El excandidato a defensor del Pueblo realizará este viernes dos presentaciones ante el Concejo de Representantes. Por un lado, solicitará que se investigue la conducta del actual titular del organismo por sus recientes manifestaciones públicas. Por otro, ingresará formalmente su propuesta para mantener la elección popular, pero con mayores exigencias de participación y respaldo ciudadano, y pedirá utilizar la Banca del Ciudadano para defenderla.
Santiago Juliá presentará este viernes ante el Concejo de Representantes un pedido de apertura de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y formalizará además su proyecto de enmienda de la Carta Orgánica para modificar profundamente las condiciones bajo las cuales se eligen las autoridades del organismo.
Se trata de dos planteos diferentes, aunque Juliá los vincula bajo un mismo argumento: la necesidad de establecer límites al poder y fortalecer la legitimidad e independencia de una institución que volvió a quedar en el centro de la discusión política de Villa Carlos Paz.
El pedido de juicio político será la novedad más fuerte de la presentación.
Juliá solicitará que el Concejo analice, en los términos del artículo 184 de la Carta Orgánica, las manifestaciones públicas realizadas por Curvino el pasado 6 de agosto, cuando el defensor salió al cruce de dirigentes que cuestionan el funcionamiento del organismo.
En aquella oportunidad, Curvino habló de “precandidatos a intendente que hacen política desprestigiando a la Defensoría porque no se les cae una idea”, los acusó de hacer “politiquería”, calificó sus cuestionamientos como “campañas berretas” y los definió como dirigentes que “venden humo, populistas y demagogos”.
Juliá pretende que el cuerpo legislativo determine si ese posicionamiento resulta compatible con las obligaciones de independencia e imparcialidad que corresponden al titular de un órgano de control y con las restricciones político-partidarias que, según sostiene, impone la función.
“Necesitamos que existan límites. Quien acepta conducir un organismo independiente no recibe solo poder, también acepta incompatibilidades”, expresó.
Y agregó: “No se puede ejercer la autoridad de un cargo de control y después desconocer las restricciones que ese mismo cargo impone”.
Un pedido para que el Concejo investigue
Juliá no plantea en su presentación que las expresiones de Curvino constituyan por sí mismas una causal ya comprobada de juicio político, sino que reclama que se abra el procedimiento institucional para determinarlo.
“Si él decidió no ejercer ese poder y ser funcional al Estado, vamos a exigirle que entienda y respete que su cargo tiene incompatibilidades”, sostuvo.
Para el excandidato, el episodio debe analizarse dentro de una discusión más amplia acerca de la función que cumple la Defensoría y de los límites que deben alcanzar a quien la conduce.
“Discutir cómo se elige al defensor y discutir qué pasa cuando el que ya está adentro se corre de sus límites es, en el fondo, la misma pregunta: quién controla al poder”, afirmó.
El planteo suma un nuevo frente a una controversia que durante los últimos días se concentró principalmente en el futuro institucional de la Defensoría.
Formalizará la reforma que ya había anticipado
En paralelo al pedido contra Curvino, Juliá ingresará formalmente su proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal.
La iniciativa ya había sido anticipada públicamente por el excandidato, quien incluso había adelantado su intención de llevarla personalmente al recinto. Este viernes concretará la presentación y solicitará utilizar la Banca del Ciudadano para exponer sus fundamentos ante los concejales.
“Hace más de un año puse en discusión la legitimidad de la Defensoría cuando prácticamente nadie quería mirarla. Hoy, con elecciones de por medio, aparece el consenso y hasta la urgencia”, señaló.
Juliá aseguró que no pretende disputar la autoría del debate ni obtener un beneficio político.
“Bienvenido el debate tarde, pero que sea honesto: no vengo a competir por autorías ni por rédito electoral, vengo a discutir cuál es la solución institucionalmente responsable”, manifestó.
Su propuesta se diferencia tanto del proyecto impulsado por el intendente Esteban Avilés como de otras alternativas opositoras que comenzaron a conocerse.
Mantener el voto, pero elevar considerablemente la exigencia
Juliá propone que el defensor del Pueblo y su adjunto continúen siendo elegidos directamente por los ciudadanos.
Sin embargo, plantea establecer dos condiciones obligatorias de legitimidad.
Para que la elección produzca autoridades deberá participar al menos el 50% del padrón municipal y la fórmula ganadora tendrá que obtener la mayoría absoluta de los votos válidos afirmativos.
Si alguno de esos requisitos no se cumple, los cargos quedarán vacantes hasta la siguiente elección ordinaria.
No habría segunda vuelta, elección extraordinaria, prórroga de mandatos ni posibilidad de que el Concejo cubra las vacantes mediante un acuerdo político.
“Si la sociedad quiere un defensor, que lo legitime con su voto. Y si ese respaldo no existe, ningún intendente, ningún bloque oficialista, ninguna oposición tiene derecho a reemplazar al vecino en esa decisión”, planteó Juliá.
Para sintetizar su posición, remarcó: “El poder es del ciudadano; la política solo lo administra”.
Críticas a Avilés y a la alternativa de Ribetti
Juliá cuestionó expresamente los proyectos que buscan abandonar la elección directa.
El Ejecutivo municipal propone que las autoridades sean elegidas dentro del Concejo de Representantes a partir de candidaturas presentadas por los bloques y con una mayoría extraordinaria de diez votos sobre doce.
El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, también plantea terminar con los comicios específicos de la Defensoría, pero pretende que el titular sea designado por la fuerza política que termine segunda en la elección municipal para intendente, mientras el adjunto correspondería a la tercera fuerza con representación legislativa.
Juliá rechaza ambos modelos porque considera que, aunque utilizan mecanismos distintos, terminan trasladando hacia las estructuras partidarias una decisión que actualmente pertenece a la ciudadanía.
“Dicen que buscan devolverle legitimidad a la Defensoría, y la solución que proponen es sacarle el voto al vecino y dárselo a la política”, cuestionó.
Para Juliá, elegir mediante una mayoría legislativa o reservar la conducción para una fuerza opositora reproduce una misma lógica.
“Eso no es sanear una institución, es que la política se adjudique lo que hoy no le pertenece. Elegirlo por mayoría de bloques o regalarlo como premio consuelo a la primera minoría es la misma lógica: reparto entre dirigentes, no decisión del ciudadano”, expresó.
“La oposición de hoy puede ser el oficialismo de mañana”
Otro de sus argumentos apunta a evitar que la Carta Orgánica sea modificada en función de la actual composición política del Concejo.
Juliá advirtió que las reglas institucionales deben diseñarse pensando en su aplicación futura y no únicamente en quién ocupa hoy el Gobierno y quién integra la oposición.
“La oposición de hoy puede ser el oficialismo de mañana”, señaló.
Y amplió: “Quien hoy negocia un reparto de bloques para quedarse con el cargo, mañana puede estar del otro lado de esa misma trampa que ayudó a construir. Las instituciones no se escriben para la coyuntura, se escriben para durar más que quien las redacta”.
Rechazo a una Convención Constituyente por la Defensoría
Juliá también marcó diferencias con las propuestas que apuntan directamente a eliminar el organismo.
El concejal Carlos Quaranta, Carlos Paz Inteligente, promueve la supresión de las figuras del defensor y el adjunto mediante una reforma parcial de la Carta Orgánica a través de una Convención Constituyente.
En similar dirección se pronunciaron el Frente Cívico y, recientemente, la Fundación Construyendo Futuro, encabezada por Horacio Gigena.
Juliá no comparte esa salida.
Su posición es que la Carta Orgánica ya ofrece una herramienta específica para modificar hasta dos artículos: la enmienda, que requiere una mayoría especial del Concejo y posteriormente debe ser sometida a referéndum popular.
“Me parece profundamente irresponsable plantear una Convención Constituyente solo para eliminar la Defensoría”, afirmó.
Y apeló a una comparación: “Si hay que arreglar una abertura de la casa, no se llama a una empresa de demolición. Con las instituciones debería existir, como mínimo, la misma prudencia. Tenemos un bisturí: la enmienda. Usar una topadora no es valentía política, es irresponsabilidad institucional”.
El riesgo de abrir una reforma más amplia
Juliá relacionó ese rechazo con la extensa continuidad de Carlos Paz Unido al frente del Gobierno municipal.
“No estamos discutiendo esto en el vacío. Es el Gobierno con mayor permanencia continua en el poder de la historia democrática de Villa Carlos Paz: 16 años ininterrumpidos, con mayorías automáticas que redujeron sistemáticamente los contrapesos institucionales”, sostuvo.
En ese contexto, consideró riesgoso habilitar una Convención Constituyente cuando, desde su perspectiva, el problema puede ser abordado mediante un mecanismo más acotado.
“¿Y frente a esa concentración de poder la respuesta va a ser abrirle alegremente la puerta a una Convención Constituyente? No estoy dispuesto a acompañar ese salto al vacío”, afirmó.
“Devolverle el poder al vecino”
Juliá enmarca su propuesta dentro de una concepción institucional orientada a preservar los controles y evitar la concentración de poder.
“Una visión liberal y republicana no se agota en achicar el Estado o bajar impuestos. Consiste, antes que nada, en desconfiar del poder, dividirlo y controlarlo”, expresó.
Desde esa perspectiva, sostiene que la crisis de representatividad de la Defensoría no debería resolverse entregando su conducción a los partidos.
“No le entrego más poder a la política para resolver un problema que la propia política creó. Le devuelvo el poder al vecino”, resumió.
Un debate cada vez más amplio
La presentación de este viernes se producirá en momentos en que existen ya varias posiciones concretas sobre el futuro de la institución.
Avilés propone mantenerla y reemplazar el voto directo por una designación del Concejo con diez votos sobre doce.
Ribetti también pretende abandonar la elección específica, pero entregar la designación del defensor a la fuerza que termine segunda en los comicios municipales y la del adjunto a la tercera.
Juliá quiere conservar el voto popular, estableciendo un piso del 50% de participación y exigiendo mayoría absoluta de los votos válidos afirmativos para que una fórmula pueda asumir.
Quaranta propone directamente eliminar de la Carta Orgánica al defensor y al adjunto mediante una Convención Constituyente.
El Frente Cívico se manifestó igualmente favorable a avanzar hacia la desaparición del organismo y llevar posteriormente esa decisión a la ciudadanía.
Y Construyendo Futuro pidió iniciar el proceso de reforma para suprimir la Defensoría, redistribuir sus funciones y destinar los recursos que actualmente consume hacia otras áreas municipales.
Juliá pretende llevar ahora su alternativa directamente al recinto mediante la Banca del Ciudadano, pero este viernes incorporará además un elemento hasta ahora ausente del debate: un pedido formal para analizar mediante juicio político la conducta del actual defensor del Pueblo.
“No soy candidato a ningún cargo ejecutivo, ni busco serlo. Llevo más de un año estudiando este problema y la conclusión es simple: no debemos decidir nosotros por la sociedad”, sostuvo.
Y concluyó: “Que decida la sociedad, que la política se corra y que las instituciones vuelvan a tener límites”.
