La gestión de Javier Milei presentó el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, que prevé rebajas arancelarias, mayor apertura para exportaciones argentinas y un marco especial para inversiones. En conferencia de prensa, Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno lo definieron como un “hito histórico” y remarcaron que beneficiará a las 24 provincias, mientras crecen las críticas y el debate en el Congreso.
El Gobierno nacional formalizó la firma de un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, que combina la reducción de aranceles con compromisos en materia regulatoria, comercio digital y cooperación económica. El entendimiento fue cerrado en Washington y se presenta como un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco, cuya entrada en vigencia dependerá ahora de la ratificación del Congreso argentino.
Según los detalles oficiales, el tratado contempla la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos de distintos sectores —agroindustria, energía, minería, industria y alimentos procesados, entre otros— y la apertura recíproca para 221 productos estadounidenses. El Ejecutivo estima que la mejora en el acceso al mercado del norte podría permitir recuperar exportaciones por alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, además de facilitar nuevas inversiones vinculadas a minerales críticos como litio y cobre.
En paralelo, el acuerdo incluye capítulos sobre comercio digital, que prohíben trabas como la obligación de alojar datos en un territorio específico o restricciones injustificadas a los flujos transfronterizos de información, y sobre cooperación en defensa y seguridad económica, con el objetivo de simplificar el comercio de bienes de defensa y reforzar el control frente a prácticas consideradas desleales.
Qué dijeron Adorni y Quirno en la conferencia de prensa
La presentación política del acuerdo estuvo a cargo del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del canciller Pablo Quirno, en una conferencia de prensa en Casa Rosada convocada específicamente para explicar la “letra chica” del pacto.
Adorni enmarcó el entendimiento como un punto de quiebre en la estrategia exterior del Gobierno. Lo calificó como “un hito histórico para nuestro país” y sostuvo que el tratado abre “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, al referirse al acceso preferencial a un universo de más de 340 millones de consumidores estadounidenses.
El jefe de Gabinete hizo especial énfasis en el impacto territorial de la medida. Afirmó que se trata de “un acuerdo para las veinticuatro provincias argentinas y los cuarenta y siete millones de ciudadanos”, y vinculó los beneficios a exportaciones ganaderas, productos forestales y floricultura del norte argentino, además de medicamentos e insumos médicos con mayor valor agregado en distritos como Córdoba y Santa Fe.
Adorni también contrastó el acuerdo con decisiones de gobiernos anteriores, al recordar el rechazo argentino al ALCA. Según planteó, “vimos qué consecuencia tuvo esto para nuestro país: veinte años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, y presentó el nuevo vínculo con Estados Unidos como parte de un giro hacia “el capitalismo y el libre comercio”.
Por su parte, Quirno subrayó el carácter estructural del entendimiento. Explicó que el acuerdo “muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión”, y lo describió como un paso más dentro de una agenda de apertura que incluye los acuerdos Mercosur–Unión Europea, Mercosur–EFTA y el tratado con Singapur, ya enviados o por enviarse al Congreso.
El canciller sostuvo además que el texto “consolida un modelo de apertura, desregulación y previsibilidad, y comienza a transformar decisiones en resultados concretos”. Definió al pacto como el primer tratado de América Latina que combina de manera integral comercio e inversiones con Estados Unidos y remarcó que permite a la producción argentina “entrar a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos”.
Tanto Adorni como Quirno enfatizaron que el tratado deberá ser ratificado por el Congreso, y el jefe de Gabinete advirtió que “los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica”, en referencia al calendario de sesiones en el que el oficialismo buscará aprobarlo junto a otras reformas económicas.
Impacto sectorial y federal del acuerdo
En el plano productivo, el Gobierno presentó el acuerdo como una herramienta para expandir exportaciones y promover inversiones federales. Las autoridades detallaron que, además del agro y la agroindustria, el texto abre oportunidades para sectores como medicamentos e insumos médicos, economía del conocimiento, energía y minería de litio y cobre, con potencial impacto en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.
Uno de los puntos más destacados por el Ejecutivo es la ampliación del cupo de carne bovina argentina que podría ingresar al mercado estadounidense con preferencias arancelarias. Los funcionarios mencionaron una “ampliación histórica” de las cuotas, con el objetivo de quintuplicar las exportaciones de carne, lo que se traduciría en cientos de millones de dólares adicionales para la cadena ganadera local.
A la vez, el acuerdo establece un marco específico para proyectos de minerales críticos, donde Estados Unidos busca asegurar el abastecimiento de litio y cobre para su industria tecnológica y energética. Esos desarrollos podrían encuadrarse en regímenes argentinos de promoción de grandes inversiones, con beneficios fiscales y de estabilidad normativa para emprendimientos de largo plazo.
Debate político y cuestionamientos
Mientras el Gobierno insiste en que se trata de un paso “histórico” que “posiciona a la Argentina entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense”, sectores de la oposición, especialistas y organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de ceder margen de maniobra en materia de política industrial, regulatoria y de desarrollo regional.
Entre los cuestionamientos se señalan las cláusulas que obligan a informar y transparentar subsidios, regímenes de promoción y apoyos estatales, algo que algunos analistas interpretan como una posible herramienta de presión sobre políticas nacionales. También se alerta por el impacto de una mayor competencia externa en segmentos sensibles como la carne, la industria alimentaria o ciertos bienes manufacturados, si la apertura no se acompaña de medidas internas de competitividad.
En ese contexto, el tratamiento legislativo será clave. El oficialismo apuesta a construir mayorías argumentando que el acuerdo puede traducirse en “más exportaciones, más inversiones y más empleo privado”, mientras que los críticos reclaman un debate profundo sobre sus efectos en la estructura productiva y el rol del Estado en la economía. Ese cruce marcará las próximas semanas en el Congreso, en un clima político ya tensionado por otras reformas impulsadas por la gestión libertaria.
