El defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, juró este viernes para un segundo mandato en una sesión especial casi sin público, sin presencia de la oposición y en medio de una profunda crisis de legitimidad de la institución.
Este viernes por la tarde, el defensor del Pueblo Víctor Curvino asumió formalmente su segundo mandato al frente de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz.
El juramento tuvo lugar durante una sesión especial del Concejo de Representantes, a la que asistieron únicamente los concejales del oficialismo y el equipo que integra la estructura de la Defensoría. “En esta segunda gestión profundizaremos el trabajo que venimos haciendo en la Defensoria del Pueblo siempre con el objetivo de estar cerca de los vecinos”, expresó Curvino.

En el mismo acto también juró Jorge Álvarez, quien continuará como defensor adjunto por otro período de cuatro años.
Más allá del formalismo institucional, el contexto de la asunción expuso el momento crítico que atraviesa el organismo. La sesión especial no fue anunciada por los canales oficiales y se realizó ante un auditorio semivacío, lo que alimenta la percepción de una Defensoría desconectada de la ciudadanía y sin respaldo social visible.
A la ausencia de vecinos se sumó un dato político fuerte: los cinco concejales de la oposición volvieron a darle la espalda a Curvino y no participaron del acto, tal como ya lo habían hecho semanas atrás cuando el defensor presentó su informe anual de gestión. Tampoco estuvo presente el intendente Esteban Avilés, lo que reforzó la imagen de una ceremonia de bajo perfil, más cerca del trámite interno que de una verdadera “fiesta de la democracia”.
Un mandato revalidado con apenas el 5% del padrón
Curvino fue reelecto en los comicios del 29 de junio, una elección que marcó un récord histórico de baja participación en la ciudad.
De casi 59 mil personas habilitadas, solo 10.051 concurrieron a votar, lo que representa alrededor del 17% del padrón. En ese escenario de fuerte abstención, el defensor del Pueblo fue reelecto con 3.046 votos, es decir, apenas el 5,15% del total de electores.
Estos números alimentan el cuestionamiento sobre la legitimidad de origen de la actual conducción de la Defensoría del Pueblo: se trata de una institución que, en los papeles, debería representar a toda la comunidad, pero cuyo titular fue refrendado por una porción mínima del electorado.
Del video de la copa al blindaje político
La figura de Curvino arrastra, además, una fuerte carga simbólica desde aquel video viral en el que se lo veía manejando por la costanera con una copa en la mano, episodio que tuvo repercusión nacional y expuso a Villa Carlos Paz al escarnio mediático.
Lejos de derivar en consecuencias políticas para el funcionario, el episodio terminó consolidando la percepción de una Defensoría convertida en apéndice del oficialismo, sin capacidad ni voluntad de ejercer control sobre el poder municipal.
Los pedidos de juicio político que se presentaron en su momento contra Curvino nunca prosperaron. El oficialismo lo “blindó” en el Concejo de Representantes, bloqueando cualquier avance institucional que pudiera poner en riesgo su continuidad al frente del organismo.
Promesas de reforma, proyectos frenados y una institución en pausa
En un intento por contener el creciente malestar social, en su discurso de apertura de sesiones de agosto de 2025 el intendente Esteban Avilés anunció que enviaría un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal para modificar el sistema de elección del defensor del Pueblo y eliminar el voto popular como mecanismo de designación.
Avilés argumentó que, pese al “valor institucional” de la Defensoría, existía un fuerte rechazo al modo en que se elige a su titular. Según su planteo, la ciudadanía seguiría utilizando el organismo, pero no avala el sistema electivo actual.
Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos sobre esa enmienda. El anuncio funcionó, en los hechos, como un gesto político de contención: sirvió para frenar otros proyectos en danza —uno que buscaba garantizar que la Defensoría quedara en manos de la oposición, y otro que directamente proponía eliminar la institución—, pero no se tradujo en cambios reales.
El resultado es una Defensoría que sigue funcionando con el mismo esquema cuestionado, con un defensor reelecto con muy bajo respaldo electoral, sostenido por la mayoría oficialista y con un presupuesto que se incrementa año a año mientras se profundiza la discusión sobre su utilidad, su autonomía y su verdadero vínculo con los vecinos.
Este viernes, en una sesión que duró menos de cinco minutos y pasó casi desapercibida para la ciudad, Víctor Curvino y Jorge Álvarez juraron sus cargos y comenzaron un nuevo período de cuatro años. La deuda pendiente, sin embargo, excede los nombres propios: es la discusión de fondo sobre qué Defensoría del Pueblo necesita Villa Carlos Paz y cómo se reconstruye la legitimidad de una institución que hoy parece más cuestionada que nunca.