El ex candidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá se sumó a las críticas por el ida y vuelta en redes entre el defensor del Pueblo Víctor Curvino y la concejala Pía Felpeto. Juliá sostuvo que el ombudsman se contradice y que la Defensoría “no está para comentar lo que habría hecho”, sino para controlar al Ejecutivo que conduce el intendente Esteban Avilés.
El cruce en redes sociales entre el defensor del Pueblo Víctor Curvino y la concejala Pía Felpeto sumó una nueva reacción política en Villa Carlos Paz. En un análisis crítico, el ex candidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá sostuvo que la discusión dejó expuestos problemas de conducta institucional, ausencia de rendición de cuentas y una contradicción que, según su mirada, “ya no es política” sino “moral”.
Como marco para explicar esa acusación de incoherencia, Juliá retomó una entrevista de 2015 a Curvino —cuando se preparaba para ser candidato a intendente— en la que señalaba que sus límites en política eran el exintendente Carlos Felpeto y el actual intendente Esteban Avilés. A partir de ese antecedente, Juliá sintetizó el camino de Curvino con una frase: “De ‘Avilés es mi límite’ a ¿Avilés es mi limitación?”
La frase de “Bower” y la obligación de actuar por vías formales
Uno de los ejes de Juliá fue la frase que Curvino escribió en el cruce con Felpeto, cuando afirmó: “…Pía Felpeto agradecé que soy Defensor del Pueblo y no gané en su momento para Intendente porque con la auditoría que les hacía estarían en ‘Bower’…”.
Para Juliá, esa afirmación “no es menor” porque sugiere que podrían haber existido elementos de una gravedad tal que derivarían en consecuencias penales. Desde ese punto, planteó que se abren dos escenarios posibles y que ambos son graves: o bien hubo auditorías y no se encontró nada que sostenga semejante insinuación, o bien no se impulsó auditoría ni denuncia en la magnitud que esa frase deja entrever.
En esa misma línea, Juliá remarcó que, si un funcionario sostiene que conoce hechos delictivos o indicios serios, debe actuar por canales institucionales: denunciar, documentar y dar información verificable, no instalarlo como una amenaza o insinuación en redes.
“Más riguroso que el intendente”: la comparación implícita que marca Juliá
Juliá subrayó además un aspecto que consideró central en esa frase: que no solo apunta contra Felpeto, sino que deja implícita una comparación con el Ejecutivo actual.
En su texto, Juliá opinó que “la frase implica una comparación directa”: el Defensor sugiere que “habría sido más eficiente, más riguroso o más implacable que el actual Intendente”. Y concluyó: “Es decir, quien supo declarar que ‘Avilés era su límite’, hoy deja entrever que él habría actuado con mayor severidad que ese mismo límite. La contradicción es evidente.”
Del “límite” a la “limitación”: qué debería hacer la Defensoría
En el tramo más institucional de su planteo, Juliá formuló la pregunta que ordena el texto: “Si Avilés era su límite político, ¿hoy se convirtió en su limitación institucional?”
Y ahí instaló su crítica de fondo: “Porque el rol del Defensor del Pueblo no es comentar lo que habría hecho como Ejecutivo. Es controlar al Ejecutivo actual.” En ese punto, sostuvo que no alcanza con participar del debate público o polemizar en redes, sino que el organismo debería producir acciones concretas de control, solicitar informes, exigir datos y hacer seguimiento real sobre los temas estructurales de la ciudad.
Cloacas: pedidos de datos que, según Juliá, deberían estar sobre la mesa
Como ejemplo de esa falta de contrapeso, Juliá tomó el tema cloacas, que fue el disparador del debate original. Recordó que en años previos se hablaba de cifras sensibles y contrastó con las cifras que hoy se sostienen públicamente, planteando que un salto de esa magnitud exige obras, inversiones y conexiones concretas.
En ese marco, enumeró preguntas puntuales que —según argumentó— son “información pública básica” y que la Defensoría tendría facultades para requerir y transparentar:
- “¿Cuántos metros lineales de red se ejecutaron entre 2019 y 2026?”
- “¿Cuántas conexiones nuevas se realizaron efectivamente?”
- “¿Qué inversión anual se destinó específicamente a esa expansión?”
- “¿Qué barrios fueron incorporados?”
Para Juliá, la ausencia de respuestas públicas y el cambio de tono refuerzan la idea de que Curvino “no contrasta” lo que decía cuando era candidato a intendente con lo que hoy defiende desde la defensoría del Pueblo.
Decoro y legitimidad: el cuestionamiento final
En el cierre de su texto, Juliá también apuntó al decoro del cargo. Sostuvo que el titular de la Defensoría no es “una persona más comentando en redes”, sino un funcionario con rango institucional y responsabilidades de control, por lo que debería actuar con sobriedad y prudencia.
Además, cuestionó la legitimidad del defensor en términos electorales, al afirmar que Curvino es “Defensor del Pueblo con 3 mil votos sobre 59 mil electores”, y planteó que, en ese contexto, su forma de responder y la ausencia de acciones concretas agravan el problema: “la contradicción deja de ser retórica y pasa a ser moral”, sostuvo.
