Los resultados preliminares indicaron que la adolescente murió por asfixia mecánica y la imputación contra Claudio Barrelier pasó a femicidio. En paralelo, sectores políticos y organizaciones sociales impulsan presentaciones contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por su actuación en la causa y por antecedentes previos del acusado.
La investigación por el crimen de Agostina Madeleine Vega sumó este lunes novedades decisivas. A partir de los resultados preliminares de la autopsia, la Justicia agravó la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, que ahora quedó acusado por femicidio.
Los primeros informes forenses determinaron que la adolescente de 14 años murió por asfixia mecánica, compatible con estrangulamiento. También se investigan posibles signos de abuso sexual, aunque todavía se aguardan los estudios definitivos y pericias complementarias para precisar todos los aspectos del ataque.
Hasta ahora, Barrelier había sido imputado inicialmente por privación ilegítima de la libertad, mientras Agostina permanecía desaparecida. Tras el hallazgo de sus restos en barrio Ampliación Ferreyra, la causa pasó primero a investigarse como homicidio y finalmente quedó encuadrada como femicidio, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.
La investigación sostiene que el crimen habría ocurrido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había señalado que, de acuerdo con la data de muerte informada en la causa, Agostina ya habría estado sin vida cuando se realizó la denuncia por desaparición el domingo por la mañana.
Los investigadores buscan reconstruir ahora las últimas horas de la adolescente, el rol preciso de Barrelier y si actuó solo o con la colaboración de otras personas. También siguen bajo análisis los movimientos del acusado, entre ellos el recorrido de un Ford Ka negro que fue registrado por cámaras en la zona donde luego se hallaron los restos.
Pedidos de jury y cuestionamientos institucionales
En paralelo al avance de la causa penal, el caso abrió un fuerte frente político e institucional en Córdoba. Legisladores de los bloques de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos coincidieron en pedir el jury de enjuiciamiento para los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, en el marco de la causa por la muerte de Agostina Vega.
En la presentación conjunta también solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y plantearon la necesidad de “defender Córdoba ante el descalabro político-judicial que ha sacudido a nuestra provincia en esta última semana”.
Uno de los planteos apunta a Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición y crimen de Agostina. Los cuestionamientos buscan que se revise si hubo demoras, omisiones o errores en la instrucción durante los primeros días de búsqueda.
También se pidió avanzar contra Iván Rodríguez, quien intervino en una causa anterior contra Claudio Gabriel Barrelier, iniciada en 2025, por privación ilegítima de la libertad. En ese expediente, el actual detenido por el femicidio de Agostina había recuperado la libertad tras permanecer detenido alrededor de 20 días.
A esos reclamos se sumó el dirigente radical Rodrigo De Loredo, quien anunció que impulsará el jury contra Rodríguez y Garzón. Además, pidió avanzar con la expulsión del concejal Ricardo Moreno, señalado por su vínculo político con Barrelier y por haberlo promovido como empleado municipal.
Desde otros sectores también reclamaron responsabilidades políticas. Legisladoras junto al colectivo Ni Una Menos anunciaron una presentación contra Garzón y pidieron la destitución de Quinteros, en medio de cuestionamientos por el funcionamiento de los protocolos de búsqueda y por la actuación estatal frente al caso.
Mientras tanto, la familia de Agostina continúa reclamando justicia y respuestas sobre las horas previas al hallazgo. La causa queda ahora en una etapa clave, con la imputación agravada, pericias pendientes y una creciente presión pública para revisar tanto la actuación judicial como las responsabilidades institucionales que rodean el caso.