El conflicto por la continuidad de la institución llegó al Concejo de Representantes. Ribetti reclamó una mesa urgente entre el municipio, el refugio y los vecinos, además de actualizar el aporte económico. Desde el oficialismo, Gallardo defendió la respuesta estatal y sostuvo: “Si la institución hoy decide cerrar sus puertas, el municipio seguirá garantizando, como lo ha hecho siempre, la asistencia a las personas vulnerables”.
La crisis del Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero llegó este jueves al recinto del Concejo de Representantes y expuso dos miradas diferentes sobre qué debería hacer el municipio frente a la posibilidad de que la institución deje de recibir personas por no poder sostener sus gastos.
Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, reclamó conformar de manera urgente una mesa de diálogo, actualizar el aporte municipal y garantizar que un eventual traslado no implique la interrupción del servicio.
Desde Carlos Paz Unido, Laura Gallardo rechazó que el Estado local esté ausente y condensó la posición oficialista en una definición contundente: aun si el refugio cierra sus puertas, aseguró, el municipio continuará haciéndose cargo de la asistencia.
“Si la institución hoy decide cerrar sus puertas, el municipio seguirá garantizando, como lo ha hecho siempre, la asistencia a las personas vulnerables”, afirmó.
La frase marca uno de los puntos centrales del debate. Mientras Ribetti advierte que el cierre trasladaría la problemática a la vía pública y reclama sostener a una organización que desde hace 28 años desarrolla esa tarea, Gallardo sostiene que la responsabilidad estatal ya se ejerce mediante diferentes herramientas y que no depende de la continuidad de una asociación civil en particular.
El intercambio se produjo cuando Ribetti pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución presentado después del abrazo realizado frente al refugio y ante el anuncio de sus responsables de que podrían dejar de recibir personas desde este viernes 15.
La moción para debatirlo inmediatamente consiguió solamente tres votos: los de Ribetti, Pía Felpeto y Fernardo Revello. En contra se pronunciaron los siete representantes de Carlos Paz Unido y Noelia García Roñoni, integrante formal del bloque Juntos por Carlos Paz.
Una mesa para destrabar el conflicto
El núcleo de la propuesta de Ribetti es la conformación de una mesa de diálogo intersectorial en la que participen representantes del Refugio Cura Brochero, vecinos y comerciantes de la zona, las áreas municipales competentes y el propio Concejo de Representantes.
El objetivo establecido en el artículo 4° es encontrar una salida que contemple simultáneamente la continuidad de la asistencia y los reclamos por seguridad, higiene y convivencia planteados por quienes viven y trabajan en el sector de avenida Cárcano.
“Proponer la creación de una mesa de diálogo para ver de destrabar esta situación que, entiendo yo, tiene un montón de aristas que hace que se lleve a esta coyuntura”, explicó Ribetti.
El concejal tampoco rechazó la posibilidad de una relocalización. Su planteo es que, si esa termina siendo la salida, debe existir previamente un lugar adecuado y acompañamiento municipal para concretarla.
“Realmente el tema de que se traslade, yo no veo ningún inconveniente. Me parece que sería buenísimo que se le encuentre una localización apropiada donde no entren en juego los intereses de los vecinos del sector”, afirmó.
Y lo sintetizó en una frase: “Si se tiene que mudar, pues ayúdenlo a que se mude”.
El aporte municipal y la continuidad del refugio
La iniciativa opositora no se limita a convocar a las partes.
En su artículo 1° expresa “profunda preocupación institucional” por lo que define como una crisis económica terminal del refugio y por el riesgo de cierre.
El artículo 2° exhorta al Departamento Ejecutivo a adoptar mecanismos administrativos y presupuestarios que permitan sostener el servicio, incluida una actualización del aporte municipal en función de los costos de funcionamiento, manteniendo los procedimientos de rendición y control.
El propio proyecto reconstruye un vínculo económico que se remonta a la Ordenanza 4859 de 2007 y enumera sucesivas actualizaciones hasta la Ordenanza 7272 de diciembre de 2025.
Sobre esa base, Ribetti interpreta que el acompañamiento al refugio forma parte de una política sostenida durante años y que, frente a la coyuntura actual, el municipio debería evitar que la institución llegue al cierre.
“El problema se va a trasladar a la vía pública”
Uno de los argumentos centrales del concejal de Juntos por Carlos Paz es que la desaparición del refugio no elimina la problemática social que hoy atiende.
“Esas personas no van a desaparecer cuando el refugio se cierre, van a seguir existiendo y la problemática se va a trasladar del refugio a la vía pública”, advirtió.
Ribetti considera que, en ese escenario, las consecuencias recaerían de manera más directa sobre las estructuras municipales vinculadas con asistencia social, seguridad y convivencia urbana.
Desde esa perspectiva, defendió también la conveniencia económica de que el Estado acompañe a una asociación civil que suma trabajo voluntario a los recursos públicos.
“A todas luces al Estado le conviene colaborar con una asociación civil y que los voluntarios pongan la diferencia del costo y no hacerse cargo del 100% de la administración de ese problema”, sostuvo.
También diferenció las responsabilidades que puede asumir el refugio dentro de sus instalaciones de aquellas que corresponden al Estado en el espacio público.
“Claramente no puede una asociación civil ejercer un poder de policía sobre los transeúntes en los horarios en los que ellos no son responsables”, señaló.
Los vecinos, parte del conflicto y de la solución
El proyecto reconoce expresamente como legítimos los reclamos de vecinos y comerciantes relacionados con seguridad, higiene y uso del espacio público.
La diferencia está en cómo responder a esas demandas.
Para Ribetti, atenderlas no debería desembocar en el cierre de la institución ni en una relocalización sin condiciones previamente garantizadas.
Mencionó, por ejemplo, la acumulación de cartones como uno de los problemas que podría resolverse mediante acuerdos concretos.
“Si los cartones son un problema, en esa mesa de diálogo decidan qué es lo que hay que hacer”, planteó.
La propuesta establece que una eventual mudanza debería analizar previamente un nuevo inmueble, sus condiciones edilicias y sanitarias, la seguridad, la accesibilidad y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento.
Gallardo: “El municipio no está ausente”
La respuesta de Carlos Paz Unido partió de una coincidencia: la asistencia a las personas en situación de calle constituye una responsabilidad pública.
“Las personas en situación de calle necesitan asistencia, contención y dignidad, y el Estado tiene una responsabilidad frente a esa realidad”, afirmó Gallardo.
Pero inmediatamente rechazó uno de los presupuestos del planteo opositor.
“También es importante destacar y decir que el municipio no está ausente”, sostuvo.
La concejala recordó el acompañamiento económico al refugio mediante subsidios y aportes extraordinarios y destacó que la intervención municipal, según afirmó, se extiende mucho más allá de esa transferencia.
Mencionó equipos dedicados a la atención de personas en situación de calle, gestiones para atención médica e internaciones, módulos alimentarios y pasajes destinados a procesos de revinculación.
“En lo que va del año se han otorgado 147 pasajes para favorecer los procesos de revinculación”, aseguró.
También sostuvo que en períodos anteriores en los que el refugio no estuvo operativo fue el propio municipio el que asumió la atención.
“Durante los períodos en que este refugio estuvo cerrado, el municipio asumió directamente la responsabilidad y la atención de las personas en situación de calle”, expresó.
Es a partir de ese argumento que Gallardo sostuvo que un cierre del Cura Brochero no implicaría, desde la perspectiva oficialista, que las personas actualmente asistidas queden libradas a su suerte.
“Si la institución hoy decide cerrar sus puertas, el municipio seguirá garantizando, como lo ha hecho siempre, la asistencia a las personas vulnerables”, afirmó.
La afirmación sintetiza buena parte de la posición del gobierno en el conflicto: la continuidad de la asistencia estatal no estaría condicionada a la continuidad del refugio.
Lo que el intercambio no termina de resolver es otra cuestión que atraviesa el planteo de Ribetti: si las acciones municipales mencionadas por Gallardo pueden sustituir, en caso de cierre, la función específica de alojamiento, contención y atención que actualmente presta la institución.
Dónde termina la responsabilidad municipal y dónde empieza la de la asociación
Gallardo también buscó establecer una frontera entre las obligaciones públicas y las decisiones propias de la entidad.
“El municipio tiene una responsabilidad social y la está ejerciendo, y el refugio es una institución de la sociedad civil, es una comisión directiva que tiene responsabilidades sobre su administración y sobre las decisiones que toma”, manifestó.
Ese punto profundiza la diferencia entre ambas posiciones.
El proyecto de Ribetti sostiene que la atención de las personas en situación de calle constituye en última instancia una responsabilidad indelegable del Estado local y cita para ello los artículos 38 y 39 de la Carta Orgánica Municipal.
La iniciativa incluso propone dejar asentado que una interrupción del servicio sin una alternativa municipal oportuna generaría responsabilidad institucional y política para el Departamento Ejecutivo.
Gallardo, en cambio, sostiene que esa responsabilidad ya está siendo cumplida y que no debe confundirse con las obligaciones administrativas que corresponden a la comisión directiva del refugio.
“Los vecinos también tienen derechos”
La concejala oficialista coincidió además en que el debate no puede desatender a quienes viven o trabajan alrededor de la institución.
“Tenemos que escuchar a los vecinos y comerciantes de la avenida Cárcano”, afirmó.
Y rechazó que el conflicto deba plantearse como una elección entre dos sectores.
“No podemos plantear esta discusión como si estuviésemos que elegir entre las personas en situación de calle y los vecinos”, sostuvo.
“Las personas vulnerables tienen sus derechos, pero los vecinos también tienen derecho a la seguridad, a la higiene y a la convivencia”, agregó.
En ese punto, oficialismo y oposición parten de un diagnóstico relativamente próximo: ambos reconocen la legitimidad de esos reclamos.
La diferencia vuelve a aparecer en la respuesta. Ribetti propone sentar a todas las partes para acordar condiciones de continuidad o una eventual relocalización; Gallardo defiende que el municipio ya interviene tanto sobre la situación de vulnerabilidad como sobre las consecuencias que genera en el sector.
La mesa que no llegó a debatirse
El contrapunto dejó dos posiciones claramente definidas.
Ribetti considera que la crisis exige una intervención específica: reunir a las partes, revisar el aporte económico y garantizar que cualquier traslado se produzca sin interrumpir la tarea del refugio.
“Generar esa mesa de diálogo para buscar una solución, para ver cómo se puede resolver esta cosa, es prioritario en este momento”, sostuvo.
Gallardo defendió, en cambio, que la política municipal de asistencia ya existe y continuará aun frente a un eventual cierre.
“Para nosotros decir que el municipio no se hace cargo de las personas en situación de calle o que no acompañe al refugio nocturno, no se condice con la realidad”, afirmó.
Y cerró: “Este municipio no mira para otro lado, trabaja, asiste y sigue buscando alternativas”.
La discusión política quedó planteada, pero la herramienta propuesta para intentar acercar esas posiciones ni siquiera llegó a tratarse en ese momento.
Ribetti, Felpeto y Revello fueron los únicos tres ediles que acompañaron el tratamiento sobre tablas. Los siete representantes de Carlos Paz Unido y García Roñoni votaron en contra de habilitar el debate inmediato, por lo que la propuesta de conformar la mesa de diálogo no avanzó en esa instancia.
