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Con mayoría automática, Carlos Paz Unido bloqueó tres pedidos de informes y profundiza su política de ocultamiento

Una lamentable postal repetida: los siete votos del obediente bloque de Carlos Paz Unido actúan como una muralla para blindar al gobierno.

Durante la última sesión del Concejo de Representantes, el bloque de Carlos Paz Unido volvió a utilizar su mayoría automática para impedir el tratamiento de tres iniciativas presentadas por la oposición. La práctica, habitual en los últimos años, profundiza las críticas sobre la ausencia de transparencia en la gestión liderada por Esteban Avilés.


En la sesión del jueves pasado, tres pedidos de informes presentados por distintos concejales de la oposición quedaron sin tratamiento por decisión del oficialismo. La dinámica se repitió en cada caso: silencio frente al planteo y bloqueo sistemático.

La situación reavivó las críticas hacia la autodenominada Gestión Comunitaria, que según la oposición mantiene un doble discurso: proclama la transparencia como principio rector, pero en la práctica niega información sobre decisiones administrativas.

Habría que hacer un ejercicio de memoria muy exhaustivo para encontrar un pedido de informes, sobre cualquier tema, que el bloque de Carlos Paz Unido que responde al intendente Esteban Avilés haya aprobado en los últimos años.

Tres pedidos de informes bloqueados

Los proyectos provenían de diferentes ediles y abordaban temas variados, pero todos compartieron la misma suerte: fueron cajoneados por la mayoría oficialista conformada por Alejandra Roldán, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino, Leonardo Villalobos, Soledad Gallardo, Juan Carlos Bochetti y Marcela Bosch.

Una práctica que se profundiza

La oposición cuestiona que la negativa sistemática a tratar informes se haya convertido en una política de gobierno. “Carlos Paz Unido hace del ocultamiento de información una costumbre que erosiona la calidad democrática del Concejo”, remarcan algunos ediles.

En este marco, los concejales opositores advierten que la falta de respuesta a los reclamos ciudadanos y legislativos consolida un modelo de gestión cada vez más cerrado, donde la rendición de cuentas queda en segundo plano frente al uso discrecional de la mayoría automática.

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