El ex candidato a defensor del Pueblo cuestionó al gobierno de Villa Carlos Paz por la falta de inversión en la planta de captación y reclamó habilitar concesiones privadas para los servicios públicos.
En medio de la crisis por la falta de agua que golpea a Villa Carlos Paz y al sur de Punilla en pleno inicio de temporada, el ex candidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá difundió un duro pronunciamiento en el que responsabiliza al municipio por “falta de inversión y abandono” en la infraestructura del servicio.
Tomando como base el propio Presupuesto municipal, Juliá centró su crítica en la partida 35.56.560 – PT Proceso Captación, destinada a obras en la planta de captación de agua para el año 2025. Según detalló, esa partida prevé $64.896.400 y tuvo una ejecución “del 0,00% durante todo el año”.
“Es decir: no invirtieron un solo centavo”, subrayó, y vinculó ese dato con el discurso oficial de equilibrio de las cuentas públicas. En esa línea sostuvo que el superávit que exhibe el gobierno “proviene de que no invierten, y por eso sobra plata”.
Juliá fue aún más categórico al resumir su planteo: remarcó que “durante 2025 presupuestaron y proyectaron obras por 65 palos en la planta de captación de agua, cobraron impuestos para eso y no invirtieron un centavo de esa guita” y sintetizó su argumento con la frase que eligió como título de su escrito: “Dato mata relato”.
“Segundo verano seguido, mismo problema, mismas excusas”
El ex candidato enmarcó su crítica en la situación que atraviesa la ciudad: restricciones prolongadas en el servicio de agua en plena temporada, con miles de habitantes adicionales, comercios complicados para funcionar y turistas enojados por la falta de un recurso básico.
Recordó que no es la primera vez que ocurre y señaló que “segundo año consecutivo, mismo motivo, mismas excusas”, aludiendo a la combinación de crecientes y problemas en la captación de Cuesta Blanca. También mencionó antecedentes en 2021 y 2024, planteando que el cuadro actual responde a “inoperancia, falta de planificación, cero autocrítica y un capricho político inútil”.
En ese contexto, diferenció dos etapas del conflicto por el agua: consideró que “una cosa era sacarle el servicio a la COOPI” —decisión que, según su mirada, “estuvo bien”— y otra muy distinta fue “decidir que el Estado municipal lo podía prestar sin experiencia, sin estructura y sin capacidad técnica”.
A partir de los episodios reiterados de cortes y restricciones, concluyó que “hoy el resultado es innegable: no lo pueden prestar”. Para Juliá, que la emergencia se repita “por exactamente el mismo motivo” deja de ser un imprevisto y se transforma en “incapacidad pura” y “falta de inversión, de mantenimiento, de previsión y de compromiso con el servicio que decidieron gestionar”.
También cuestionó que se intente explicar el problema únicamente por la magnitud de las crecientes: señaló que “los nacidos en esta ciudad lo sabemos: crecientes hubo siempre. Y jamás ocurrió esto. No nos vengan con el verso del clima cuando el problema es la gestión”.
Del “Estado presente” a las concesiones privadas
Más allá del diagnóstico coyuntural, el texto de Juliá plantea un debate de fondo sobre el modelo de prestación de los servicios públicos. Sostiene que Villa Carlos Paz necesita una reforma que habilite que esos servicios puedan ser prestados también por privados, mediante concesiones con reglas claras.
Plantea que debe terminarse “la discusión infantil del populismo donde todo lo que toca el Estado es ‘derecho’ y todo lo que presta un privado ‘es caro’” y define la libertad como la posibilidad de “elegir a quién contratar, exigir por lo que pago y echar al que no sirve”.
Desde esa óptica, afirma que “pagar más por algo que funciona siempre es mejor que pagar menos por algo que no existe” y formula la pregunta que, asegura, el oficialismo evita responder: “¿Qué preferís? Pagar más por un servicio real y de calidad, o pagar un poco menos por algo malo que muchas veces no tenés?”.
Juliá defiende la idea de que un operador privado serio tiene incentivos concretos a cumplir, porque si no lo hace “pierde plata, pierde contrato y queda afuera”, mientras que —según su lectura— esa relación entre riesgo y responsabilidad “no existe en el Estado ni en las cooperativas, donde jamás pagan ellos: pagamos nosotros”.
Un modelo con licitaciones, auditorías y sanciones
En su propuesta, el ex candidato describe un esquema de concesiones con fuerte andamiaje de control público. Enumera como condiciones básicas:
- Licitación pública real, abierta y competitiva.
- Requisitos técnicos verificables para los oferentes.
- Estándares de servicio medibles, con indicadores claros.
- Inversiones obligatorias comprometidas por contrato.
- Auditorías externas independientes.
- Multas por incumplimiento en la prestación o en las obras.
- Revocación inmediata del contrato cuando no se cumplan las condiciones fijadas.
“Eso es libertad, eso es control, eso es defensa del vecino. Lo demás es relato”, resumió.
Críticas al “zoológico cooperativista–estatista”
En otro tramo del documento, Juliá amplía su mirada y cuestiona lo que denomina el “zoológico cooperativista–estatista” en materia de servicios. Señala que, a su juicio, “son dos caras de la misma moneda”.
Menciona el caso del gas natural como ejemplo de lo que considera un diseño deficiente, al afirmar que se inventó una empresa mixta entre el Estado y una cooperativa “amiga” sin experiencia específica en el servicio, y que “si miramos los resultados de sus ‘prestaciones’, el miedo está más que justificado”.
En el cierre, insiste en que los ciudadanos de Villa Carlos Paz deberían poder elegir quién presta los servicios, auditar las inversiones y tener la posibilidad real de desplazar a quien no cumple, algo que —según sostiene— hoy no está garantizado. Y vincula la crisis actual del agua con “esta improvisación permanente que venimos padeciendo cada año, producto de la desidia y la falta de voluntad para gestionar”.
