Foto: Las manos bajas de Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Mariano Melana, Carina Fernández, Leonardo Villalobos y Patricia Morla, una postal repetida cuando el Concejo de Representantes aborda proyectos de las minorías.
El oficialismo mantuvo, en las dos primeras sesiones del Concejo de Representantes de 2023, la misma dinámica que le viene imprimiendo a la labor legislativa en los últimos años: bloquear pedidos de informes sobre el tema que sea, y rechazar propuestas de las minorías.
Vale acotar que, de la misma manera que viene ocurriendo en los últimos veranos, el cuerpo legislativo sesiona semana de por medio durante enero y febrero.
Una decisión difícil de justificar teniendo en cuenta que la Carta Orgánica determinó que sea en julio el receso del Concejo de Representantes, justamente con la idea de estar en plena actividad durante el momento en que la ciudad afronta su mayor actividad.
Proyectos
Repasemos rápidamente las propuestas presentadas desde las minorías en las dos sesiones de enero a las que el oficialismo (a veces con el acompañamiento de Natalia Lenci) se negó a darle tratamiento, en algunos casos esbozando algún mínimo argumento, y en la mayoría en completo silencio.
Gustavo Molina (Frente Cívico-Capaz): declarar ‘Zona de Desastre Ambiental’ al humedal El Pantanillo que se encuentra en barrio Colinas; pedido de informes sobre el viaje a España del secretario de Turismo, Cultura y Deportes en plena temporada.
Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente): pedido de informes sobre una ‘aparente boca de tormenta ubicada en el sector de Playa Perelli en condiciones tales que son un potencial peligro para personas, animales, vehículos y la propiedad de las vecinas y vecinos del sector’; pedido de informe sobre diversos puntos relativos al Transporte Urbano de Pasajeros; pedido de informes sobre la ejecución de las obras sobre calle Madrid en la entrada al balneario Playas de Oro.
Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta): proyecto para establecer paradas temporales de taxis; resolución instando al intendente a respetar lo dispuesto por la ordenanza 4699 de acceso a la información pública, tras constatar su evidente incumplimiento; proyecto de ordenanza instando al ejecutivo ‘a cumplir con las recomendaciones establecidas en las Directrices Sanitarias de la Resolución Ministerial 125/2016 del Ministerio de Salud de la Nación’ en relación a la contaminación del río San Antonio y el lago San Roque (ver página 6); pedido de informes solicitando documentación relacionada ‘a actos de violencia efectuados por trabajadores municipales en contra del periodista Sergio Bailone’ (ver página 11).
De esta forma, casi todos los proyectos presentados desde la oposición, sobre temas muy diferentes, corrieron la misma suerte; un pase a comisión que en la práctica funciona como un rechazo liso y llano.
La única excepción fue una propuesta de Lenci para disponer ‘la obligatoriedad de difundir un caso de femicidio, travesticidio o transfemicidio, con la finalidad de visibilizar la violencia de género’ en los establecimientos dedicados a brindar espectáculos públicos. El proyecto también pasó a comisión, pero en este caso no hubo pedido para que sea abordado sobre tablas.
Lo visto es una muestra cabal del autoritarismo y la intransigencia con la que se maneja esta autodenominada Gestión Comunitaria, que ha hecho del ocultamiento de la información y la negativa a aceptar propuestas de quienes no forman parte de su núcleo político su modus operandi legislativo.
Y todo mientras en los discursos hablan de transparencia, diálogo y respeto.
