La fuerza política consideró que la participación del 17,2% registrada en las elecciones de 2025 refleja una pérdida de representatividad del organismo y pidió reformar la Carta Orgánica para que la ciudadanía decida sobre su continuidad. La discusión ya reúne propuestas muy diferentes de Esteban Avilés, Daniel Ribetti, Santiago Juliá y Carlos Quaranta.
El Frente Cívico de Villa Carlos Paz se incorporó formalmente al creciente debate sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo y planteó avanzar hacia la eliminación de la figura, con una reforma de la Carta Orgánica que posteriormente sea sometida a consideración de los vecinos.
La fuerza política fundamentó su posición principalmente en la escasa participación registrada en las elecciones de 2025, cuando concurrió a votar apenas el 17,2% del padrón municipal.
“Este nivel de concurrencia no es un simple dato electoral, sino un plebiscito silencioso que demuestra que los vecinos le han dado la espalda definitiva a una institución que ya no consideran útil”, sostuvo el espacio en un documento difundido este miércoles.
El pronunciamiento aparece en momentos en que la Defensoría volvió a ocupar un lugar central en la discusión política de Villa Carlos Paz, después de que el intendente Esteban Avilés impulsara su propia propuesta para terminar con la elección directa de las autoridades y trasladar esa definición al Concejo de Representantes.
Desde entonces comenzaron a conocerse alternativas diferentes, algunas orientadas a modificar el sistema de designación, otras a establecer mayores exigencias de legitimidad electoral y otras que directamente plantean la desaparición del organismo.
El 17,2% como principal argumento
Para el Frente Cívico, el ausentismo registrado durante los últimos comicios constituye una señal política que no debería ser ignorada.
Según la fuerza, mantener una estructura institucional de estas características pierde sentido cuando más de ocho de cada diez vecinos habilitados para votar deciden no participar de su elección.
El documento cuestionó además el costo presupuestario de la Defensoría y consideró injustificado continuar destinando fondos públicos a un organismo que, según su posición, “la inmensa mayoría ignora y no convalida con su voto”.
La interpretación del Frente Cívico es que el problema ya no se limita a discutir quién debe ocupar el cargo o cómo debería ser elegido, sino que alcanza a la propia razón de ser de la institución.
Un planteo que Gispert había realizado en 2015
El comunicado recuperó además una posición expresada hace más de una década por Walter Gispert, actualmente legislador departamental del Frente Cívico.
En octubre de 2015, Gispert había planteado públicamente que la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz “debería desaparecer por su inoperancia”.
Desde el espacio recordaron que aquella posición generó cuestionamientos, pero consideran que la evolución posterior del organismo y, particularmente, la escasa concurrencia electoral de 2025 permiten revisar aquel planteo.
“Lo que entonces se descartó como una opinión aislada, hoy se impone como un diagnóstico acertado sobre la desconexión entre este cargo y la sociedad carlospacense”, afirmó el documento.
Que la decisión vuelva a los vecinos
El Frente Cívico reconoció que la existencia de la Defensoría se encuentra establecida en la Carta Orgánica Municipal y que, por lo tanto, su eliminación requiere modificar la norma fundamental de Villa Carlos Paz.
Por esa razón, reclamó al Concejo de Representantes que ponga en marcha el mecanismo institucional correspondiente para avanzar con una reforma.
La propuesta contempla que cualquier modificación sea posteriormente sometida a votación popular, para que sean los propios vecinos quienes determinen si quieren conservar la institución.
“Villa Carlos Paz necesita instituciones vivas, cercanas y legítimas”, sostuvo la fuerza política.
Y concluyó: “Si la Carta Orgánica exige que sea el pueblo quien decida mediante el voto, que sea el pueblo quien tenga la última palabra”.
Un debate que ya tiene varias propuestas
La posición del Frente Cívico se incorpora a una discusión que en pocas semanas acumuló cuatro proyectos o planteos concretos con concepciones muy diferentes sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo.
El punto de partida de todos es prácticamente el mismo: la baja participación electoral, los cuestionamientos sobre la representatividad del organismo, su costo y la discusión acerca de su verdadera independencia respecto del Gobierno municipal.
Las respuestas, sin embargo, son muy distintas.
Avilés: elección dentro del Concejo con diez votos
El intendente Esteban Avilés propone terminar con la elección directa mediante el voto ciudadano y trasladar la designación al Concejo de Representantes.
El proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo plantea que el defensor sea elegido a partir de candidaturas presentadas por los bloques y que para su designación sea necesaria una mayoría extraordinaria de diez votos sobre los doce integrantes del cuerpo.
La iniciativa contempla además una modificación del régimen de remuneraciones de las autoridades de la Defensoría.
El argumento del oficialismo es que un acuerdo legislativo con una mayoría tan elevada obligaría a construir consensos entre diferentes fuerzas políticas.
Sus críticos, en cambio, advierten que trasladar la designación desde la ciudadanía hacia el sistema político no necesariamente garantiza una mayor independencia del organismo de control.
Ribetti: la Defensoría en manos de la oposición
El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, también propone eliminar la elección popular, pero mediante un mecanismo sustancialmente diferente al de Avilés.
Su proyecto había sido presentado originalmente el 11 de febrero de 2025 y fue retomado durante el actual período legislativo.
Ribetti plantea que el defensor del Pueblo sea designado directamente por la fuerza política que haya terminado segunda en las elecciones municipales para intendente.
El defensor adjunto correspondería a la fuerza ubicada en el tercer lugar. Si esa tercera fuerza no obtuviera representación dentro del Concejo, también sería elegido por el bloque correspondiente al segundo espacio más votado.
La lógica de la propuesta es colocar la conducción del organismo de control institucional en manos de sectores opositores al Gobierno surgido de las urnas.
Ribetti coincide con Avilés en eliminar la elección directa, modificar los artículos correspondientes de la Carta Orgánica y reducir las remuneraciones, pero discrepa por completo sobre quién debe efectuar la designación.
Juliá: mantener el voto, pero exigir una legitimidad mucho mayor
El excandidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá plantea una alternativa diferente a las anteriores.
Su proyecto mantiene la elección directa por parte de los vecinos, pero establece condiciones mucho más exigentes para que una fórmula pueda acceder al cargo.
Propone que participe al menos el 55% del padrón municipal y que la fórmula ganadora obtenga más del 50% de los votos válidos.
Si alguna de esas condiciones no se cumpliera, el cargo quedaría vacante hasta el próximo período electoral ordinario, sin segunda vuelta, elecciones extraordinarias ni acuerdos políticos para cubrirlo.
Juliá sostiene que el problema no se resuelve cambiando quién elige al defensor, sino exigiendo que quien ocupe una estructura costosa y destinada a controlar al poder cuente con un respaldo ciudadano verdaderamente significativo.
Quaranta: eliminar directamente la institución
La propuesta más terminante hasta el momento es la del concejal Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente.
Quaranta volvió a presentar un proyecto que había impulsado originalmente en julio de 2025 y que perdió estado parlamentario después de no ser tratado.
Su iniciativa propone eliminar de la Carta Orgánica tanto la figura del defensor del Pueblo como la del defensor adjunto, suprimiendo el capítulo que actualmente regula la institución.
Para ello plantea una reforma parcial de la Carta Orgánica mediante una Convención Constituyente convocada específicamente con ese objetivo.
El edil utiliza también como argumento central la elección de 2025 y sostiene que el hecho de que alrededor del 83% del padrón no haya participado representa una señal suficiente para cuestionar la continuidad del organismo.
Carlos Paz Inteligente mantiene esta posición desde antes de los últimos comicios y decidió no presentar candidatos tanto en 2021 como en 2025.
De cómo elegirlo a discutir si debe existir
El debate iniciado por la reforma de Avilés terminó abriendo una discusión institucional mucho más amplia de la que originalmente parecía planteada.
Ya no se debate solamente si el defensor debe ser elegido por los vecinos o por los concejales.
Avilés propone una mayoría extraordinaria dentro del Concejo. Ribetti pretende que el organismo quede conducido por las principales fuerzas opositoras. Juliá quiere conservar el voto directo, pero condicionado a fuertes pisos de participación y respaldo. Quaranta plantea directamente eliminar la institución. Y ahora el Frente Cívico también se pronuncia por avanzar hacia su desaparición y llevar esa decisión a la ciudadanía.
Con esas posiciones sobre la mesa, el futuro de la Defensoría del Pueblo se perfila como uno de los debates institucionales más importantes del nuevo período legislativo.
La discusión ya no gira solamente alrededor del nombre de su próximo titular. Lo que comenzó a ponerse en cuestión es qué tipo de organismo de control quiere Villa Carlos Paz, qué grado de legitimidad debería exigírsele y, en las posiciones más críticas, si tiene sentido que continúe existiendo.
