La defensa de la ex vicepresidenta solicitó evitar su paso por una cárcel común y cumplir la pena en su domicilio actual, alegando razones de edad, salud y seguridad. La fiscalía reclamó su inmediata detención.
La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad, solicitó cumplir su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario sin tobillera electrónica. La defensa presentó el pedido al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) poco después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada en diciembre de 2022.
En un escrito de 13 carillas, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron que la ex mandataria no sea trasladada a una alcaidía ni alojada en una cárcel común, sino que se disponga su arresto domiciliario en el departamento donde reside actualmente, ubicado en San José 1111, junto a su hija Florencia Kirchner. Argumentaron que su edad —72 años—, el atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta representan riesgos de seguridad que tornan inviable su detención en una cárcel común.
“En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, expresaron los letrados. Advirtieron que dejarla presa en un penal “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”.
Asimismo, sostuvieron que un eventual alojamiento en una unidad penitenciaria derivaría en un régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente, lo que, a su criterio, sería incompatible con los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de ejecución penal. Por ello, también solicitaron que no se le imponga tobillera electrónica, considerando que ya cuenta con custodia las 24 horas y que el dispositivo sería “completamente innecesario”.
El juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, dio un plazo de cinco días hábiles a los condenados para presentarse en Comodoro Py y quedar detenidos, e instruyó al Ministerio de Seguridad a que busque lugares de alojamiento adecuados hasta que se resuelvan los planteos. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner, por considerar que el plazo otorgado resulta excesivo, teniendo en cuenta que incluye un fin de semana y un feriado nacional.
Paralelamente, el mismo tribunal notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la vigencia de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que recae sobre Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte. La ex presidenta fue considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Además de Cristina Kirchner, la inhabilitación alcanza al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex secretario de Obras Públicas José López y a ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
