Por Evelina Ramírez


Con las manos en alto, en cuclillas y sin oponer ningún tipo de resistencia. Esa fue la manera en la que Jonatan Romo se entregó a la policía y que quedó registrada en un video que, tras constatarse su fallecimiento en la comisaría de La Falda, se fue viralizando.

La autopsia preliminar determinó que Jonatan murió por “asfixia mecánica”.

“Se hizo todo mal. ¿Qué necesidad tenían de tirarlo al piso y ponerle -como a George Floyd, las piernas sobre las costillas oprimiendo los pulmones y dejándolo sin aire? Encima de eso le dañaron internamente el cuerpo”, dijo a VillaNos Radio el abogado Luis Galli, representante de la familia Romo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 10 de julio y puso en la mira a la policía de la provincia de Córdoba, exhibiéndola -una vez más- en su brutalidad.

Tras lo sucedido fueron desplazados tres comisarios: el director de la Departamental Punilla Norte, comisario Diego Alejandro Bracamonte; el director General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, comisario Julio César Faría, y el director de Entrenamiento Profesional Permanente, comisario Marcos Germán Manrique.

Cuatro días después, el fiscal de Instrucción de Feria, Raúl Ramírez, que integra el Fuero Antinarcotráfico de Cosquín y está a cargo de la causa, dispuso la detención de seis policías: cuatro suboficiales sobre quienes pesa la imputación más grave (homicidio calificado por abuso en el ejercicio de sus funciones); más un subcomisario y otro suboficial, acusados de “encubrimiento agravado”.

El fiscal se reservó los nombres de los apresados y comentó al portal La Nueva Mañana que su decisión se precipitó a partir del informe forense. “La muerte por asfixia mecánica puede ser causada por un elemento extraño al cuerpo, aunque son varias las posibles circunstancias que se pueden dar como causa efectiva de la muerte, de ahí que solicité ampliar los estudios anatomopatológicos. Se han recopilado todas las pruebas y ahora viene el momento de que los imputados se defiendan y expliquen las cosas. Hoy son meramente sospechosos”.

Repercusiones políticas

Lo sucedido con Jonathan Romo desató, una vez más, las críticas hacia las autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba que sigue sin poder controlar y ponerle un freno al accionar violento, abusivo y violatorio de los derechos humanos de la policía.

“En relación a los hechos acontecidos en la comisaría de La Falda, sobre los que ya trabaja la Justicia, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”, escribió escuetamente Schiaretti en Twitter y agregó en un segundo posteo: “Y como corresponde, el Estado provincial pone a disposición todos los recursos necesarios para que se determinen culpables y responsables del caso y caiga todo el peso de la ley sobre los mismos”.

En ese contexto, y dos días después de la muerte de Romo, se conocieron las declaraciones de Julio César Faría, uno de los comisarios desplazados y que ocupaba la dirección General de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial.

En diálogo con Canal 12, Faría aseguró que su desplazamiento le fue informado de manera telefónica, mientras se hallaba de licencia. “No tengo comunicación oficial de mi pase a retiro, sólo una comunicación verbal del ministro de Seguridad, que me llamó a mi casa el martes pasado, anunciándome el paso a retiro dispuesto por el señor gobernador”.

Consultado sobre las razones detrás de lo ocurrido en La Falda, Faría aludió a la falta de capacitación. “Las muestras, las estadísticas y las predicciones que uno manejaba dentro de la dependencia que administraba, me daban muestras de que esto podía pasar y puede seguir pasando en cualquier punto de la provincia”, advirtió, y cuestionó particularmente la capacidad que tienen la Dirección de Entrenamiento y la División de Defensa Personal para responder a las necesidades de los 22 mil policías que tiene la Provincia.

“No logramos tener los estándares normales que un policía necesita para una práctica efectiva de tiro”, “la periodicidad de la práctica de tiro en la Policía de Córdoba no existe, no tiene polígono de tiro propio; ¿cómo hago para entrenar a 22 mil hombres si no tengo un polígono propio?”, fueron algunas de las frases que disparó Faría, al cuestionar las fallas en la capacitación de los agentes.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera se defendió de las críticas y aseguró que no piensa renunciar. “Hay algunos que hacen declaraciones destempladas, pertenecientes a la política, a quienes nunca el Gobierno de Córdoba habrá de responderles, porque éste es un gobierno austero en la palabra y muy eficaz y prolífico en la acción”, dijo y agregó: “Quien reclama mi renuncia, puede desgañitarse pidiéndola que no la va a tener. Por mis propias convicciones, por mi propio temperamento y porque tengo una misión que me ha sido encomendada”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la falta de capacitación de la policía, el funcionario afirmó: “Los estándares de calidad se elevan día tras día y así vamos a seguir trabajando”.

Pedido de apartamiento de la fiscal Kelm

Transcurrida una semana de los hechos, el abogado querellante Luis Galli amplió la denuncia y pidió que la fiscal Paula Kelm no encabece la investigación. Como Kelm está de vacaciones, el caso recayó en el fiscal Raúl Ramírez; pero a la vuelta de la feria caería en mano de la fiscal de Cosquín, cuestionada por su desempeño en la investigación del femicidio de Cecilia Basaldúa.

A eso se suma también la denuncia de que la funcionaria no investigó debidamente otro episodio de abuso policial que padeció Romo en diciembre de 2021. En esa oportunidad el joven sufrió apremios ilegales y estuvo varios días esposado a una cama del Hospital San Roque. “Él fue detenido de idéntica manera en diciembre y nada se hizo. Lo molieron a palos cinco policías y terminó en el San Roque durante 10 días y con el riñón perforado. ¿Por qué no se movió esa causa? Si se hubiera investigado eso, seguramente él hoy estaría vivo”, dijo el abogado.

No más muertos en las comisarías cordobesas

A través de un comunicado, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba demandó una “reforma de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba basada en el respeto y el cumplimiento de todas las leyes y resoluciones de DDHH nacionales e internacionales”.

“Romo no es el primer asesinado en una comisaría de Punilla. Como defensorxs y promotores de DDHH repudiamos el hecho y bregamos para que se aplique el Mecanismo de Prevención contra la Tortura en las cárceles y comisarías de la provincia. Necesitamos depurar las fuerzas de seguridad ya, dejando atrás las viejas prácticas vigentes desde la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

“El asesinato de Jonathan Romo no es un caso aislado, es un eslabón más de la cadena de muertxs por violencia institucional que anota a la provincia de Córdoba en donde también se ve involucrado por lo general el accionar cómplice de fiscales adictxs a la corrupción policial. Ayer fueron Joaquín Paredes, Franco Amaya, José Ávila, Blas Correa, Brian Palomeque, Jorge Reina, Facundo Rivera Alegre, Ale Flores, Álvaro Sarandon, David Moreno y tantxs otrxs.

“Ya dijimos BASTA!! No podemos tolerar ni una muerte más en manos de la Policía que no respeta siquiera los insuficientes protocolos vigentes. Es momento de formar fuerzas de seguridad al servicio del pueblo, con perspectiva de género y DDHH para que de una vez y para siempre podamos consolidar una política de seguridad propia de la democracia que supimos conseguir”.

Nota correspondiente a la edición n° 579 del periódico La Jornada, del 27 de julio de 2022.

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