El jurado popular reconoció la culpabilidad del ex policía, acusado por detenciones ilegales. Piden investigar a más efectivos.
La Cámara Sexta del Crimen condenó este jueves al excomisario de la Policía de Córdoba, Pablo Márquez, a tres años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de los delitos de “abuso de autoridad y coacción reiterada”. Se ordenó su inmediato traslado a la cárcel de Bouwer y le impusieron seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Se trata de un fallo histórico en Córdoba, ya que es la primera vez que se condena a un comisario por excesos en la utilización del Código de Faltas, una situación denunciada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos de la provincia. (Ver: Se quebró Márquez: “Pedir mi cabeza no cambia nada”)
Márquez, ex jefe del Comando de Acción Preventiva (CAP) Distrito 8, fue condenado por ordenar detenciones arbitrarias con el fin de elevar las estadísticas de operativos policiales mientras se desempeñaba como autoridad zonal.
De acuerdo a la acusación, el comisario que se desempeñaba en la zona noreste de la ciudad de Córdoba ordenaba privar de la libertad ilegalmente a miles de cordobeses utilizando dos artículos del cuestionado Código de Faltas, el 52 y 98, a través de las figuras de merodeo y escándalo en la vía pública.
El Ministerio Público había solicitado la imposición de cinco años de prisión más la inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cualquier cargo en función pública. En tanto que el abogado querellante Carlos Nayi había pedido seis años de prisión. (Ver: Piden 5 años para comisario Márquez, por detenciones ilegales)
Los fundamentos de la sentencia se leerán el próximo 19 de noviembre.
Investigar a todos los que fueron funcionales a Márquez
El abogado querellante Carlos Nayi destacó que se trató de un fallo histórico y ejemplar, pero aclaró que la investigación no termina y que ” hay varias sillas vacías que deben ser llenadas en un próximo juicio”.
El Tribunal hizo lugar a la solicitud de la querella y ordenó remitir las actuaciones a la fiscalía de turno para que sean investigados todos los policías que participaron de esta cadena de detenciones ilegales.
“Se rompió el contrato social y hoy tienen su precio. El Código Penal no se aplica de manera selectiva. Se han vuelto contra la misma sociedad que debían proteger, cuidar y resguardar. Han hecho detenciones injustas. En vez de combatir el delito, se los engañó”, criticó Nayi luego del fallo.
El abogado subrayó que es necesario investigar la participación de quien se desempañaba en 2011 como jefe de policía, Alejo Paredes; el subjefe, el jefe de tácticas operativas, el jefe de control y gestión, y “para abajo todos los subordinados que fueron funcionales a Márquez”.
“El gobernador debe tomar nota de que la historia ha cambiado, de que hay un límite que debe ser impuesto por la Justicia, de que la fuerza policial no es militarizada sino que es una fuerza civil armada que debe resguardar la integridad física, la vida, el honor, la libertad y el patrimonio de las personas (…) Esto no es un juicio contra la Policía. Los buenos policías están intentando de erradicar a los malos policías que se apartaron del camino de la ley”, concluyó.
Cba24n
