La organización ambientalista compartió el informe oficial enviado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz sobre el presunto loteo en el nuevo ejido. Según la respuesta, el emprendimiento no figura en los registros municipales, el predio está dentro del Área Protegida 2 y no tiene asignación de uso de suelo. La ONG advirtió que las imágenes de calles abiertas, terrenos parcelados y materiales acumulados contradicen lo informado por el municipio.
La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) difundió la respuesta oficial que recibió de la Municipalidad de Villa Carlos Paz tras el pedido de informes presentado por el presunto loteo “Alta Vista Cabalango”, ubicado en el nuevo ejido de la ciudad.
La organización ambientalista ya había denunciado públicamente la posible comercialización de terrenos en un sector protegido y había reclamado una intervención urgente del municipio. Ahora, al compartir el informe recibido, volvió a cuestionar la falta de controles efectivos sobre el territorio.
“Para mantener la transparencia y que cada vecino saque sus propias conclusiones, compartimos de forma pública el informe oficial que nos envió la Municipalidad de Villa Carlos Paz sobre el loteo ‘Alta Vista Cabalango’”, señaló ADARSA en sus redes sociales.
Según resumió la entidad, uno de los puntos centrales de la respuesta municipal es que “no obran actuaciones” vinculadas al loteo en los registros oficiales y que “no se ha podido verificar” la venta de lotes.
Al mismo tiempo, la ONG remarcó que el propio informe municipal confirma que el predio se encuentra dentro del Área Protegida 2 y que carece de asignación de uso de suelo. En ese marco, advirtió que toda construcción en el sector estaría prohibida.
Otro de los aspectos señalados por ADARSA apunta a la inspección realizada por la Coordinación de Ambiente. Según la respuesta oficial difundida por la organización, el municipio sostuvo que en el lugar “no se ha constatado movimiento de camiones, ni cartelería de comercialización”.
La entidad también indicó que el Servicio Municipal de Agua y Saneamiento no autorizó ningún suministro en la zona.
“La inspección fantasma”
Desde ADARSA cuestionaron especialmente la conclusión de la inspección municipal, a la que definieron como una “inspección fantasma”, al considerar que el informe oficial no coincide con lo que muestran las imágenes que recibieron y difundieron sobre el lugar.
“Porque las fotos de los terrenos parcelados, las calles abiertas y los materiales acumulados contradicen por completo el informe del municipio”, planteó la organización.
En esa línea, la ONG volvió a insistir en que el avance sobre el sector protegido debe mantenerse en agenda pública. Para la entidad, si el agua no está autorizada y la construcción está prohibida, el municipio debe explicar cómo es posible que continúen los movimientos sobre el monte nativo.
“Si el agua no está autorizada y la construcción está prohibida, ¿cómo es posible que el avance sobre el monte nativo continúe a la vista de todos?”, cuestionaron.
La organización fue más allá y sostuvo que la desprotección de cuencas y áreas protegidas ocurre “cuando el Estado decide no ver lo que pasa en el territorio”.
Una denuncia que sigue abierta
El caso había tomado estado público cuando ADARSA denunció la existencia de un presunto loteo ilegal en un área protegida del nuevo ejido de Villa Carlos Paz, cuya comercialización habría sido detectada a través de publicaciones en redes sociales.
A partir de esa situación, la organización presentó un pedido de informes ante la Municipalidad para conocer si existían registros, autorizaciones o actuaciones vinculadas al emprendimiento.
En su primera denuncia, la entidad ya había advertido sobre la presencia de apertura de caminos, construcciones avanzadas y acopio de materiales para continuar edificando.
“¿Complicidad o incompetencia?”, había planteado ADARSA, al sostener que el gobierno municipal decía no ver un loteo ubicado en un sector que las propias autoridades reconocen como área protegida.
Con la respuesta oficial ahora difundida, la organización reforzó sus cuestionamientos y volvió a reclamar explicaciones sobre el control del uso del suelo en una zona de alto valor ambiental.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de fiscalización municipal sobre el nuevo ejido de Villa Carlos Paz, especialmente en sectores protegidos donde cualquier intervención urbanística requiere controles estrictos, información pública clara y medidas concretas para evitar daños ambientales.
