentinos que tienen una deuda que no pueden pagar hace más de 90 días, eso es lo que se considera moroso”, señaló.
El informe advierte además sobre una franja que todavía no aparece dentro de los indicadores más graves: obligaciones que no llegaron a una situación formal de mora, pero ya están clasificadas en categorías de mayor riesgo.
Ese dato agrega una dimensión relevante al cuadro actual. El deterioro observado hasta junio podría profundizarse si una parte de esas deudas avanza hacia etapas de incumplimiento más severas.
De 2,5% a 12,8% en menos de dos años
La velocidad del deterioro bancario es uno de los datos más contundentes del relevamiento.
A fines de 2024, la mora familiar se ubicaba alrededor del 2,5%. En junio de este año había alcanzado el 12,8%.
“Estamos en 12,8 con bancos hoy, en noviembre del 24 era 2,5”, remarcó Margulis.
Durante la entrevista comparó el nivel actual con otros momentos de fuerte tensión económica: mencionó una mora cercana al 5,1% durante la pandemia y de aproximadamente 5,5% en la crisis de 2009.
“Estamos hablando más del doble de lo que fue en la pandemia”, graficó.
El deterioro se concentra especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito, dos de las herramientas más directamente relacionadas con el financiamiento del consumo de los hogares.
Pero si el crecimiento de la mora bancaria es significativo, el panorama entre los proveedores no financieros resulta todavía más delicado.
Billeteras y crédito no bancario: la mora llegó al 30,1%
Entre fines de 2024 y junio de 2026, la mora entre los proveedores no financieros pasó del 7,3% al 30,1%.
Para Margulis, el crecimiento de ese segmento está estrechamente relacionado con personas que tienen menor acceso a los canales tradicionales de financiamiento, especialmente trabajadores informales o usuarios que ya encuentran dificultades para obtener crédito bancario.
“El que labura en negro solo le queda la billetera”, sostuvo.
El problema, según su análisis, es que ese acceso suele producirse en condiciones más costosas y sobre un segmento que ya parte de una situación financiera más frágil.
“Le cobran mucho más caro a un segmento mucho más vulnerable”, afirmó.
De acuerdo con los números expuestos durante la entrevista, casi 3 millones de las personas que se encuentran en mora tendrían deudas con este tipo de proveedores.
No se trata de otros tres millones que deban agregarse a los 5,91 millones totales. Margulis fue explícito en esa distinción: forman parte del mismo universo.
“20 millones endeudados, 6 millones que no lo pueden pagar y de estos 6 millones que no pueden pagar, 3 son con billetera”, resumió.
Del faltante de fin de mes a una deuda difícil de desarmar
Uno de los aspectos sobre los que CEPA pone el foco es que el crecimiento del crédito digital no necesariamente responde a grandes compras.
En muchos casos, según Margulis, se trata de montos menores que aparecen para cubrir un faltante cotidiano.
“Es ese puchito que no llegaste a fin de mes, que lo pediste y después nunca lo pudiste pagar”, describió.
La deuda promedio entre las personas en mora ronda, según explicó, los $2,5 millones por persona. En el caso de las billeteras, el monto medio sería menor y se ubicaría alrededor del millón de pesos.
La dificultad no está solamente en el importe inicial, sino en lo que ocurre después. Para el analista, una persona que toma una suma pequeña porque necesita completar sus ingresos puede ingresar rápidamente en una dinámica de refinanciación si no logra cancelar la primera obligación.
“Entonces pide un poco por desesperación, un poco porque es lo único que tiene y muy rápidamente se arma una bola de nieve muy difícil de pagar”, sostuvo.
Esa lógica es la que CEPA define como una “precarización del endeudamiento”: no solamente aumenta la cantidad de personas que recurren al crédito, sino también el peso de mecanismos más caros entre hogares con ingresos más inestables.
Los jóvenes, los más afectados
El deterioro atraviesa diferentes edades, pero el informe encuentra una incidencia especialmente importante entre los sectores más jóvenes.
Los menores de 35 años representan casi cuatro de cada diez personas morosas y presentan las tasas de incumplimiento más elevadas.
“La realidad es que es algo transversal a todas las edades”, aclaró Margulis.
Pero inmediatamente marcó la diferencia: “Los más afectados son los jóvenes”.
El CEPA vincula esa mayor exposición con una combinación de desempleo, informalidad, inestabilidad de ingresos y utilización más frecuente de herramientas digitales para acceder al crédito.
Nuevamente, esa relación causal corresponde al análisis del centro y debe diferenciarse de los datos objetivos sobre distribución etaria de la mora.
Córdoba: una tasa menor, pero casi 500 mil personas en mora
El informe permite también observar diferencias territoriales.
Córdoba registra una tasa de morosidad del 12,9%, relativamente baja frente a otras jurisdicciones.
Sin embargo, el volumen absoluto sigue siendo considerable por el peso poblacional de la provincia: alrededor de 498 mil personas presentan alguna deuda en situación irregular.
El dato muestra una particularidad importante. Una tasa relativamente contenida frente a otras provincias no implica necesariamente un impacto social reducido cuando se traduce en cantidad de personas.
CEPA pone el foco en los ingresos
Para Margulis, el salto de la mora comenzó a hacerse especialmente visible hacia fines de 2025.
“Desde noviembre de 2025 vos estás teniendo un aumento de la mora”, afirmó.
Su lectura es que ese proceso coincidió con el estancamiento y posterior pérdida del poder adquisitivo.
“El salario se estanca y empieza a caer en términos reales”, sostuvo.
A eso sumó un segundo elemento: el aumento del peso relativo de gastos que resultan difíciles de recortar, como servicios públicos, transporte, alquiler o educación.
El resultado es una reducción del ingreso disponible, es decir, del dinero que queda después de afrontar las obligaciones básicas.
Desde esa perspectiva, CEPA interpreta que una parte del endeudamiento dejó de estar asociada a consumos extraordinarios y comenzó a funcionar como un complemento del ingreso corriente.
Un deterioro que tarda meses en aparecer en las estadísticas
Hay además un desfase temporal que Margulis considera importante para interpretar los números.
Una persona no ingresa en mora el mismo día en que empieza a tener problemas económicos.
Primero aparece el faltante de ingresos. Después puede recurrir a una deuda. Más adelante comienza el atraso y recién cuando transcurre determinado período ese incumplimiento aparece reflejado en los indicadores más graves.
“Estamos hablando de cuatro o cinco meses de retraso desde el momento que vos entraste en la deuda hasta que pasaste a ser moroso”, explicó.
Por eso, los datos de junio pueden estar mostrando dificultades originadas varios meses antes.
La otra cara de esa demora es más preocupante: parte de los problemas actuales todavía podría no haber llegado a expresarse plenamente en las estadísticas de mora.
La discusión por las billeteras: monto total o cantidad de personas
El peso del crédito digital abrió también una controversia sobre cómo medir el problema.
Según relató Margulis, desde el entorno de Mercado Libre se cuestionó el énfasis puesto por CEPA sobre las billeteras porque representan una proporción menor del monto total de dinero en mora.
La respuesta del centro fue concentrarse en otra variable.
“Nosotros preferimos poner el foco en la cantidad de gente”, sostuvo.
La diferencia no es menor. Un proveedor puede representar un porcentaje relativamente pequeño del volumen total adeudado y, al mismo tiempo, concentrar a una enorme cantidad de usuarios con obligaciones individuales más bajas.
“Tenés mucha gente que pide relativamente poco”, explicó.
Desde esa perspectiva, el indicador relevante para CEPA no es solamente cuántos pesos permanecen impagos, sino cuántas personas están recurriendo a ese financiamiento y en qué condiciones lo hacen.
Margulis sumó además un cuestionamiento sobre la determinación de las tasas ofrecidas por algunas plataformas. Relató una experiencia realizada entre distintos usuarios en la que recibieron costos diferentes para operaciones similares.
“A cada uno de los que estábamos ahí les ofrecían una tasa distinta”, afirmó.
Su planteo apunta a la necesidad de mayor claridad sobre qué información y qué variables utilizan las plataformas para definir el costo que ofrecen a cada persona.
“Por lo menos alguna transparencia tiene que haber”, sostuvo.
Cuando baja la mora, la deuda puede seguir existiendo
Otro elemento metodológico obliga a mirar con cautela incluso una eventual mejora futura de los indicadores.
Margulis explicó que los bancos pueden vender carteras morosas a empresas dedicadas al recupero de deudas. Cuando eso ocurre, la obligación deja de aparecer de la misma manera dentro del balance de la entidad original, aunque para la persona endeudada el problema continúa.
“Para el banco deja de existir. Ahora, esta familia sigue endeudada”, explicó.
Por ese motivo, una reducción de la mora bancaria no implica necesariamente que todas las familias involucradas hayan recuperado capacidad de pago.
“No es que empiece a bajar porque la gente paga, empieza a bajar porque el banco vende la cartera”, sostuvo al describir uno de los mecanismos que pueden modificar el indicador.
La venta de carteras es uno de los factores que puede incidir sobre las estadísticas y no significa que cualquier descenso futuro deba atribuirse exclusivamente a ese proceso.
Refinanciar la deuda, pero también recomponer ingresos
Frente al deterioro, Margulis consideró que una política de refinanciación podría ofrecer cierto alivio a quienes ya ingresaron en mora.
Entre las alternativas mencionó extender los plazos y reducir las tasas para facilitar la reestructuración de obligaciones difíciles de cancelar bajo las condiciones actuales.
“Tenés que alargar el plazo, bajar la tasa”, planteó.
También consideró necesaria una intervención del Banco Central y del Ministerio de Economía para generar herramientas que eviten que una porción creciente de la población quede definitivamente expulsada del crédito formal.
Pero, para CEPA, ninguna refinanciación resolverá por sí misma el problema si persiste el deterioro que identifica en los ingresos.
“Principalmente, que es el problema de fondo, es que hay que hacer algo con los ingresos”, sostuvo Margulis.
Allí está el centro de la interpretación del informe: los datos del Banco Central y del CENDEU muestran una aceleración extraordinaria de la mora; CEPA atribuye buena parte de ese proceso a hogares con menos ingreso disponible, mayores gastos fijos y una necesidad creciente de financiar consumos cotidianos.
Detrás de esa discusión queda una dimensión difícil de relativizar: casi seis millones de personas ya tienen deudas irregulares, alrededor de 2,6 millones se incorporaron a ese universo desde febrero de 2024 y existe además un volumen de obligaciones que todavía no ingresó en las categorías más graves, pero ya presenta señales de riesgo.