Foto: Por mayoría, el Concejo Deliberante de San Antonio de Arredondo aprobó la municipalización del servicio de agua.

Lo que ha pasado en San Antonio de Arredondo es por demás elocuente. El año pasado, en el mes de septiembre, el municipio tenía prácticamente tomada la decisión de avanzar con un contrato de concesión con la COOPI. Cuando estaba a punto se tratarse en el Concejo Deliberante, llegó una comunicación del municipio de Villa Carlos Paz intimando al municipio a que no firme ningún contrato con la Cooperativa porque había un proceso judicial abierto.

El gobierno de Patricia Cicerone, sumiso, acató la disposición y dio marcha atrás con la medida.

Tras la quita del servicio a la COOPI el 30 de abril, San Antonio comenzó a analizar otras alternativas de prestación. “Estamos estudiando un proyecto para regularizar el servicio en la localidad. No descartamos nada. Puede ser con la COOPI, la municipalidad de Carlos Paz o nosotros mismos”, dijo a VillaNos Radio el secretario de Gobierno Roberto Grigioni a comienzos de mayo.

En aquel momento cuestionó el modelo de convenio aprobado por el Concejo de Carlos Paz, sobre todo por su carácter extorsivo. “Como municipio tenemos plena autonomía, no estamos obligados a firmar nada. Somos los titulares del servicio de agua en San Antonio. Por eso acá no se trata de si la municipalidad de San Antonio debe o no firmar. Hay que estudiar las diferentes posibilidades y en eso estamos. Lo que nosotros queremos es beneficiar al vecino con un servicio de agua que sea eficiente y a una tarifa acorde”, expresó.

Sin embargo, con el correr de las semanas, la postura enfática de la defensa de la autonomía municipal, fue cambiando. La reiteró en cada nota periodística, pero los hechos dan cuenta de otra cosa.

Repasemos.

El sábado 26 de junio se reúne Grigioni con el intendente de Villa Carlos paz, Daniel Gómez Gesteira, y con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo y exintendente, Esteban Avilés. Tras la reunión, las autoridades de San Antonio ya comienzan a hablar de la decisión de municipalizar el servicio de agua.

“No es una decisión intempestiva ni nada que se le parezca. Hace unos cuantos meses, debido a lo que ya es de público conocimiento: el contrato vencido que tenía la municipalidad de Villa Carlos Paz y la COOPI y dado a que hubo una decisión judicial, la intendenta encabezó esta propuesta y esta decisión política y nos deriva a los funcionarios responsables a concretar esta municipalización del servicio”, dijo el secretario de Gobierno sanantoniense y remarcó: “Es una decisión política firme tomada desde el gobierno municipal. La idea es avanzar con la prestación del servicio en nuestra localidad”.

Vale recordar que cuando apenas se dio la quita del servicio de agua a la COOPI, el funcionario reconoció que el municipio no estaba preparado para asumir la prestación. “Sinceramente hoy no estamos capacitados. Pero buscaremos la forma de armarnos con las herramientas y el personal necesario para brindar el servicio”, afirmó.

En menos de dos meses, la cuestión cambió rotundamente.

Consultado al respeto, Grigioni respondió: “En aquel momento dije que el municipio no estaba preparado porque no se había hecho el estudio correspondiente. En ese proceso de estudio tomamos la decisión -de acuerdo a un análisis de costo y de estudio técnico- de decir hoy que sí tenemos la posibilidad concreta de brindar el servicio”.

Con esa decisión, el Ejecutivo municipal envió esa misma semana los proyectos para la municipalización del servicio de agua y para la creación del Ente Municipal de Obras y servicios de San Antonio (E.M.O.S.S.A.) que llevaría adelante el suministro. Ambos proyectos se aprobaron sobre tablas en la sesión del viernes 2 de julio.

Votaron a favor los concejales del oficialismo de Cambiemos (Paula Salomón, Marcelo García, Marina Regginatto y Daniel Puccia) y los del bloque de Unión por Córdoba (Andrea Salluzi y Julio Eduardo Herrera Martínez). Sólo el concejal de Mejoremos San Antonio, Franco Mellano, votó en contra.

El proyecto de municipalización solo tiene cuatro artículos. El primero declara la municipalización del servicio de agua potable y dispone la prestación “en forma directa por parte de esta Municipalidad -o de Ente autárquico o sociedad economía mixta que pudiera crearse”.

El segundo plantea comunicar lo resuelto a la Administración Provincial de Recursos Hídricos y el tercero, elevar copia a la COOPI. Es decir: se toma la decisión y luego se comunica. Sin diálogo, sin acuerdos. De manera unilateral, el municipio de San Antonio -emulando los modos autoritarios de la autoproclamada “gestión comunitaria” de Carlos Paz- arremete con esta decisión de despojar a la cooperativa del servicio que construyó a lo largo de su existencia.

El proyecto de creación del E.M.O.S.S.A. detalla que “es un organismo que funcionará en el ámbito de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo como persona jurídica de derecho público, con capacidad de actuar pública y privadamente (…) con plena autarquía en su gobierno administrativo, económico y financiero”.

Funcionará con un directorio integrado por tres personas: una designada por el Concejo (a propuesta de los bloques minoritarios), mientras que “el Director General y un director serán designados y removidos por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, de cuya confianza dependen”.

El artículo cuatro afirma que, si bien la jurisdicción del Ente será ejercida en todo el territorio de San Antonio de Arredondo, añade que también se puede ampliar el ámbito de intervención “a solicitud del usuario y previo análisis del Ente, en los predios fuera del mismo en los que hubiere construcciones de infraestructura para del servicio”. Esto abre la posibilidad de que el Ente se extienda hacia otros municipios y comunas.

El artículo ocho detalla que “en todo el radio municipal, el establecimiento de conglomerados urbanos, aprobación de loteos nuevos o sus ampliaciones, así como todo servicio nuevo a asentamientos existentes, quedarán supeditados al dictamen favorable del Ente Municipal de Obras y Servicios sobre la posibilidad de un adecuado abastecimiento de agua potable, tratamiento y evacuación de líquidos cloacales y residuales”.

Aquí es importante tener en cuenta que desde hace dos años que el Concejo de San Antonio viene dilatando la determinación de la nueva reserva ambiental en San Antonio.

Tras la aprobación en primera lectura, se convocó rápidamente a audiencias públicas que se desarrollaron el lunes 12 y el viernes 16 de julio. Por la pandemia, se ha cambiado la modalidad de participación y la gente que quiere expresarse lo tiene que hacer enviando un escrito. Solo seis personas se manifestaron allí.

El lunes 19 de julio el Concejo desarrolló una sesión extraordinaria y en 20 minutos aprobó los dos proyectos. No hubo cambios en la votación. Apoyaron los concejales del bloque de Cambiemos y de Unión por Córdoba; y se opuso el concejal de Mejoremos San Antonio.

Franco Mellano, concejal del espacio advirtió que el proyecto solo le atribuye al municipio la posibilidad de distribuir el agua y no la captación y potabilización del recurso. “Son conceptos claves cuando se habla de la soberanía del recurso”, dijo y remarcó: “No podemos ser solamente el delivery del agua y no ocuparnos de la captación, recolección, conducción, tratamiento y cloración. Es muy insignificante asumir solo la distribución, al lado de lo que significan todos estos conceptos”.

En este sentido, señaló que esto deja al municipio de San Antonio en situación de dependencia de las condiciones que establezca Villa Carlos Paz para el abastecimiento de agua. “Esperemos que nuestro municipio haga valer el artículo 123 y 180 de la Constitución Nacional que plantea que nosotros tenemos autonomía municipal. Hay muchos vecinos que no quieren obedecer a un gobierno que no es nuestro y que no lo elegimos, que es el de Carlos Paz. Nosotros elegimos nuestros propios representantes”. 

El edil detalló que con esta decisión “no se garantiza el servicio” y precisó que en uno de los considerandos del proyecto se afirma que el municipio brindará el servicio “siempre que cuente con recursos suficientes”.

“Esto deja abierta las puertas para las tercerizaciones que son más bien privatizaciones encubiertas. La pregunta es: si no se cuenta con los recursos, ¿qué pasa? ¿Se privatiza, se terceriza? Sobre ese punto el oficialismo no dijo nada”.

Cuestionó, además, que se avance de manera intempestiva con esta decisión, sin dar precisiones sobre ningún plan técnico-operativo y sin promover la participación ciudadana. “Tienen mayoría en el Concejo y la imponen. En este caso, se necesitaba mayoría agravada y se sumaron los votos de Unión por Córdoba”.

La situación de los trabajadores

Uno de los aspectos centrales a la hora de pensar en una municipalización del servicio de agua es con qué trabajadores se efectuará la tarea. Consultado al respecto, Grigioni fue dubitativo en la respuesta. Sostuvo que, en la reunión mantenida con los funcionarios de Carlos Paz, los asesores letrados de San Antonio les pidieron a las autoridades de Carlos Paz un informe sobre la situación de las y los trabajadores.

“Nos dijeron que prácticamente habían absorbido a casi la totalidad de los empleados obreros y técnicos de la Cooperativa Integral. Como ellos (por las autoridades del municipio de Villa Carlos Paz) no tienen diferenciado quienes son de San Antonio y quienes no, lo que les hemos pedido es nos presenten el informe para que nosotros podamos estudiar la posibilidad cierta de ver si podemos accionar y hablar con aquellos que se han quedado sin trabajo”, afirmó el funcionario y, según dijo, misma consulta se derivó a la COOPI.

Al mencionársele la falta de cumplimiento del laudo ministerial por parte del municipio de Villa Carlos Paz (donde sólo tomó a 83 de los 118 trabajadores que debía incorporar), Grigioni dijo que este tema “no se habló con precisión”.

“Le pedimos un informe sobre la cantidad de trabajadores que pertenecen a San Antonio. También se lo transmití a la gente de la Cooperativa para que evaluemos, a futuro, absorber a esos trabajadores”, reiteró.

Sobre este mismo tema se refirió el secretario General del SIPOS, Gustavo Valdez. Vale decir que el gremio presentó en un escrito en la audiencia pública advirtiendo al municipio que debía considerar la situación de los trabajadores.

“No hemos tenido posibilidad alguna de hablar con las autoridades”, dijo Valdez y añadió que ya se hizo una presentación en el ministerio de Trabajo denunciando la situación y señalando que el municipio que toma el servicio de agua tiene que hacerlo con los trabajadores que correspondan.

En este sentido detalló que la cantidad definida es la que el propio ministerio de Trabajo fijó en el laudo para Villa Carlos Paz. Es decir: 3,5 operarios cada mil conexiones domiciliarias.

“Esa fórmula aplicada a San Antonio nos da entre 17 y 19 trabajadores. No es poco en función de que esos compañeros prestan el servicio de agua, que dejaría de existir en el ámbito de la Cooperativa Integral”, dijo y añadió que esperaban que pronto se resuelva la intervención del ministerio. 

Una audiencia no tan pública

Con una convocatoria poco difundida, el Concejo Deliberante de San Antonio desarrolló el lunes 12 y el viernes 16 de julio las audiencias públicas donde se puso a consideración de la ciudadanía la municipalización y la creación del ente para la prestación del servicio de agua. Solo seis personas participaron en total. Vale aclarar que la participación se da sólo a través de la prestación de un escrito.

Desde hace tiempo las y los vecinos de San Antonio vienen planteando quejas a esta modalidad. “Las audiencias no tienen nada de públicas y menos de participativas”, resumió Vanesa Godoy, presidenta del centro vecinal de Solares de Playas de Oro II y IV que presentó un escrito en rechazo de la municipalización. 

Y añadió: “Estas son audiencias remotas donde sólo podemos participar mandando un mail o presentando una nota. Todo fue tan rápido que nos enteramos sobre la fecha y decidimos participar. Lo ideal es que uno pueda tener acceso a los proyectos, leerlos, analizarlos en detalle. Pero se hizo todo junto y a las apuradas. No nos parece que esta sea la forma de abordar temas tan importantes como es el acceso al agua”. 

Godoy dijo que hay cuestiones básicas que desconocen como por ejemplo cómo será la transición entre prestadoras y cómo se definirá la tarifa. “Hay cosas de las que nadie está hablando y tiene que ver con acciones que son centrales para que el agua llegue a cada vecino. Los vecinos tienen mucha incertidumbre”.

Uno de los escritos más llamativos que se vieron en la audiencia pública fue el de los residentes del barrio El Dorado II que se expresaron a favor de la municipalización, pero en contra del ente. Además, demandaron ser incluidos en la red de agua que tiene el resto de la localidad ya que las viviendas de ese barrio cerrado se abastecen con agua de pozo.

“Apoyamos la municipalización del servicio en tanto y en cuanto se preste de forma directa por la municipalidad de San Antonio de Arredondo, se reduzca el precio que en definitiva se abona por aquel y se solucione el grave problema de la dureza del agua ya denunciado, ya sea mejorando su tratamiento o en todo caso, conectando los usuarios de nuestro barrio a la red de todos los demás vecinos de esta localidad sin costos, sobreprecios o contribuciones de ninguna índole”. A la hora de argumentar el rechazo al ente dijeron que “agrega burocracia, costos y gastos extras directos e indirectos que complejizan y afectan la transparencia de la tarifa a fijar”.

Nota correspondiente a la edición n° 567 del periódico La Jornada, del 28 de julio de 2021.

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