A pesar del anuncio del intendente Esteban Avilés en la apertura del período legislativo, el 1 de agosto, el proyecto de enmienda para modificar el mecanismo de elección del defensor del Pueblo aún no ingresó formalmente al Concejo de Representantes. Al cierre de esta edición (lunes 25), la iniciativa seguía sin presentarse, pese a que fue uno de los puntos centrales del discurso anual.
Un pedido que encendió el debate
En la sesión del 7 de agosto, el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) presentó un pedido de tratamiento sobre tablas para convocar a una convención constituyente exclusiva con el fin de reformar la Carta Orgánica Municipal y eliminar el capítulo que establece la Defensoría del Pueblo.
La moción fue rechazada, ya que solo recibió los votos del propio Quaranta, Fernando Revello y Noe García Roñoni. Aunque no prosperó, expuso las diferencias de criterio sobre el destino del organismo.
El debate se dio en un contexto de fuerte cuestionamiento a la institución. En los comicios del 29 de junio apenas votó el 17% del padrón, y el actual defensor, Víctor Curvino, fue reelecto con el respaldo de solo el 5% de los electores habilitados.
Posturas críticas
Quaranta definió a la Defensoría como “una estructura costosa, estéril y sin independencia”, y aseguró que atraviesa un “profundo descrédito” evidenciado en las urnas. “Los vecinos no creen y no quieren esta institución… No podemos seguir avalando estructuras vacías y decorativas”, afirmó.
En su opinión, los cambios parciales que impulsa el oficialismo no resolverán el problema de fondo porque mantendrán su influencia decisiva en el proceso de elección. “Nuestro proyecto plantea dar una respuesta definitiva al reclamo justo y legítimo de nuestros vecinos”, subrayó.
Por su parte, Fernando Revello (Juntos por Carlos Paz) también se mostró a favor de la eliminación. Consideró que la baja participación no fue producto de factores climáticos o circunstanciales, sino un rechazo directo de la ciudadanía.
“La gente no quiere tener la Defensoría del Pueblo, y lo dijo con su ausencia en las urnas. Es una institución innecesaria, que no le ha resuelto los problemas a la gente. Puede ser legal, pero no es legítimo: el pueblo no la ha legitimado”, expresó.
La defensa oficialista
El bloque oficialista, en cambio, defendió la continuidad del organismo. Sebastián Guruceta (Carlos Paz Unido) reconoció que la baja participación obliga a repensar el funcionamiento de la Defensoría, pero respaldó la propuesta de Avilés de impulsar una enmienda que modifique el sistema de elección.
“La Defensoría soluciona conflictos vecinales que no atiende la justicia. Lo más viable es una enmienda que ponga la decisión en manos directas de la ciudadanía”, afirmó, descartando la idea de una convención constituyente.
El oficialismo anticipó que avanzará en la eliminación del voto popular directo y en un nuevo mecanismo de designación, aunque hasta ahora el proyecto no se formalizó.
Reformarla con independencia
Dentro del bloque Juntos por Carlos Paz también surgieron miradas diferentes. El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) reconoció que la institución está devaluada, pero planteó la necesidad de rescatarla mediante reglas que garanticen su independencia política.
Recordó que su bloque propuso que el defensor y el adjunto sean postulados por la primera y segunda minoría, con el objetivo de evitar la injerencia del oficialismo. “La devaluación de la Defensoría tiene que ver con la manipulación política de su elección. Si tiene independencia, puede hacer una diferencia sustancial en la atención de los vecinos”, afirmó.
Expectativa por la reforma
Aunque Avilés anunció el 1 de agosto que el proyecto de enmienda sería una prioridad legislativa (o al menos eso se entendió), tres sesiones después el texto aún no ingresó al Concejo. Ni siquiera dentro del propio bloque oficialista conocen los detalles.
La demora resulta llamativa y mantiene la expectativa sobre una reforma que, tras los resultados de las elecciones del 29 de junio, se perfila como uno de los temas centrales de la agenda política en el corto plazo.
Nota correspondiente a la edición n° 614 del periódico La Jornada, del 27 de agosto de 2025.
