El juez federal Hugo Vaca Narvaja hizo lugar a una medida cautelar y dispuso que PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación regularicen los pagos destinados a titulares de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad. El fallo advierte que las demoras ponen en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para un colectivo de alta vulnerabilidad.
El juez federal Hugo Vaca Narvaja ordenó que PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación normalicen, en un plazo de 72 horas, el pago de las prestaciones que reciben los titulares de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad.
La resolución fue dictada a partir de un planteo colectivo presentado por la abogada Marta Lastra, representante de Defendamos Córdoba, y de los oficios elevados por distintas instituciones que trabajan con personas con discapacidad, entre ellas Apadim Córdoba, la Clínica Villa Bustos, el Centro de Vida Alegría, el Centro de Día y Educativo Terapéutico Mi Lugar y el Pequeño Cottolengo Don Orione.
En el fallo, el magistrado advirtió que las demoras reiteradas en los pagos y la interrupción en la entrega de medicamentos comprometen la continuidad de los tratamientos y afectan derechos fundamentales de un sector especialmente vulnerable.
La resolución conocida este lunes remarca que la situación se produce en un contexto “que da cuenta de numerosos intentos por parte de la autoridad estatal de evadir o dilatar el cumplimiento de su obligación de observar y garantizar los estándares constitucionales e internacionales de protección integral de los grupos más vulnerables”.
El impacto sobre las instituciones
Entre los fundamentos, Vaca Narvaja puso el foco en las consecuencias económicas que sufren las instituciones prestadoras. En particular, señaló el caso del Pequeño Cottolengo Don Orione, que en lo que va de 2026 debió afrontar $41.556.675,86 en intereses ante ARCA por aportes y contribuciones a la seguridad social impagos, además de otros $14.429.407 abonados por el mismo concepto durante 2025.
El juez también destacó la sanción de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, como parte del marco que refuerza la obligación estatal de garantizar la continuidad de las prestaciones.
La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses o hasta que exista sentencia firme, lo que ocurra primero. En el cierre de la resolución, el magistrado dispuso que se libre el oficio correspondiente bajo apercibimiento, para asegurar el cumplimiento de lo ordenado.
