A partir de la disputa por el dominio web de la defensoría del Pueblo, el partido Carlos Paz Despierta anunció la intención de promover una Revocatoria Popular contra el titular y el adjunto del organismo, Víctor Curvino y Jorge Álvarez.

Y si bien el proceso recién podría iniciarse en enero próximo (cuando los funcionarios cumplan un año desde que asumieron), resulta indispensable para su desarrollo que la Junta Electoral Permanente Municipal esté funcionando.

Es que, aunque el nombre lleva explícito el carácter ‘permanente’, en la práctica esto no es así, porque sus últimos integrantes (organizaron justamente la elección del defensor del Pueblo en 2021) se encuentran con el mandato vencido.

Alertado sobre esta situación, y con la idea de evitar sobresaltos por falta de tiempo, el presidente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, envió sendas notas pidiendo certezas sobre el funcionamiento de la Junta Electoral tanto a las autoridades vigentes en ese momento (finales de mayo) como a las electas y próximas a asumir.

‘En su artículo 209, nuestra Carta Orgánica Municipal dice de forma tajante que la Junta Electoral es de carácter permanente.

Esto garantiza el derecho ciudadano a convocar los instrumentos de democracia semidirecta como revocatorias, consultas populares o referéndums’, argumentó Iosa.

Cabe acotar, además, que la ordenanza 6410 sancionada en noviembre de 2018 establece que la Junta Electoral Municipal Permanente está conformada por tres vocales titulares, tres suplentes y un secretario, elegidos en el seno de la delegación local del Colegio de Abogados.

Como respuesta, la comisión presidida por María Fernanda Pujol convocó (el 1 de junio) a elección para conformar la Junta para el 29 del mismo mes.

Sin embargo, el jueves 16 de junio, con la convocatoria en marcha, asumió la nueva conducción encabezada en este caso por Francisco Cavarra. Y en la primera reunión de directorio, el martes siguiente, resolvió ‘por unanimidad de los miembros presentes, dejar sin efecto el proceso de selección de los miembros de la Junta Electoral Municipal Permanente’.

El principal fundamento remite a una resolución tomada por el Colegio de Abogados de Córdoba donde se afirma que, ‘de acuerdo a la legislación vigente la convocatoria a selección de abogados (…) debe ser realizada previamente por el Poder Ejecutivo Municipal (…) no correspondiendo a esa delegación adoptar resolución alguna respecto de una consulta de un partido local’.

Esta decisión, con la orden de suspender la convocatoria, había sido notificada oportunamente a Pujol quien, a pesar de todo, la mantuvo afirmando que era ‘legítima, oportuna y legal’.

Las idas y vueltas se leyeron en el marco político de la Revocatoria Popular que se pretende impulsar contra el defensor del Pueblo. Y no faltan quienes ven detrás de la suspensión la mano ‘protectora’ de Carlos Paz Unido para con Curvino, hoy aliado incondicional del gobierno.

‘Acaban de informarnos a los candidatos para la elección de una nueva Junta Electoral que el Colegio de Abogados de Córdoba la suspendió. El mismo Colegio que dijo que no iba a introducir la política en el Colegio de Abogados saca una resolución que afecta a un órgano vital en la democracia de nuestra ciudad. Vergonzoso’, calificó Walter Carriquiri, expresidente de la Junta Electoral que se había postulado nuevamente, apenas conocida la noticia.

Ya como expresidenta de la institución ‘bajo cuyos periodos se formaron tres Juntas Electorales’, Pujol volvió a defender la convocatoria y subrayó que el ‘carácter de permanente y la duración de dos años en el cargo de sus miembros’ delimita claramente la intención de ‘institucionalizar la existencia estable y duradera de la Junta Electoral Municipal’.

‘​Lo estatuido por la norma legal excluye toda posibilidad interpretativa en el sentido que la Junta Electoral funcione como organismo provisorio o ad hoc; convocada a constituirse e integrarse en cada proceso electoral’, afirmó. Y concluyó que, ‘la injerencia en las decisiones de nuestra institución por parte del municipio y de las autoridades de Córdoba están a la vista’.

Desde Carlos Paz Despierta, Iosa cargó contra las nuevas autoridades por su decisión de suspender la elección y los acusó de ‘blindar la revocatoria contra Curvino, decidiendo arrodillarse ante el centralismo del poder cordobés’.

‘El comunicado del nuevo directorio del Colegio de Abogados es una suerte de manifiesto a la obsecuencia, a la falta de autonomía y a la vulneración de los derechos consagrados en la Carta Orgánica de los Carlospacenses’, afirmó el médico sanitarista. Y agregó: ‘Sinceramente, espero que el colectivo de abogados de nuestra ciudad, no se quede mirando cómo convierten a su colegio y al resto de las instituciones de nuestra Villa, en marionetas de lo que el poder político necesita y ordena por delivery’.

‘Nuestra Carta Orgánica es tajante en el carácter permanente de la Junta Electoral Municipal, que hoy no existe. Eso vulnera el derecho de todos los ciudadanos.

Ante esta decisión, de extrema sumisión, si la delegación del Colegio de Abogados no llama a elecciones porque sus reales autoridades se lo impiden, lo deberá hacer de forma urgente el Sr. Intendente Municipal.

Desde Carlos Paz Despierta no vamos a tolerar que conviertan a la ciudad en un cementerio de instituciones con una lanza naranja clavada en el pecho. Por ello, vamos a apelar a todos los recursos jurídicos, políticos e institucionales que estén a nuestro alcance para lograr ese objetivo’, remarcó.

Por último, advirtió que la decisión de impulsar un proceso de Revocatoria Popular contra el Defensor del Pueblo ‘es una declaración política irrenunciable, ante las evidencias que indican que el dinero que ingresa a su bolsillo y al de su adjunto, proviene del aporte de los carlospacenses que son el pueblo, pero no regresan al pueblo, más que en forma de endebles pronunciamientos y de burdas pantomimas’.

Nota correspondiente a la edición n° 578 del periódico La Jornada, del 29 de junio de 2022.

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