El pasado martes 6 de septiembre, un incendio de grandes proporciones se desató en la zona de Las Jarillas, dentro del ejido de San Antonio de Arredondo, en el sur de Punilla.

Tras varias horas de lucha los bomberos lograron, finalmente, controlar el fuego que, a esa altura, ya había arrasado con unas cien hectáreas de bosque nativo, según informó la policía.

Para tener noción de la magnitud del incendio vale precisar que acudieron para combatirlo dotaciones de bomberos de Villa Carlos Paz, La Falda, Alta Gracia, Bialet Massé, Cosquín, San Antonio, Icho Cruz y Tanti, más cuatro unidades del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes), y el apoyo de dos aviones hidrantes del Plan de Manejo del Fuego del gobierno de la provincia.

De acuerdo al parte oficial, no fue necesario evacuar a los habitantes y los únicos daños materiales se registraron en un complejo de cabañas colindante al predio del Centro de Empleados de Comercio.

Ante lo sucedido, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) emitió un duro comunicado: ‘No se quemó, permitieron que se queme; y los responsables tienen nombre y apellido’.

El documento (ver aparte) fue compartido en las redes sociales junto a un video que muestra las consecuencias devastadoras del fuego y planteó que el incendio forestal era ‘altamente previsible’ básicamente por dos cuestiones: ‘por un lado, una zona “protegida” que no lo está porque ni el Gobierno Provincial ni el Municipal ponen límite al avance de las urbanizaciones sobre los pocos bosques nativos que quedan. Por otro lado, una zona de piedemonte al costado de un camino que va directo a la ciudad de Córdoba, en un área de paisajes privilegiados con un altísimo valor inmobiliario para los desarrollistas’.

Es que la zona afectada integra el Área Protegida Intangible que el municipio de San Antonio de Arredondo declaró en septiembre de 2021, y que abarca el faldeo serrano desde el límite con Villa Carlos Paz hasta Villa Las Jarillas.

Según se destacó en la oportunidad, la intención es ‘preservar, a perpetuidad, su biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos que brindan al conjunto de la sociedad’.

La propuesta había sido consensuada con distintos actores sociales de la región siendo promotora, justamente, la ONG Adarsa.

Sin embargo, nunca se dictó el reglamento respectivo que garantice los recursos materiales y económicos que permitan su efectiva aplicación.

‘Si no hay gestión estatal que convierta lo que está en el papel en realidad no se puede avanzar. La ordenanza no se reglamentó y ya pasó más de un año, lo que muestra que falta intencionalidad política’, sostuvo el biólogo Fernando Barri en una entrevista con VillaNos Radio.

Por esta falta de reglamentación, advirtió, ‘no existe un plan de manejo, no tienen un mapa claro de dónde se van a autorizar urbanizaciones, no hay guardaparques, etc’.

‘Si no ponen personal, es una reserva de papel. Desde Adarsa presentamos notas preguntando por qué no se reglamenta la reserva y no tenemos respuesta. Hay una falta de gestión absoluta y los que deben dar respuestas son los funcionarios del municipio’, remarcó.

Aunque ‘hay que esperar la pericia para confirmar que el incendio fue intencional’, el ambientalista alertó que, ‘el fuego es una forma de desmonte’.

‘Lo que decimos es que era previsible que una mano incendiaria buscara eliminar el bosque nativo por la fuertísima presión inmobiliaria que existe sobre la zona.

Si bien la ley de Bosque establece que son áreas protegidas y no se puedan urbanizar, hay fuertes presiones que hacen que las autoridades locales y provinciales miren para otro lado.

Entonces hay que dejar de decir que se quemaron las sierras. Alguien las quema y hay responsables’, enfatizó Barri.

En este punto precisó que el fuego arrasó con bosque ubicado en zona de piedemonte: ‘si llegan de acá a dos meses camiones con ladrillos… bueno, 2+2. La cosa está bastante clara’.

Y en este punto realizó un llamado a la comunidad.

‘Debemos estar todos atentos para que se trabaje para recuperar el monte y se frenen los loteos.

La justicia debe actuar con firmeza con los que provocan los incendios, y el municipio tiene que reglamentar la reserva’, concluyó.

Adarsa: ‘No se quemó, permitieron que se queme; y los responsables tienen nombre y apellido’

La ONG Asociación de Amigos del Río san Antonio (Adarsa) emitió un crítico comunicado en relación al incendio que arrasó con bosque nativo en la zona de Las Jarillas.

‘No se quemó, permitieron que se queme; y los responsables tienen nombre y apellido’, se titula el documento que expresa textualmente:

‘La imagen es repetida. Donde antes había un manto verde de bosques protegidos, hoy hay una mancha negra. La diferencia en el caso de este último incendio forestal en Las Jarillas es la suma de elementos que lo hacían altamente previsible: Por un lado, una zona “protegida” que no lo está porque ni el Gobierno Provincial ni el Municipal ponen límite al avance de las urbanizaciones sobre los pocos bosques nativos que quedan. Por otro lado, una zona de piedemonte al costado de un camino que va directo a la ciudad de Córdoba, en un área de paisajes privilegiados con un altísimo valor inmobiliario para los desarrollistas.

Faltaba solamente la mano incendiaria que esperara el día y momento adecuados (calor y vientos en la temporada de sequía) para prender ese fuego que alcanzaría a “limpiar” la zona, o el desprevenido al que se le escapó una chispa.

Si era previsible y esperable por cualquiera de nosotros, ¿por qué no se actúa antes?, ¿por qué no se hizo efectiva el área protegida (que aún no está reglamentada) con sus guardaparques y personal de control?, ¿por qué no se multa a quienes construyen en zonas protegidas por la Ley de Bosques?, ¿por qué las autoridades nunca descubren las identidades de quienes inician un incendio forestal?

Hay nombres que sí conocemos y son igualmente responsables, los de los funcionarios que no hicieron nada para evitar este daño irreparable.

En estos incendios no solo pierden la vida cientos de animales y plantas, también se degradan las cuencas, se erosionan los suelos, se incrementa el cambio climático; en definitiva, empeora nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones.

Con un Estado ausente, los incendios seguirán devorando nuestras sierras. Es urgente que se haga efectiva la gestión, manejo y control de las áreas protegidas y todas aquellas zonas enmarcadas en la Ley de Bosques. Si eso no ocurre, seguiremos lamentando la destrucción del tejido ambiental y social en el que estamos viviendo’.

Nota correspondiente a la edición n° 581 del periódico La Jornada, del 28 de septiembre de 2022.

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