Tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, la Justicia abrió una causa por presuntas coimas en compras de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Hubo allanamientos múltiples, cambios en el organismo y pedidos de interpelación en el Congreso. Estado de situación al lunes 25 de agosto.
La investigación se originó por la difusión de grabaciones en las que el entonces titular de la ANDIS describe un presunto esquema de retornos ligado a contrataciones con laboratorios y proveedores. Con esos insumos, el juez federal Sebastián Casanello —a requerimiento del fiscal Franco Picardi— ordenó más de una docena de allanamientos simultáneos: oficinas públicas, domicilios particulares y firmas del rubro farmacéutico quedaron bajo inspección. Los equipos incautaron computadoras, documentación y teléfonos. En uno de los procedimientos se secuestraron sobres con dinero en efectivo por cientos de miles de dólares y millones de pesos, además de un pasaporte; todo quedó bajo cadena de custodia para su peritaje.
En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la ANDIS y el recambio de autoridades con mandato de auditar procesos y reorganizar circuitos administrativos. El expediente, bajo secreto de sumario, avanza en tres carriles: autenticidad e integridad técnica de los audios; trazabilidad de expedientes y pagos a proveedores; y toma de declaraciones indagatorias cuando lo disponga el juzgado.
El capítulo político escaló en el Congreso: bloques opositores pidieron interpelar a autoridades nacionales y citar al nuevo equipo de la ANDIS para detallar compras, contrataciones y eventuales vínculos con empresas mencionadas en la causa. Desde la Casa Rosada, el mensaje oficial niega cualquier participación de funcionarios de primera línea; Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei rechazaron de plano las acusaciones y calificaron las grabaciones como una maniobra electoral.
Mientras la Justicia define próximos pasos —entre ellos peritajes forenses, cruces bancarios y requerimientos de información a organismos de control— el caso ya impacta en la agenda pública: reabre el debate sobre integridad en compras del Estado, controles internos y responsabilidades políticas.
8 datos para entender el caso
- El disparador: audios que describen un presunto esquema de retornos en contrataciones de la ANDIS.
- Juzgado y fiscalía: a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
- Procedimientos: más de 14–15 allanamientos en oficinas, domicilios y empresas proveedoras.
- Secuestros: computadoras, celulares, documentos, dinero en efectivo y una máquina contadora.
- Línea de investigación: peritaje de audios; trazabilidad de expedientes y pagos; análisis de vínculos societarios.
- Situación institucional: intervención de la ANDIS y auditoría de procesos.
- Frente político: pedidos de interpelación en el Congreso; cruces entre oficialismo y oposición.
- Qué sigue: levantamiento del secreto, indagatorias, eventuales imputaciones y medidas cautelares según resultados de peritajes y cruces.