La Comisión de Seguridad inició el debate de un proyecto enviado por el Ejecutivo provincial y de otras iniciativas que proponen y regulan la intervención de bienes muebles e inmuebles que puedan generar lugares de riesgo para la seguridad pública. Todas las propuestas seguirán su trabajo en comisión. En la reunión participó el ministro de Justicia y Trabajo provincial, Julián López.
Este miércoles, la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba, presidida por el legislador Juan Manuel Llamosas, puso en tratamiento el proyecto de ley 46849, iniciado por el Ejecutivo provincial, que establece la intervención de bienes muebles e inmuebles que puedan generar lugares de riesgo para la seguridad pública o en los que puedan desarrollarse actividades delictivas, conocidos como guaridas, aguantaderos o búnkeres; y que modifica la Ley 10.067, de Lucha contra el Narcotráfico.
Según se expresa en sus fundamentos, “la iniciativa procura dotar a la provincia de Córdoba de una herramienta legal clara, operativa y jurídicamente ordenada para la actuación estatal respecto de bienes muebles o inmuebles, así como de sus infraestructuras, instalaciones, anexos y dispositivos funcionalmente vinculados”, cuando estos pongan en riesgo la seguridad pública.
Concretamente, el proyecto señala que se intervendrá en dos ocasiones. “Por un lado, cuando se encuentren abandonados, desocupados, fuera de uso o en manifiesto estado de desuso y, por su estado o configuración material, generen un riesgo cierto, concreto y actual para la seguridad pública y la convivencia ciudadana, incluido el riesgo de ruina o derrumbe; por otro, cuando se encuentren vinculados, de manera actual o reiterada, a actividades delictivas, en particular cuando sean utilizados como guarida, aguantadero o búnker”.
La iniciativa prevé también un régimen administrativo de intervención temprana —intimaciones, aseguramiento preventivo, cerramiento, clausura provisoria, control perimetral y restricción de accesos, entre otras medidas— y la remisión a la autoridad judicial competente cuando la situación lo amerite. En este sentido, uno de los puntos centrales tiene que ver con la incorporación de una herramienta judicial para casos de narcomenudeo.
Además, según lo dispuesto en la iniciativa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, los municipios y las comunas deberán articular mecanismos de coordinación para la aplicación de la ley.
El encuentro contó con la presencia del ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, quien brindó detalles sobre el surgimiento, los objetivos y alcances del proyecto. “Lo que pretende esta ley es establecer reglas claras que determinen cuándo y cómo debe intervenir el Estado, administrativa o judicialmente, es decir, establecer un orden jurídico claro. Lo que se busca también es crear una normativa robusta, incorporando las diferentes miradas y compatibilizando distintas perspectivas para tener la mejor ley posible”, aseguró López.
También estuvieron presentes la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández; el secretario de Justicia, Leandro Goria; y el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre.
Autoridad de aplicación, Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y exclusiones
El proyecto puesto en debate establece que será el Ministerio de Seguridad de la Provincia la autoridad administrativa de aplicación general de la ley.
La iniciativa contempla también la creación de una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos, en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Trabajo, y del Ministerio Público Fiscal, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.
La iniciativa prevé también que quedarán excluidos del ámbito de aplicación administrativa de la ley los automotores secuestrados en causas penales alcanzados por la Ley Provincial 8.550; los bienes sometidos a un régimen especial cuya aplicación resulte expresa o materialmente incompatible con la ley; y los supuestos que, por ocupación efectiva del bien, conflicto sustancial de derechos, necesidad de desapoderamiento relevante, ingreso compulsivo no justificado por urgencia estricta o intensidad de la medida pretendida, deban tramitarse por vía judicial.
Registro Provincial de Bienes Intervenidos
Otro de los puntos detallados en la propuesta presentada tiene que ver con la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, bajo la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.
Por otro lado, la iniciativa procura asegurar que los recursos generados por la persecución del narcotráfico retornen institucionalmente al fortalecimiento de las capacidades estatales destinadas a combatir ese mismo fenómeno.
En este sentido, se modifica la Ley 10.067, de Lucha contra el Narcotráfico, para establecer un destino específico de los recursos obtenidos por multas. De esta manera, el 60% será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico, investigativo, de infraestructura, equipamiento y capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Mientras que el 40% restante será para programas, acciones, dispositivos y políticas públicas de lucha contra el narcotráfico bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Otras iniciativas en tratamiento
Durante la reunión llevada a cabo este miércoles por la Comisión de Seguridad de la Unicameral cordobesa, también se puso en tratamiento el proyecto de ley 45482, iniciado por los legisladores Oscar Saliba, Ariela Szpanin, Alfredo Nigro, Matías Gvozdenovich, Mauricio Jaimes, Fernando Luna, Ariel Grich, Gustavo Bottasso, José Bría, Víctor Molina, Inés Contrera y Carlos Carignano, que crea el Registro de Espacios destinados a la Comercialización de Estupefacientes en infracción a la Ley Nacional 23.737, dependiente del fiscal general de la Provincia.
En este caso, el objetivo de la iniciativa es conformar una base georreferenciada de puntos utilizados para la venta de drogas, sistematizar información sobre personas vinculadas a esos espacios y coordinar una política criminal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. “La creación de un registro de búnkeres narco en el ámbito de la provincia de Córdoba permitirá tener un mapa, un sondeo, un observatorio de todas las zonas, áreas, asentamientos, quioscos o guaridas donde se comercializan estupefacientes y otras sustancias ilegales prohibidas”, resalta el proyecto.
A su vez, este proyecto autoriza, como medida disuasiva, la instalación de domos de videovigilancia en puntos estratégicos y zonas rojas donde se comercializan estupefacientes, con el fin de controlar, prevenir y perseguir el delito para contribuir, de esta manera, a la problemática de inseguridad que padece la provincia.
La iniciativa permite el derribo o demolición forzosa como forma de desactivar coercitivamente los puntos de venta minorista de estupefacientes en el territorio provincial cuando haya un búnker o una construcción precaria montada específicamente para el tráfico de sustancias.
Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Seguridad también dieron tratamiento al proyecto de ley 46723, iniciado por el legislador Oscar Agost Carreño, para crear el Sistema Provincial de Recuperación de Inmuebles Vinculados a Actividades Criminales Organizadas.
Esta iniciativa va más allá del narcomenudeo y contempla inmuebles vinculados a actividades como comercialización de drogas, almacenamiento ilegal de armas, trata de personas, reducción de bienes robados, asociación ilícita u otras formas de criminalidad organizada.
“Se busca dotar a la provincia de Córdoba de una herramienta moderna, respetuosa del orden constitucional y alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de prevención del delito y recuperación territorial, fortaleciendo la presencia estatal en aquellos lugares donde las organizaciones criminales intentan sustituirla”, expresan los fundamentos del proyecto.
Además, la iniciativa de Agost Carreño incorpora la posibilidad de recuperación urbana y social. Es decir, una vez neutralizada la actividad ilícita y, si la situación jurídica lo permite, los inmuebles podrían destinarse a espacios recreativos o centros vecinales.
De esta manera, los tres proyectos tratados continuarán su recorrido legislativo y serán abordados en futuras reuniones de comisión.