El jefe de Gabinete explicó que parte de su patrimonio familiar proviene de inversiones en criptomonedas realizadas antes de llegar al Gobierno. Sus dichos reavivaron las críticas opositoras, abrieron un nuevo frente interno con Victoria Villarruel y fueron respaldados por referentes del oficialismo.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó finalmente su declaración jurada patrimonial y salió a dar explicaciones públicas sobre el origen de sus bienes, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de las críticas por la evolución económica de su grupo familiar.
En una entrevista televisiva en LN+, el funcionario sostuvo que parte central de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018, antes de ingresar a la función pública. Según explicó, junto a su esposa, Bettina Angeletti, invirtieron alrededor de 200.000 dólares y obtuvieron ganancias cercanas a los 300.000 dólares, hasta alcanzar una suma aproximada de 513.000 dólares.
Adorni afirmó que esas operaciones con criptomonedas fueron incorporadas en la reconstrucción patrimonial presentada ante los organismos correspondientes. También indicó que las transacciones podrían ser verificadas a partir de las billeteras digitales utilizadas en aquel período.
La explicación, lejos de cerrar la controversia, abrió un nuevo capítulo político. El propio funcionario reconoció que parte de esos fondos no había sido declarada previamente y utilizó una frase que generó fuerte repercusión: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”. Luego agregó que no se le habría ocurrido “ahorrar en blanco” en aquellos años, porque esa era, según su planteo, una forma de protegerse de la “vieja política”.
El jefe de Gabinete también defendió su trayectoria privada y rechazó las acusaciones en su contra. “No soy un chorro”, sostuvo, y aseguró que tanto él como su esposa construyeron su patrimonio antes de su llegada al Gobierno nacional. En esa línea, remarcó que nunca había ocupado un cargo público hasta el 10 de diciembre de 2023.
La presentación de la declaración jurada se produjo después de semanas de presión política y mediática. El caso había escalado luego de que se conocieran operaciones inmobiliarias, gastos familiares, viajes y movimientos patrimoniales que derivaron en una investigación judicial a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.
El vínculo con la Inocencia Fiscal
La polémica también quedó atravesada por la decisión de Adorni y Angeletti de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, incluido dentro de la Ley 27.799, conocida políticamente como Ley de Inocencia Fiscal.
Ese régimen permite realizar una declaración más acotada ante ARCA, sin detallar con el mismo nivel de precisión consumos personales ni justificar el origen de ahorros previamente no declarados. Si la presentación es aceptada y el impuesto se paga correctamente, el esquema puede limitar futuras revisiones fiscales sobre ese período, salvo que se detecten inconsistencias relevantes.
Desde el entorno del jefe de Gabinete insistieron en que no se trató de un blanqueo de capitales y que no se ingresaron dólares no declarados mediante ese mecanismo. Según esa explicación, la adhesión al régimen apuntó a simplificar la presentación tributaria y ordenar la situación fiscal del matrimonio.
Sin embargo, la discusión política se concentra en otro punto: la normativa no excluye a funcionarios públicos ni a sus cónyuges o convivientes. Por eso, distintos sectores opositores cuestionan que personas bajo investigación patrimonial puedan utilizar un régimen que reduce exigencias de información ante el organismo recaudador.
De todos modos, la adhesión al régimen fiscal no frena ni reemplaza la investigación judicial. La causa por presunto enriquecimiento ilícito deberá determinar si las explicaciones y documentación aportadas por Adorni son suficientes para justificar la evolución patrimonial investigada.
Repercusiones políticas
El Gobierno salió a respaldar al jefe de Gabinete y buscó presentar sus explicaciones como suficientes. Referentes del oficialismo sostuvieron que Adorni pudo justificar el origen de sus fondos y apuntaron contra la cobertura periodística y los cuestionamientos opositores. El presidente Javier Milei también amplificó mensajes de apoyo a su funcionario.
Pero las críticas se multiplicaron desde la oposición. El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, impulsó un proyecto para excluir del régimen de Inocencia Fiscal a funcionarios de alto rango, legisladores, jueces, magistrados y sus cónyuges o convivientes. Según planteó, la herramienta no debe convertirse en una vía para regularizar fondos vinculados a delitos contra la administración pública.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro volvió a cuestionar la ley y advirtió que el caso confirma los riesgos señalados durante el debate parlamentario. También hubo críticas de dirigentes radicales y de Unión por la Patria, que reclamaron transparencia y explicaciones documentadas sobre el origen de los fondos.
La repercusión más fuerte, sin embargo, llegó desde dentro del propio universo oficialista. La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente las explicaciones de Adorni y afirmó: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”. La frase profundizó las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza y volvió a exponer la distancia política entre la titular del Senado y el núcleo del Gobierno.
Con la declaración jurada presentada, el caso entra ahora en una nueva etapa. Adorni busca dar por cerrada la discusión pública y el Gobierno intenta blindarlo políticamente, pero la oposición insiste en que las explicaciones no alcanzan. La definición de fondo quedará en manos de la Justicia, que deberá analizar si la documentación aportada logra respaldar el origen del patrimonio declarado.