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Córdoba: más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta alimentaria, advirtió el Centro de Almaceneros

El informe de julio del Centro de Almaceneros registró una inflación del 2,05%, caída de las ventas y un fuerte deterioro alimentario. Más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta básica de alimentos.


Una familia cordobesa de cuatro integrantes necesitó en julio ingresos por $1.997.833 para superar la línea de pobreza y $1.090.624 para no quedar debajo de la línea de indigencia, según el último relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) del Centro de Almaceneros de Córdoba.

El informe calculó para julio una inflación del 2,05%, con una variación acumulada del 19,3% durante 2026 y del 33,8% interanual.

La Canasta Básica Alimentaria, utilizada para establecer la línea de indigencia, acumuló un incremento del 37,3% respecto de julio del año pasado.

Pese a la desaceleración general de los precios respecto de períodos anteriores, el relevamiento advierte que la situación de las familias continúa marcada por el endeudamiento, la caída del consumo y las dificultades para acceder a una alimentación suficiente.

Más de la mitad no pudo cubrir la canasta alimentaria

El 57,1% de los hogares relevados no logró cubrir satisfactoriamente durante julio los productos comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria.

Además, el 76,1% de las familias consideró que su alimentación se deterioró durante el último año.

Las dificultades económicas también modificaron la distribución de los alimentos dentro de los hogares. El 38,3% de los adultos señaló que debió reducir su propia porción para priorizar a otros integrantes de la familia.

La situación también alcanzó a niñas y niños: en el 27,8% de los hogares con menores, alguno de ellos tuvo que disminuir su consumo de alimentos por falta de dinero.

El 88,5% debió financiar la compra de comida

El informe muestra que solamente una minoría de las familias pudo comprar los alimentos del mes sin recurrir al crédito o a mecanismos informales de financiamiento.

El 88,5% de los hogares tuvo que financiar sus compras de comida. Dentro de ese grupo, el 39,3% compró al fiado en comercios de cercanía y el 37,9% utilizó tarjetas de crédito.

La utilización de deuda para cubrir necesidades básicas refleja que la reducción del ritmo inflacionario todavía no se traduce en una recomposición suficiente de los ingresos disponibles.

El IETSE incorporó en esta edición un indicador sobre la capacidad de las familias para sostener sus gastos ante una eventual pérdida de ingresos.

El 92% de los hogares aseguró que podría mantener sus consumos habituales durante menos de un mes. Dentro de ese universo, el 58% afirmó que sus recursos alcanzarían para menos de una semana.

Caen las ventas y crece la preocupación comercial

Las ventas en los comercios de proximidad registraron durante julio una caída interanual del 8,3%.

El retroceso alcanzó a almacenes, autoservicios y otros establecimientos minoristas, que enfrentan una combinación de menor demanda, aumento del financiamiento informal y dificultades para sostener sus costos operativos.

El 12,5% de los comerciantes consultados estimó que su negocio será económicamente insostenible durante los próximos seis meses si se mantienen los actuales niveles de consumo.

El dato incorpora una nueva dimensión al análisis mensual: no solamente mide la evolución de las ventas, sino también las expectativas de continuidad de los establecimientos.

Estabilidad macroeconómica y fragilidad familiar

El IETSE concluyó que la desaceleración de la inflación no consiguió producir todavía una recuperación del consumo ni una mejora significativa de las condiciones sociales.

“Estamos ante un escenario de estabilización macroeconómica con alta fragilidad microeconómica. La baja paulatina de la inflación no se traduce en recuperación del consumo ni en alivio social, consolidando un circuito de endeudamiento para la supervivencia básica”, señaló el instituto.

El panorama reúne así tres fenómenos simultáneos: los precios aumentan a un ritmo menor que en períodos anteriores, los hogares continúan financiando la compra de alimentos y los comercios venden menos y enfrentan crecientes dudas sobre su sostenibilidad.

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