La Confederación Argentina de la Mediana Empresa rechazó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para ampliar Ganancias, IVA y modificar el Monotributo. La entidad sostuvo que esas medidas recaen sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumo, mientras dejan intactos los tributos que más afectan a las pymes.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recomendaciones de reforma tributaria difundidas por el Fondo Monetario Internacional y advirtió que las propuestas planteadas no atacan los principales problemas que afectan a la producción, la inversión y el empleo formal en la Argentina.
Según informó la entidad, el FMI publicó el 26 de mayo una serie de sugerencias que incluyen ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, reduciendo el piso desde el cual tributan los trabajadores; extender la base imponible del IVA a bienes y servicios actualmente exentos; y reformar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías.
Para CAME, esas medidas tienen un mismo denominador: recaen sobre asalariados, pequeños contribuyentes y consumo doméstico. Por eso, la entidad las consideró reformas regresivas, ya que reducen el poder adquisitivo, encarecen la formalidad y no modifican los impuestos distorsivos que, según su diagnóstico, frenan la actividad económica.
“La reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI”, planteó la entidad empresaria pyme, al remarcar que el organismo internacional ignora en su análisis el peso de la tributación subnacional.
El foco en Ingresos Brutos y tasas municipales
El principal cuestionamiento de CAME apunta al impacto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de las tasas municipales, que, según la entidad, constituyen el nudo fiscal más dañino para las empresas.
El informe sostiene que la superposición entre el IIBB provincial y las tasas retributivas municipales puede representar entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad.
A diferencia del Impuesto a las Ganancias, que se aplica sobre utilidades reales, Ingresos Brutos grava cada etapa de la cadena productiva y comercial, generando un efecto en cascada que se acumula hasta llegar al precio final.
A esa carga se suman tasas municipales como Seguridad e Higiene, Tasa General de Inmuebles, Habilitación Comercial y otras contribuciones, que en muchos municipios equivalen a una alícuota adicional de entre 0,3% y 1,2% sobre las ventas brutas.
Para CAME, la proliferación de tributos municipales con criterios heterogéneos en más de 2.300 municipios constituye uno de los principales desincentivos para la inversión y la radicación de nuevas empresas en el interior del país.
Saldos a favor y “préstamo forzoso” al Estado
Otro de los puntos críticos señalados por la entidad es el régimen de retenciones y percepciones que aplican las provincias.
Según CAME, esos mecanismos funcionan como anticipos de recaudación calculados sobre montos brutos, pero en muchos casos superan el impuesto que efectivamente correspondería pagar. El resultado es la acumulación de saldos a favor que las empresas no logran compensar plenamente.
La entidad advirtió que los trámites de devolución pueden demorar entre 12 y 36 meses, período durante el cual esos fondos pierden gran parte de su valor real por efecto de la inflación.
En ese sentido, consideró que el sistema opera como un “préstamo forzoso sin remuneración” al fisco provincial, ya que el Estado captura capital de trabajo de las empresas sin que eso figure en los indicadores oficiales de presión tributaria.
Un nuevo Consenso Fiscal
Frente a este escenario, CAME propuso convocar de manera urgente a un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con eje en una reforma estructural del sistema tributario subnacional.
La entidad aclaró que el objetivo no debería limitarse a una baja nominal de alícuotas, sino a establecer reglas permanentes que armonicen bases imponibles, regímenes de retención y percepción, y mecanismos de devolución en todo el país.
Entre los ejes planteados, CAME propuso racionalizar Ingresos Brutos, eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y reservarlo exclusivamente para la venta final al consumidor, bajo un esquema similar al del IVA. Según la entidad, eso permitiría eliminar el efecto cascada sin necesariamente reducir la recaudación provincial.
También planteó que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral sea el organismo encargado de ejecutar el nuevo consenso, con facultades para homologar padrones de agentes de retención y percepción, validar coeficientes de distribución por actividad y controlar los plazos de devolución de saldos a favor.
En su cierre, la entidad fue tajante al rechazar las recomendaciones del FMI. Sostuvo que ampliar Ganancias sobre trabajadores no genera empleo, no mejora la competitividad de las empresas y no reduce la informalidad. Por el contrario, advirtió que una mayor presión sobre salarios y consumo puede contraer la demanda interna y profundizar el círculo que afecta a pymes, provincias y municipios.