Por Evelina Ramírez


Golpizas a la salida de un boliche. Terriblemente el episodio se repite en distintas localidades del país. Y sucede al mismo tiempo que avanza el juicio contra los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Baez Sosa el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Sucedió en Jesús María, donde Agustín Ávila -un adolescente de 16 años- fue víctima de una golpiza en la madrugada del domingo 08 de enero. El joven estaba con su familia en las inmediaciones del anfiteatro de Doma y Folklore. “Lo mataron por una gorra”, denunció Gustavo Ávila, su padre, ante la prensa y describió que los agresores venían de un boliche donde ya habían protagonizado otra pelea.

“Fueron 20 chicos y chicas contra mi hijo, hasta que uno le clavó algo en el cuello”, agregó Vanesa Arrieta, mamá de Agustín.

Sucedió también en La Falda donde dos adolescentes denunciaron una brutal golpiza a la salida de un boliche ubicado en el centro de la localidad. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 8 de enero. La municipalidad de esa localidad aportó vídeos de cámaras de seguridad.

Lamentablemente, Villa Carlos Paz no está ajena a la problemática. En la mañana del domingo 8 de enero, un joven de 26 años fue atacado por una patota a la salida del boliche Green Paradise. “Cruzó la calle frente a MCDonalds y en la vereda de Villapaz fue atacado”, denunció Mauro Amméndola, su padre, a través de las redes sociales, y dijo que de la golpiza participaron “al menos cuatro personas”.

“Mi hijo fue asistido cuando quedó en el piso por unos chicos y el dueño de Villapaz quien fue quien me llamó a mi (desde ya agradezco esa actitud solidaria) y lo llevaron al hospital”. Como consecuencia de los golpes, debieron realizarle una sutura de tres puntos en la ceja, sufriendo “fractura de orbital, cara desfigurada y labios por los golpes”.

El joven radicó la denuncia en la Unidad judicial de la Departamental Punilla e inicialmente la familia convocó a través de sus redes sociales a que las personas que hayan sido testigos del episodio, aporten información.

Lo cierto es que la identificación de los agresores sigue pendiente.

En diálogo con VillaNos Radio, Amméndola expresó que desde la Unidad Judicial le dijeron que ya han tenido acceso a las cámaras, pero no le brindan información sobre lo que allí se ve y sobre el avance de la investigación.

“Me dijeron que ya tienen las cámaras, que estuvieron observando, pero que no me pueden decir nada. Yo lo que necesito saber es quiénes fueron y por qué lo hicieron; si son turistas y ya no están más en la ciudad. Si como particular voy a los comercios o a la municipalidad a pedir que me dejen ver las cámaras, no me dejan ver. Pero si hay una denuncia, está interviniendo la fiscalía, con un oficio… y tampoco puedo saber qué se ve en las cámaras”, expresó.

Para acceder a los detalles de la investigación, desde la fiscalía le dijeron que tiene que solicitar la representación de un abogado y constituirse en querellante. “Encima que somos damnificados y somos las víctimas, tengo que pagar la tasa de justicia y los honorarios de un abogado que, por supuesto corresponde, porque es su trabajo.

“Me dijeron que haga eso así puedo definir ‘para dónde conducir la causa’. La causa se tiene que conducir hacia el lado de la justicia. No entiendo cuál es la posición del Ministerio Público Fiscal en estos casos”, remarcó.

Otro episodio de violencia urbana se registró a la salida del boliche Molino Rojo en la noche del domingo 15 de enero. “El domingo hubo una matiné de chicos de 12 a 15 años. Nosotros permitimos que nuestro hijo de 13 años vaya ya que en la página de ese ‘boliche’ anunciaban un estricto control, cosa que no sucedió”, denunció a través de sus redes sociales la madre de uno de los jóvenes agredidos.

“Afuera fue una batalla campal! La policía que debería estar al servicio de la comunidad, miraron para otro lado”, añadió la mujer remarcando también fuerte críticas hacia el personal de seguridad del boliche.

Nota correspondiente a la edición n° 585 del periódico La Jornada, del 25 de enero de 2023.

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