Por Evelina Ramírez


Asambleas socioambientales junto a vecinas y vecinos autoconvocados refuerzan medidas de acción directa para frenar la construcción de la autovía de Punilla, una obra fuertemente resistida por el impacto ambiental que generará a lo largo de todo el trayecto. 

El recrudecimiento del conflicto se da en el marco de las dilaciones del Poder Judicial, que aún no se expide sobre el amparo ambiental colectivo que se encuentra en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Segunda Nominación. “Pedimos urgentemente que los jueces ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen, PUIGDELLIBOL, María Soledad y SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo dicten con carácter de urgencia la medida cautelar precautoria para frenar la obra hasta tanto resuelva el fondo del amparo presentado y de este modo evitar el crecimiento del conflicto social en el territorio producto de no estar siendo escuchados y escuchadas”, reclamaron las asambleas de Punilla a través de un comunicado.

Los ejes de cuestionamiento a la obra son conocidos: el trazado de la autovía afecta cuencas hídricas, zonas de alto valor arqueológico y atraviesa zonas de bosque nativo de máximo nivel de conservación.

Además, vale recordar que en la audiencia pública desarrollada para poner a consideración de la ciudadanía el proyecto, la mayoría de las personas participantes se manifestaron en contra. Sin embargo, el gobierno provincial desoyó lo expresado y avanzó en la ejecución de los trabajos.

El sitio de mayor conflictividad en estos días es la zona de Molinari. Allí está instalado el obrador de la empresa SACDE que pretende seguir adelante con el desmonte que requiere la concreción de esta obra. Ahí también las asambleas han intentado desarrollar un acampe y frenar el avance de las máquinas frente al monte nativo. 

La respuesta del gobierno provincial ha sido la represión. Con la intervención de la policía y de la Guardia de Infantería, el acampe fue desalojado dos veces. El primero ocurrió en la madrugada del lunes 10 de mayo. “Lo que vivimos fue una represión semejante a la de la dictadura, estábamos pacíficamente en la carpa reclamando. Había muchos patrulleros. Los policías eran como 60 y bajaron a la zona del acampe a los gritos. Yo no pude filmar. La policía me quitó el celular y me agarraron del brazo donde me quedó un hematoma. Estábamos descalzos y en el medio del monte. La oscuridad era tal que parecía que teníamos los ojos vendados. Pedíamos que nos dijeran a dónde nos llevaban y no nos decían nada”, relató a VillaNos Radio Luz, una de las asambleístas.

La fiscal de Instrucción de Cosquín confirmó a Radio Inédita que no hubo orden judicial para el desalojo, separándose de los trascendidos de ese mismo día en el que se señalaba que ella había dado la orden: “En fiscalía tenemos una denuncia penal formulada por personal del obrador. Se trata de una investigación que se está llevando adelante. Sin embargo, no tuvimos ninguna intervención judicial en ese momento, sino que conocimos de la situación por los trascendidos periodísticos. Inicié ese martes una investigación de oficio tras esos trascendidos periodísticos, pero de ninguna manera hubo orden judicial porque no había causa que implique intervención de la fiscalía para dictar una orden de esa naturaleza”.

Algunos asambleístas lograron escapar de la policía y esconderse en una vivienda. Las asambleas concretaron una protesta sobre la ruta 38 (en el expeaje a Molinari) reclamando la libertad y el fin de la criminalización de la protesta. A las horas, todas las personas recuperaron la libertad, pero no les devolvieron sus pertenencias (ropa, documentos e incluso un vehículo que los manifestantes usaban para trasladarse). Tras la protesta frente a la comisaría de Cosquín desarrollada el martes 11 por la noche, recuperaron sus pertenencias. René Amsler, abogado de los asambleístas, relató que las cosas estaban orinadas y que las carpas fueron arrancadas tras el desalojo.  «No puedo creer que todavía en este siglo sigamos con estos ámbitos oscuros, de zonas liberadas, donde se utiliza la fuerza y el amedrentamiento como modo de vida. Fue un patoterismo de la policía lo que pasó. Esto tiene muy pocos antecedentes y de los más oscuros”, dijo a Radio Inédita.  

Tras lo sucedido las asambleas convocaron a una movilización en Cosquín desarrollada el sábado 14. Allí se tomó la decisión de volver a instalar un acampe en el obrador el martes 17 de mayo, pero la policía impidió la llegada al lugar a través de un cordón instalado en el ingreso a La Candelaria. “Las fuerzas policiales tiraron gases lacrimógenos, golpearon fuertemente a compañeras y se llevaron arrestada a una de ellas aduciendo resistencia a la autoridad y hoy se encuentra liberada pero imputada”, denunciaron desde las asambleas. 

“Están haciendo esta autovía de manera ilegal. La policía no deja acceder a un camino público. También cercenan nuestro derecho ciudadano de poder ver qué están haciendo en el lugar”, relató Fernando, uno de los asambleístas en diálogo con VillaNos Radio. Además, denunció que no hay ninguna orden ni de fiscalía ni de ningún juez para impedir el paso. “La policía está actuando de oficio. No nos deja pasar y no nos da ninguna explicación”, expresó.  

Ante la falta de respuestas de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) la única alternativa que queda para las y los vecinos para defender sus derechos son las medidas de acción directa. Esto es: poner el cuerpo. Plantarse frente a las máquinas y hacerle frente a lo que venga. Y lo que viene, cuando hay una decisión política resistida y sin consenso, es represión. La policía con sus armas, palos, escudos, cascos, caballos ejecutan la decisión de desalojar a quienes se organizan en el territorio para defender el agua, la tierra, el monte y la vida.

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