Por Alejandro Gómez


Un incidente que apenas parecía destinado alimentar el anecdotario de la política local, de repente cobró una importancia mayúscula y puede terminar con la puesta en marcha, por primera vez en la historia de Villa Carlos Paz, de un proceso de ‘Revocatoria Popular’ contra un funcionario electo.

Se trata de uno de los institutos de democracia semidirecta consagrados por la Carta Orgánica Municipal que tiene por objetivo destituir a él o los funcionarios involucrados por dos causales: mal desempeño del cargo o falta grave; o comisión de delito en cumplimiento de sus funciones (ver aparte).

En este caso quienes están cuestionados son el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, y su Adjunto, Jorge Álvarez.

Todo surgió a partir de la sorpresiva disputa por la titularidad del dominio web que utilizaba la institución (www.defensoriavillacarlospaz.com.ar).

El viernes 6 de mayo, un comunicado en el perfil oficial de Facebook del organismo firmado por Curvino y Álvarez daba cuenta que, ‘el dominio web habitualmente utilizado por esta Defensoría del Pueblo fue aviesamente registrado a nombre del Sr. Gabriel Andrés Napal, habiendo sido recientemente transferido a la agrupación política Carlos Paz Despierta, cuyo máximo representante es el Sr. Emilio Iosa.  Estamos trabajando activamente para restablecer el sitio web de esta Defensoría del Pueblo para que toda la ciudadanía pueda continuar presentando sus reclamos por esa vía e informando sobre las distintas acciones y gestiones llevadas a cabo por esta institución’.

‘Les pongo un me gusta para colaborar ante tanta miseria. Se acerca el juicio del pueblo en las elecciones 2023 y ustedes lo saben’, respondió Iosa en los comentarios de la publicación. Y allí comenzó una escalada mediática, judicial y política cuyo fin no se vislumbra. Al menos en el corto plazo.

Es que, el lunes siguiente, la defensoría del Pueblo confirmó que realizó una denuncia penal contra Napal e Iosa, ‘por haber registrado indebida y maliciosamente el dominio web’.

‘Dicha acción tuvo el claro objetivo de entorpecer y obstruir el regular funcionamiento de esta institución, a través del sitio web, cuya finalidad es precisamente constituirse en una herramienta dispuesta en servicio de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.

Sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal, la maniobra realizada por los Sres. Iosa y Napal es ciertamente lamentable y configura un claro supuesto de gravedad institucional, precisamente por atentar contra la actividad propia de esta institución, señera en la defensa de los derechos del ciudadano, que hace a la vida republicana elegida por todos los argentinos’, señala la gacetilla difundida desde la defensoría del Pueblo.

En el texto no había ninguna mención o esbozo de explicación respecto a por qué el dominio web estaba disponible cuando el trámite de renovación es realmente muy sencillo, rápido y económico.

En una entrevista con el programa Hora Siete, Curvino reconoció que el dominio en cuestión no estaba a nombre de la defensoría del Pueblo, aunque de todos modos reclamó la titularidad.

‘Vamos a ir hasta las últimas instancias porque vemos una mala intención.

El dominio estaba a nombre de una trabajadora, llegó el plazo (de renovar), estábamos atentos, y en un atardecer/amanecer, en pocas horas estaba a nombre de Gabriel Napal’, dijo, y afirmó que, ‘es un tipo que tiene intereses políticos y económicos’ al que vinculó con la Coopi.

‘Ahora se junta con Carlos Paz Despierta que dice que es un partido que va innovando, pero si estas son las formas de hacer política, lamentamos la situación en que puede llegar a estar Carlos Paz si estos muchachos llegan a ocupar algún cargo’, arremetió.

Sobre por qué estaba disponible el dominio, la explicación fue bastante floja: ‘Ponele que lo dejamos caer, que no es así, él no tiene por qué tomar esta página que es institucional y de los vecinos de Carlos Paz’.

En cuanto al proceso de revocatoria, le quitó toda importancia. ‘No lo puede hacer porque tenemos que cumplir un año de gestión. Está mal asesorado. Está con odio y rencor, es un peligro para la sociedad, y no quiero pensar lo que puede llegar a hacer si tiene un cargo importante’, afirmó sobre Iosa.

Por su parte, el Asesor Letrado de la defensoría del Pueblo, Tomás Rueda, explicó que al margen de la denuncia penal también se inició un reclamo administrativo en Nic Argentina, el organismo del gobierno nacional que administra y regula los dominios web.

‘Iniciamos una acción de impugnación, de índole administrativa, que persigue la finalidad de recuperar el dominio que corresponde a la defensoría del Pueblo. Eso no está en discusión’, remarcó.

Respecto a la denuncia en la justicia, explicó que pidieron al fiscal ‘que se investigue la conducta realizada por Napal e Iosa porque nosotros creemos que encuadra dentro de un tipo penal’.

La postura de Carlos Paz Despierta

El posicionamiento de Carlos Paz Despierta respecto a esta polémica es firme y va en sentido antagónico a lo argumentado por la defensoría del Pueblo.

‘La cruda verdad es que un vecino compró legalmente un dominio web comercial que estaba abandonado y decidió legalmente transferirlo a Carlos Paz Despierta.

En varias oportunidades la defensoría del Pueblo fue advertida por el sistema, pero por desidia lo dejó caer.

El defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz abandonó su página web igual que abandonó la defensa de los vecinos’, afirmó Iosa. Y agregó: ‘¿Me pregunto si Carlos Paz quiere seguir llenando los bolsillos de un defensor del poder? Vamos a preguntarle a la ciudad si no le parece que es hora de impulsar una Revocatoria Popular. Esa es una herramienta democrática contemplada en nuestra carta orgánica en los Art 177 y 198. La Revocatoria Popular nos permite a los ciudadanos ponerle un freno a los que se ríen de su gente y defienden intereses mezquinos de un gobierno que llevó a Carlos Paz a la ruina’.

Precisó que el dominio web de la polémica será utilizado para canalizar la consulta ciudadana, si finalmente Nic Argentina rechaza la impugnación y les confirma la titularidad.

En este sentido, la respuesta de Carlos Paz Despierta al organismo nacional plantea que el dominio en disputa ‘ha sido anteriormente propiedad de dos personas físicas que no han reclamado su pertenencia, siendo reclamado actualmente por una institución estatal que, entendemos, tiene o debería tener registrado un dominio oficial .gob.ar o .org’.

Iosa también cuestionó el rol de la defensoría del Pueblo en la polémica por la finalmente sancionada ordenanza sobre luminarias.

‘El dominio defensoriacarlospaz.gob.ar fue registrado por el Municipio de Villa Carlos Paz por lo que entendemos que de ninguna manera nuestra adquisición entorpece la comunicación institucional de nadie. La institución que se menciona no ha sido nunca la titular del dominio en disputa ni la persona que dice representarla. Por la presente manifestamos que el dominio no ha sido apropiado, como se dice en dicha nota, sino adquirido legal y legítimamente, con el objeto de llevar adelante una Revocatoria Popular contemplada en los artículos 177 y 198 de la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz. Esta es la web que se utilizará para dicho derecho democrático cívico colectivo’, señala el escrito que ya forma parte del expediente.

‘Vamos a poner en marcha una consulta popular para saber si Carlos Paz quiere que Curvino y su adjunto se queden en ese puesto llenando sus bolsillos sin hacer nada o si Carlos Paz prefiere trazar una nueva historia y advertirle a la política que, si no cumple con el mandato de la sociedad, puede costarle el puesto’, insistió Iosa. Apuntó que Curvino y Álvarez ‘llegaron al poder gracias al aparato municipal’, y que hoy, ‘entre los dos se llevan por mes casi 500 mil pesos’.

La cifra no es caprichosa.

De acuerdo a la información oficial, en marzo el sueldo neto (ya descontados aportes y demás) de Curvino fue de 255.914 pesos; y el de Álvarez, 235.775. Entre los dos suman 491.689 pesos por mes.

‘Curvino o luminarias, Curvino o saneamiento, Curvino o transporte de calidad… No debería ser así, pero parece que hay plata para el defensor pero que a las luminarias las paguen los vecinos y que al lago lo sanee Juan Pueblo’, ironizó Iosa.

Cuestionó, en la misma línea, que los ‘300 millones de pesos que se han invertido en la defensoría del Pueblo en los últimos 10 años sólo sirvieron para que sea una figura prácticamente decorativa y funcional al poder de turno’.

‘Tienen un posicionamiento claro a favor del municipio. No se ponen del lado del vecino ni se preocupan en escucharlos’, dijo. Y puso como ejemplo lo ocurrido durante la discusión por el proyecto de luminarias.

‘No asistieron a la audiencia pública y después hacen una pantomima de reuniones con centros vecinales cercanos al gobierno de turno. Esa fue la gota que colmó el vaso’, resumió.

En cuanto a las expresiones vertidas sobre su persona (en algunos medios se habló de ‘robo’ del dominio web), Iosa indicó que, ‘primero vamos a ver si efectivamente existe una denuncia penal y luego vamos a avanzar sobre lo civil porque nos sentimos injuriados’.

En diálogo con La Jornada, el referente de Carlos Paz Despierta también habló sobre el hecho de que sólo pueden ser destituidos por Revocatoria Popular aquellos funcionarios que tienen cómo mínimo un año de gestión.

Curvino y Álvarez asumieron en enero, por lo que ese plazo se cumplirá recién en el inicio de 2023.

‘Eso nos da tiempo para recorrer los barrios e informar a la población para que se conozca esta herramienta’, acotó.

La Carta Orgánica establece un piso del 5% del padrón para poder iniciar el proceso lo que, teniendo en cuenta los habilitados para votar en la última elección municipal (justamente la del defensor del Pueblo, en 2021), requiere reunir unas tres mil firmas debidamente certificadas.

‘Queremos relevar todos los ciudadanos que están dispuestos a firmar para que, llegado el caso, podamos cumplir con los plazos previstos’, anticipó.

Irremediablemente el tema quedará inmerso en la campaña electoral con miras a la elección de intendente, pautada para junio del año próximo.

‘Es una apuesta fuerte que conlleva un riesgo político, pero está basada en la convicción de que hay que dejar de especular.

Nos parece importante que discutamos el Carlos Paz que queremos para no reducir la campaña a una guerra de carteles naranjas. Y no es menor que el defensor del Pueblo no esté a la altura de esta democracia que necesitamos’, observó.

Reparó, también, en que hay que discutir entre otros temas la famosa ‘cláusula de gobernabilidad’ que le otorga al que gana las elecciones mayoría en el cuerpo legislativo, independientemente de los votos que consiga.

‘En Villa Carlos Paz hoy gobierna la minoría como si tuviera la mayoría de los votos, con una metodología absolutamente tiránica porque no necesita dialogar con nadie’, determinó.

Otro de los temas que seguramente será parte de la ‘agenda’ electoral tiene que ver con la situación del lago San Roque.

‘Si tenemos un lago podrido es porque en Villa Carlos Paz hace años que se viene especulando.

Por eso otra de las cosas que va a estar presente en medio de la campaña será el olor y el color del lago. Y para nosotros también ha sido una fuerte apuesta salir a hablar de eso. Pero no estamos pensando en especular respecto al voto si no ver qué Carlos Paz queremos. Creemos que hay un fin de ciclo y apostamos a impulsar un cambio fuerte en el rumbo de la ciudad’, finalizó.

Al cierre de esta edición (lunes 23), no había novedades ni sobre la denuncia penal, ni sobre el trámite administrativo por la titularidad del dominio web.

¿Qué dice la Carta Orgánica Municipal?

La Carta Orgánica Municipal dedica el Capítulo III del apartado destinado a las ‘Formas de participación ciudadana’ y a los ‘Institutos de Democracia Semidirecta’, a desarrollar los alcances de la ‘Revocatoria Popular’.

El artículo 198 expresa textualmente lo siguiente: ‘La Revocatoria puede ser promovida por no menos del cinco (5) por ciento del padrón electoral municipal para revocar los mandatos de las autoridades municipales electivas. El número de voluntades debe acreditarse de acuerdo a los mecanismos establecidos por la Junta Electoral Municipal y lograrse en el término de treinta (30) días corridos contados a partir de la primera certificación.

Para que la revocatoria prospere es necesaria la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. La participación del electorado es obligatoria y para su validez debe sufragar no menos del treinta y cinco (35) por ciento del padrón electoral municipal actualizado.

El requerimiento de revocatoria de mandato debe estar fundado en las siguientes causas:

1.  Mal desempeño del cargo o falta grave.

2.  Comisión de delito en cumplimiento de sus funciones.

Producida la destitución, cesan en sus funciones automáticamente y son reemplazados de acuerdo al procedimiento establecido en esta Carta Orgánica.

Si por la revocatoria debe convocarse a elecciones, no pueden ser candidatos las autoridades removidas. Los electos completan el mandato.

Las autoridades municipales pueden ser sometidas a este procedimiento luego de transcurrido un (1) año en el desempeño de sus mandatos y siempre que no faltaren menos de nueve (9) meses para su expiración.

No puede intentarse una nueva revocatoria contra la misma autoridad si no mediare por lo menos el término de un (1) año entre una y otra.

La solicitud de revocatoria se presenta ante la Junta Electoral Municipal o mediante otros mecanismos que prevea la ordenanza. Es fundada y no puede basarse en vicios relativos a la elección de aquellos cuya destitución se pretende. Presentada la solicitud en debida forma, la Junta Electoral procederá a convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta (60) días.

Los fundamentos de la solicitud y la eventual respuesta de las autoridades afectadas se hacen públicos junto con la convocatoria al acto eleccionario’.

En tanto, en el Capítulo exclusivo de la defensoría del Pueblo, el artículo 177 plantea que, ‘el Defensor del Pueblo y su Adjunto son removidos mediante revocatoria popular o Juicio Político’.

Oposición quiso conocer si Curvino y Álvarez habían participado de una reunión partidaria, pero el oficialismo esbozó una explicación insuficiente y bloqueó el proyecto

El concejal Gustavo Molina, del Frente Cívico y perteneciente al bloque CAPAZ, presentó un proyecto de resolución dirigido al defensor del Pueblo y al defensor del Pueblo Adjunto de Villa Carlos Paz, para saber sobre su participación en una reunión política de la alianza Carlos Paz Unido.

El encuentro tuvo lugar en el espacio que el Centro de Empleados de Comercio posee en Las Jarillas el pasado 25 de febrero.

La información da cuenta de un supuesto incumplimiento a las obligaciones al cargo que ocupan tanto Víctor Curvino como Jorge Álvarez según lo establece la Carta Orgánica Municipal.

Cabe recordar, en este sentido, que el artículo 175 de la COM determina que, ‘a partir de su elección, les está prohibida la realización de cualquier actividad político partidaria’. En el mismo sentido se expresa el artículo 18 de la ordenanza 6254.

El pedido de informe fue ingresado con el acompañamiento de los concejales Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) y Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta).

En los fundamentos los ediles plantean que, ‘distintas versiones dan cuenta que tanto el Defensor del Pueblo como su Adjunto habrían participado de una reunión política llevada a cabo en Las Jarillas a fines de febrero’.

Durante esta reunión, ‘organizada por el grupo político de Carlos Paz Unido se estaría tratando la estrategia electoral con miras al año 2023’.

Por esta posible incompatibilidad con los dispuesto por la Carta Orgánica ‘se hace necesario establecer fehacientemente si tanto el defensor del Pueblo como su Adjunto participaron en la mencionada reunión’.

Con estos argumentos solicitaban que Curvino y Álvarez informen al Concejo de Representantes en 10 días ‘si han participado de la reunión partidaria que llevara adelante Carlos Paz Unido en Las Jarillas el 25 de febrero’. En caso afirmativo, que informen por escrito ‘en calidad de qué concurrieron a dicha reunión’.

El proyecto de resolución tomó estado legislativo en la sesión del Concejo de Representantes del jueves 28 de abril. Y como suele ocurrir, el oficialismo cerró filas para defender a uno de los ‘suyos’.

Ante la solicitud expresa de que el punto sea tratado sobre tablas, la respuesta del oficialismo fue claramente insuficiente. Aunque se dejó entrever que tanto Curvino como Álvarez habían participado del encuentro, afirmaron que se trató de una ‘jornada de capacitación orientada a la implementación de buenas prácticas en las instituciones públicas’.

Cuando se les recordó que la pretensión era que sean los propios defensores del Pueblo y Adjunto quienes respondan por escrito, el bloque de Carlos Paz Unido, con el apoyo de Natalia Lenci, decidió enviar el proyecto a comisión, dando por cerrado el tema.

ONG relevó a la defensoría del Pueblo de todos los reclamos formulados: ‘No confiamos más’

El vergonzoso rol asumido por el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, en la polémica por las luminarias, sigue generando reacciones.

Es que la institución utilizó sus espacios oficiales para ‘militar’ el proyecto del gobierno municipal asumiendo una postura de clara alineación política.

No es que sorprenda (de hecho, Curvino fue electo porque en la práctica fue el candidato del oficialismo que eligió Esteban Avilés), pero al menos se esperaba que cuidara las formas.

Ante lo evidente, desde la ONG Educación, Ambiente y Trabajo, le enviaron una nota el 22 de abril relevándolo ‘de todas las actuaciones solicitadas desde EAyT, por descreimiento total hacia esa defensoría’.

‘Ya no confiamos más en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Hay varias organizaciones y ciudadanos que también están manifestando su disgusto. La cercanía de los poderes, a los cuales debe controlar, nos releva de todo comentario’, señaló el dirigente ambientalista y referente de la organización, Juan Carlos Paesani en la web de la ONG. Y agregó: ‘No queremos seguir perdiendo tiempo y entrar dentro de la hipocresía de una gestión que se aleja cada vez más de lo que establece la Carta Orgánica Municipal’.

Según planteó, Curvino ‘escuchó al gobierno municipal que es una organización cerrada. No escuchó, ni compartió con los vecinos en la audiencia pública de los días 19 y 20 de abril de 2022, y en las afueras del Concejo de Representantes, donde se les negó entrar a los ciudadanos a la sesión del día 21 de abril. Huérfanos de la Defensoría del Pueblo’.

‘En el perfil de la red social solo muestra la parcialidad de su visión (pro gobierno), por no haber escuchado a vecinos. Que en definitiva pertenecen al Pueblo que ud dice defender’, acusó.

Diligentemente, a solo siete días de haber recibido la nota, Curvino firmó una resolución ‘dando por concluidas las actuaciones iniciadas’ oportunamente por Paesani.

Nota correspondiente a la edición n° 577 del periódico La Jornada, del 25 de mayo de 2022.

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